Ernesto J. Tovar (Lima/ALN).- Venezuela ya es considerada por algunas ONG como un Estado ausente -más que fallido- ante la imposibilidad de la población de disfrutar derechos y servicios fundamentales, mientras se suman por centenas de miles los ciudadanos que huyen del infierno chavista-madurista. Xavier Gudiño, de Asylum Access, explicó a ALnavío que los gobiernos deben “responder regionalmente” a la situación.
Viajar en autobús de Caracas a Lima toma al menos ocho días, con al menos seis autobuses, varios taxis piratas y tres cruces fronterizos en Colombia, Ecuador y Perú. Pero ir de las orillas del Caribe hasta las costas del Pacífico peruano es mejor opción para los 280.000 venezolanos que ya han arribado al país en calidad de turistas, según los datos oficiales de principios de mayo.
Los venezolanos prefieren aventurarse en una travesía que implica atravesar el vasto subcontinente suramericano a través de selvas, costas y llanuras, en un viaje extenuante, lleno de incertidumbre y con riesgo de robos, pero con el incentivo de las facilidades dadas por el Estado peruano para que los venezolanos regularicen su estadía de forma temporal, al menos por un año.
Esto es mejor que permanecer en Venezuela, un país con una inflación medida en casi 13.800% en los últimos 12 meses; con decenas de protestas diarias por falta de alimentos y de insumos médicos en hospitales; por cortes de electricidad y agua que pueden durar varios días incluso en las principales ciudades del país; y azotado además con centenares de homicidios semanales por la violencia e inseguridad ciudadana.
“Las respuestas de los Estados pueden ser mejoradas y con articulación más efectiva”, afirma Xavier Gudiño
Al menos 2.000 venezolanos están llegando a diario a Perú a través de Tumbes, el paso fronterizo peruano con Ecuador, afirmó la semana pasada Eduardo Sevilla, el superintendente nacional de Migraciones. Esa cifra es más del triple comparada con el volumen entre agosto y diciembre de 2017, de unas 650 personas al día.
Al término del año pasado la cifra de venezolanos en Perú era de unas 100.000 personas, lo que significa que en 120 días de 2018 llegaron 180.000 venezolanos al país, un salto de 180% mientras se ha encarecido el costo de la vida en Venezuela, que ha causado un aumento astronómico de personas que huyen hacia Colombia, Brasil o islas del Caribe, tal como han advertido entes multilaterales como la Organización Internacional de las Migraciones, Acnur o diversas ONG.
Emergencia impostergable
La autorización de un canal humanitario para Venezuela ha sido solicitada al presidente Nicolás Maduro por mandatarios de la región, activistas de DDHH y opositores venezolanos, ante las duras condiciones de vida que se enfrentan en el país petrolero.
La semana pasada unas 25 ONG se presentaron ante el ciclo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en República Dominicana, advirtiendo cómo la precaria situación de los migrantes venezolanos amenazaba con tornarse aún más difícil una vez que se consumen el próximo 20 de mayo las elecciones presidenciales donde Maduro opta a la reelección por seis años más, y que son rechazadas prácticamente por todas las democracias americanas, la Unión Europea y entes regionales, por considerarlas poco transparentes e ilegítimas.
Xavier Gudiño, gerente legal para América Latina de Asylum Access, una de las ONG presentes en las sesiones de la CIDH, explicó a ALnavío con preocupación que “una de las deficiencias actuales es que no existen esfuerzos articulados de gobiernos para responder regionalmente a la situación de la población venezolana, en el contexto de la movilidad humana”.
Por ello destacó que “uno de los puntos centrales” en la conversación que mantuvieron las ONG con la CIDH es subrayar la necesidad de que las respuestas tengan un enfoque regional para poder dar una atención integral, aunque se valoran acciones puntuales de algunos países como Brasil, Colombia y Perú.
La emergencia social a través de las fronteras con Venezuela trata de ser atajada con ayuda de Estados Unidos, que ya ha dispuesto casi 40 millones de dólares para la atención primaria de los refugiados venezolanos.
Según datos aportados en la reunión de la CIDH, unos 5.000 venezolanos cruzan a diario las fronteras de su país con Colombia. Ligia Bolívar, directora del Centro de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, afirmó en la sesión que la migración de venezolanos, ya estimada en casi dos millones de personas, podría llegar hasta tres millones de ciudadanos “en lo que resta de 2018”, advirtiendo además que el migrante “es cada vez menos calificado y con mayores carencias”, y por lo tanto, con mayor vulnerabilidad.
Gudiño asegura que, dadas las características de la crisis en Venezuela, de carencias en alimentos, medicinas, además de la debacle económica, uno de los principales problemas que tienen que resolver los Estados es lo relacionado con la asistencia humanitaria primaria para las personas recién llegadas en áreas como albergue, salud y alimentación.
“Las respuestas que se vienen dando están muy focalizadas en el apoyo que han provisto las ONG, pero las respuestas de los Estados pueden ser mejoradas y con articulación más efectiva”, asegura el representante de Asylum Access.
Ligia Bolívar advierte que el migrante “es cada vez menos calificado y con mayores carencias”
Otro aspecto que debe abordarse “con necesidad imperiosa”, a juicio de Gudiño, es el de la regularización y entrega de documentos para los venezolanos. “Estos procesos tienen que reunir ciertos requerimientos, gratuidad, requisitos complementarios no tan complejos porque precisamente la precarización laboral y la denegación al acceso a derechos están muy relacionadas con el tema de la documentación”.
Se considera que, para disfrutar de los derechos y la integración en sus destinos, los venezolanos deben tener la documentación en regla, en lo cual ayudan iniciativas como los permisos temporales entregados por Perú y Colombia.
Luis Ernesto Vargas, segundo vicepresidente de la CIDH y quien encabezó la sesión, expresó que uno de los temas que le preocupan a la Comisión son las denuncias de redes de tráfico de trata de personas y explotación sexual de mujeres y niñas. En la sesión se expuso la desarticulación en Ecuador de dos redes de tráfico de personas que llevaban de forma ilegal a migrantes venezolanos a Europa y Estados Unidos.
