Daniel Gómez (ALN).- Por si no fuera suficiente con que la Audiencia Nacional pidiera al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente, Pablo Iglesias, el gobierno de coalición recibió otro golpe judicial este jueves al ver cómo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid invalidó las medidas impuestas por el Ministerio de Sanidad en la comunidad para frenar el coronavirus.
La oposición en España no para de exigir dimisiones en el gobierno de Pedro Sánchez.
Primero la del vicepresidente, Pablo Iglesias, que desde este miércoles está siendo investigado por el Tribunal Supremo por daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa. Y después la del ministro Salvador Illa, señalado tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que anuló la orden del Ministerio de Sanidad de confinar la comunidad porque supone “una injerencia en los derechos fundamentales sin habilitación legal que la ampare”.
Sobre todo, es la investigación a Pablo Iglesias la que más trastoca los cimientos del gobierno de coalición. El presidente, Pedro Sánchez, en una conversación informal con periodistas de la agencia EFE, aseguró no estar preocupado por la investigación abierta a Iglesias y le trasladó su apoyo.
Iglesias, por su parte, dijo que “ni como mera hipótesis” se plantea que el Supremo lo impute. “Es absolutamente imposible. Estamos hablando de un caso de espionaje porque las cloacas del Estado me espiaron ilegalmente”, declaró a la cadena RAC1.
El caso por el que se investiga a Iglesias lo colocaba en un primer momento como víctima. Pero el magistradoManuel García Castellón dice que todo forma parte de una conspiración. “Una consciente y planificada actuación falsaria desplegada por el señor Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales”.
Este relato en la prensa española ha sido bautizado como el ‘caso Dina’ en referencia a Dina Bousselham, una exasesora de Iglesias, actual directora del portal digital Última Hora!, y supuesta perjudicada, aunque el juez García Castellón también sospecha que es una de las culpables.
El caso Dina
En noviembre de 2015, a Dina Bousselham le robaron el móvil. Ella lo denunció, pero no trascendió. Todo quedó en un mal susto hasta julio de 2016, cuando el medio digital OKdiario publica unos mensajes de Pablo Iglesias hablando en malos términos e insultando a una presentadora de televisión. Ahí fue cuando el robo del móvil de Dina Bousselham reflotó, ya que en Podemosvincularon la revelación de esos mensajes al hurto del teléfono. En aquella ocasión, la solicitud del partido morado tampoco llegó a mayores.
No fue sino hasta noviembre de 2017 cuando los jueces empiezan a tener en cuenta la importancia de ese móvil en la supuesta campaña de desinformación y desprestigio que se estaba armando contra Pablo Iglesias y Podemos.
Una campaña orquestada por José Manuel Villarejo, un agente encubierto de Interior, preso desde aquel mes de noviembre de 2017 por blanqueo y organización criminal. Delitos que presuntamente cometió por los trabajos que realizaba como detective privado. Uno de esos habría sido robarle el móvil a Dina Bousselham, ya que cuando lo detuvieron encontraron archivos que bien pudieron ser de ese dispositivo: hay desde conversaciones telefónicas, tarjetas de crédito, hasta fotos íntimas de la implicada.
Después de esto es cuando Iglesias comenzó a ser víctima. El atacado por las “cloacas del Estado”. Pero el 2 de septiembre de 2020 el caso dio un vuelco cuando el exabogado del partido, José Manuel Calvente, dijo que lo echaron de la formación por negarse a participar en “la patraña del caso Dina”. De ahí el montaje al que alude el juez García Castellón. Una supuesta pantomima montada por Iglesias y su partido con el fin de sacar rédito electoral. Y un elemento para sostener esta hipótesis del juez es la tarjeta de Dina Bousselham.
A la exasesora de Pablo Iglesias le robaron el móvil, pero la tarjeta de almacenaje fue entregada al propio Pablo Iglesias unos meses después del hurto. Iglesias no se la entregó a Dina Bousselham, sino que la retuvo un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Iglesias afirma que lo hizo para proteger a su exasesora. Pero el juez sospecha que usó la tarjeta para filtrar él mismo o alguien de su entorno, incluso la propia Dina Bousselham, la información del teléfono.
El enrevesado caso Dina pone a Iglesias y Unidas Podemos en el foco. Mientras, en el PSOE prefieren esperar al dictamen del Supremo, aunque tendrán que activar todas las defensas para aguantar los ataques de la oposición. Ataques en cierto modo justificados porque la formación morada siempre se ha jactado de no admitir corruptos ni sospechosos de corrupción en sus filas. Y ahora el sospechoso es Pablo Iglesias, blanco de las críticas del PP, Vox y Ciudadanos.
El otro golpe judicial
También está en el blanco, aunque en menor medida, el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
La última decisión judicial del TSMJ supone todo un golpe político para el gobierno. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP de Isabel Díaz-Ayuso en coalición con Ciudadanos, mantenía una batalla política con el Ejecutivo regido por el PSOE y Unidas Podemos.
Mientras el gobierno de Madrid se resistía a cerrar la ciudad, desde La Moncloa veían imprescindible cerrarla para frenar la expansión del coronavirus a otras zonas del país. Eso hicieron y se llevaron el revés de la justicia, otorgando una pequeña victoria al Ejecutivo madrileño.Pequeña porque en Madrid la situación sigue siendo un riesgo. La comunidad es uno de los epicentros mundiales del coronavirus, y necesita medidas de contención para frenar el covid-19. Y eso lo sabe el gobierno nacional, y también el de la comunidad. De ahí la reunión prevista para este viernes.
“El contagio en Madrid y la permanencia del virus nos obligan a buscar medidas ponderadas, efectivas, claras pero ajustadas a derecho. Que no enfrenten salud y economía. Con el gobierno de España las medidas que ya están dando frutos pueden ir mucho mejor. Dialoguemos”, escribió Díaz-Ayuso en Twitter.
“Si la justicia dice que tiene que ser otro mecanismo [diferente a las medidas ya tomadas], tendremos que evaluarlo con la Comunidad de Madrid y tomar las decisiones oportunas”, apuntó el presidente, Pedro Sánchez, desde Argelia.
Salvador Illa también se pronunció acerca de la sentencia del TSJM. Dijo que se adoptarán “las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud”. Y afirmó que Madrid “seguro que coincidirá en ese planteamiento”.
