Ysrrael Camero (ALN).- El Tribunal Supremo finalmente ha publicado la sentencia contra los dirigentes del procés independentista catalán. Es probable que el efecto de esta sentencia frente a las próximas elecciones generales beneficie a los sectores más radicales, de un lado y del otro, poniendo en problemas a los moderados y a quienes han intentado adelantar una estrategia de diálogo y entendimiento político frente a la controversia catalana.
El Tribunal Supremo finalmente ha publicado la sentencia contra los dirigentes del procés independentista catalán. Frente a un tema donde las pasiones políticas se desbordan, como toca a los asuntos identitarios y nacionalistas, lo más probable es que esta decisión haya dejado insatisfechos a todos los implicados.
El delito de rebelión ha sido descartado por el Supremo, evitando las exigencias maximalistas de los sectores radicales de la acusación, fundamentalmente de Vox. El Supremo consideró que no había rebelión, entre otras cosas, porque la violencia no estaba entre los planes y que la secesión efectiva se encontraba por encima de sus capacidades reales. Los acusados han sido condenados por sedición, malversación y desobediencia.
A poco menos de un mes de las elecciones generales esta sentencia, esperada y previsible, no deja de caer como una bomba sobre el ambiente político, descentrando el debate y distorsionando el clima para la toma de decisiones. Esto puede marcar los resultados del 10 de noviembre, así como la posibilidad de alianzas posteriores para formar gobierno. Es probable que ya ERC no sea recuperable para un acuerdo, y la onda expansiva puede afectar las relaciones con otros partidos nacionalistas en otras comunidades autónomas.
Oriol Junqueras, líder de ERC, quien era vicepresidente de la Generalitat, fue condenado por sedición con malversación a 13 años de prisión con inhabilitación. Un año más que las condenas a Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Carmé Forcadell, como presidenta del Parlament, fue condenada a 11 años y medio de prisión e inhabilitación. Mientras que Joaquim Forn y Josep Rull, a 10 años y medio. Los “Jordis”, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, resultaron condenados a nueve años.
Los sentenciados pueden solicitar la semilibertad desde el primer día, lo que implicaría acceder a un régimen abierto, es decir, podrán ir a dormir a la cárcel de lunes a jueves. Serán los servicios penitenciarios de la Generalitat los que deben decidir bajo cuál régimen cumplirán la condena. Esto también levantará polémica.
Es probable que el efecto de esta sentencia frente a las próximas elecciones generales beneficie a los sectores más radicales, de un lado y del otro, poniendo en problemas a los moderados y a quienes han intentado adelantar una estrategia de diálogo y entendimiento político frente a la controversia catalana.
No es una sorpresa. Para Cataluña esta sentencia se encuentra dentro de lo esperado. En esta Comunidad Autónoma, el impacto tenderá a beneficiar a los sectores independentistas, ampliando la brecha que los separa de otras fuerzas. ERC y JxCat incrementarán su apoyo en la crispación posterior a la decisión, mientras que el PSC y los Comuns, que habían intentado sacar a la sociedad catalana del código binario polarizado impuesto por el independentismo, tenderán a quedarse en una posición muy incómoda, perdiendo espacio político.
Como era previsible, Quim Torra rechazó las sentencias como “insulto a la democracia y menosprecio a la sociedad catalana”, exigiendo la libertad de los condenados y una amnistía “como punto final”, al tiempo que se activaban las movilizaciones en Barcelona y en otras ciudades y pueblos catalanes. Los ánimos de los independentistas se caldean, consiguiendo un nuevo balón de oxígeno para su causa.
Ser moderado no es fácil en estas circunstancias. Las declaraciones de Miquel Iceta, señalando el imperativo legal de acatamiento a la sentencia, y ofreciendo los buenos oficios del PSC para construir un entendimiento entre los catalanes, resultan significativas de la labor que le toca realizar. Iceta declaró que son tiempos de “respeto a la legalidad y a las instituciones” y abogó por “una firme voluntad de diálogo que pueda recoser la sociedad catalana”.
En ese mismo sentido, pero en otro espacio, la alcaldesa de Barcelona, dirigente de los Comuns, Ada Colau, quien ha intentado mantener una posición equidistante durante el procés, y recibió el apoyo del PSC y de Manuel Valls para continuar en el cargo, calificó a las sentencias del Supremo como “crueles”, al tiempo que puso como prioridad la libertad, el restablecimiento del diálogo y la construcción de soluciones democráticas.
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Fuera de la comunidad catalana aquellos que asumen posturas más radicales también podrían ser beneficiados por la publicación de la sentencia. Quienes exigían sentencias severas, como es el caso de Vox, han mostrado su molestia porque el Supremo desestimó la acusación de rebelión, apuntando su dedo acusador contra la élite política y contra el aparato judicial.
Esta puede ser la oportunidad para que Vox y Ciudadanos vuelvan por sus fueros, colocando el tema del secesionismo catalán en el centro de la opinión pública, como una cuña para evidenciar las tensiones que dividen a los sectores progresistas de la izquierda española. Ambos partidos crecieron nacionalmente en la medida que el catalanismo se deslizaba hacia posturas radicales independentistas. Esto podría ser especialmente beneficioso para Vox, sobre todo si se prolongan las protestas catalanas.
Este es un tema que debilita al progresismo, porque desde que se inició este deslizamiento han tenido posiciones distintas. La reacción institucional del presidente Pedro Sánchez era previsible, acatamiento integral de la sentencia, sin abrir paso a la posibilidad de indultar a los sentenciados, agregando que nos encontramos en “los estertores de una etapa superada”. Una postura inmediatamente rechazada por Pablo Iglesias, quien sostiene que el problema político de fondo permanece “irresuelto y agravado por las brechas emocionales producto de la manera equivocada en la que se ha abordado la crisis”.
El PSOE, un partido de la centralidad española, apoyó la aplicación del artículo 155, y Pedro Sánchez se ha mostrado dispuesto a hacer uso de sus atribuciones como Presidente si las autoridades catalanas se radicalizan. Pedro Sánchez sabía que esta sentencia tensaría el ambiente, y su línea política de “Ahora España” y de hablar con dureza al independentismo le funciona como un eficiente cortafuego contra las críticas, pero debilita a sus heterogéneas alianzas.
Así, la red de organizaciones y movimientos que se estructuraron alrededor de Podemos, donde estaban Iglesias e Íñigo Errejón, han postulado la necesidad de preservar canales políticos de entendimiento entre Madrid y Barcelona, rechazando tanto la judicialización de la política como las intervenciones ejecutivas.
Ante la sentencia, Errejón también señaló que es necesario reconstruir la política para enfrentar el tema catalán, en su cuenta de Twitter dijo “ahora es cuando más necesitamos de la política. De la política útil, de la que se pone en el lugar del otro y reconstruye puentes. La España en la que creo persuade más que castiga”.
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A poco menos de un mes de las elecciones generales esta sentencia, esperada y previsible, no deja de caer como una bomba sobre el ambiente político, descentrando el debate y distorsionando el clima para la toma de decisiones. Esto puede marcar los resultados del 10 de noviembre, así como la posibilidad de alianzas posteriores para formar gobierno. Es probable que ya ERC no sea recuperable para un acuerdo, y la onda expansiva puede afectar las relaciones con otros partidos nacionalistas en otras comunidades autónomas.
Esta sentencia no es el capítulo final de este proceso. Los abogados defensores enfilan el proceso hacia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, pero primero deberán agotar todas las instancias, deben plantear un incidente de nulidad ante el Supremo, luego ir al Constitucional para desembocar finalmente en la justicia europea.
