(EFE).- La crisis carcelaria de Ecuador sumó un nuevo trágico episodio en el que fueron asesinados veinte presos, durante enfrentamientos en la prisión de la sureña ciudad de Cuenca, similares a los ya acontecidos el año pasado, que dejaron 316 reclusos fallecidos en peleas entre bandas rivales.
Esta revuelta, que también dejó diez heridos, de ellos cinco de gravedad, es la primera grande de este 2022 en las cárceles de Ecuador, cuyo presidente, Guillermo Lasso, destacaba positivamente días atrás que desde el inicio del año habían muerto en las cárceles ocho reos, frente a los 83 del mismo periodo del año anterior.
Entre las veinte víctimas mortales reportadas por el Gobierno había al menos cinco cuerpos mutilados, según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien reconoció que en el enfrentamiento los presos usaron «material de guerra» como fusiles, además de otras armas de fuego y elementos cortopunzantes que estaban en su poder.
Según el funcionario, los enfrentamientos, que comenzaron en torno a la 1:30 hora local (6:30 GMT) se produjeron porque «hay una organización que quiere tener un poder absoluto al interior del centro y hay unas células que se han revelado contra ellos».
Las autoridades han adoptado medidas para evitar que personas que pertenecen a las mismas organizaciones y se encuentran en otros centros penitenciarios del país «puedan elevar este tema en los otros lugares», añadió.
Según el informe del servicio de penitenciaria, no se registraron fugados, mientras que 90 presos fueron evacuados, entre ellos los diez heridos, que fueron atendidos por el Ministerio de Salud.
«DISPOSICIONES CONTUNDENTES»
La violencia de los enfrentamientos pudo apreciarse durante la noche desde los exteriores del centro penitenciario, donde hubo detonaciones y disparos captados por grabaciones difundidas en redes sociales.
Para retomar el control se desplegó un contingente de 800 policías y 200 militares, y por primera vez la Policía accederá al pabellón de alta seguridad de esta cárcel donde comenzaron los enfrentamientos para hacer un meticuloso registro que permita incautar las armas en poder de los reclusos.
El ministro Carrillo aseguró que la administración de Guillermo Lasso «pone todo su esfuerzo para evitar que quienes desprecian la vida, continúen incitando la guerra en las cárceles». «Trabajamos para que los privados de libertad puedan convivir en paz en los centros de rehabilitación social«, afirmó.
«El sistema de pesos y contrapesos debe coincidir en las reformas legales. Necesitamos disposiciones contundentes para quienes protagonizan estos hechos violentos. Están identificados y deben perder todo tipo de beneficio penitenciario», anotó.
Y subrayó: «Vamos a limpiar el establo de Augías en que se ha convertido el sistema penitenciario. El Gobierno nacional hará todo lo necesario para lograrlo. El Ecuador ya no soporta más irracionalidad y violencia».
CRISIS CARCELARIA
No es la primera vez que se produce una masacre similar en esta cárcel, pues el 23 de febrero de 2021 ya fueron asesinados 33 reclusos, la mayoría decapitados y desmembrados, como parte de un ataque simultáneo coordinado por bandas criminales en distintas cárceles que, en total, dejó 78 muertos en todo el país.
En marzo pasado, Amnistía Internacional (AI) mencionó en su informe anual que, al finalizar 2020, al menos 316 reos habían muerto en enfrentamientos entre bandas rivales registrados dentro de las cárceles de Ecuador, en varios episodios que sacudieron la conciencia nacional por la crueldad de los asesinatos.
Del total de asesinatos ocurridos en las cárceles ecuatorianas, 79 habían tenido lugar en febrero de 2021, 119 el 28 de septiembre y 62 entre el 12 y 13 de noviembre, masacres atribuidas por el Gobierno a la disputa entre bandas del narcotráfico, que tendrían relación con carteles de la droga de Colombia y México.
«Las muertes ocurrieron en un contexto de hacinamiento, negligencia e inacción a la hora de garantizar los derechos humanos de la población reclusa», remarcó por su parte AI.
MUCHOS PRESOS SIN SENTENCIA
Al 29 de noviembre de 2021 había 36.599 personas privadas de libertad en 36 centros, con un crecimiento del 469 % durante los últimos 20 años, y el 40 % de ellos se encontraba en régimen de prisión provisional, a la espera de sentencia, según un reciente informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ese informe, el CIDH emplazó al Estado ecuatoriano a recuperar el control de las prisiones y dar condiciones dignas de reclusión a los presos, así como desarrollar una política de prevención del delito que no prime al encarcelamiento como principal estrategia.
Al respecto, el Gobierno de Lasso lanzó en febrero la primera política pública del país con enfoque en derechos humanos para los reclusos, a la que destinó 26 millones de dólares, mientras que espera indultar a unos 5.000 encarcelados por delitos menores y contratar 1.400 nuevos guardias de prisiones.
