Rafael Alba (ALN).- El éxito de Vox en las elecciones del domingo obliga a la izquierda, los nacionalistas y lo que queda del centro a cerrar filas con el PSOE en los próximos meses. La presencia de Íñigo Errejón en el Parlamento, a pesar de haber sumado sólo tres diputados, dificulta la posibilidad de que Unidas Podemos vuelva a votar contra la investidura de Pedro Sánchez.
¿De verdad es ahora España más ingobernable que lo era antes de la repetición electoral? Tal vez sí, como sugiere la ampliación hasta el infinito de la sopa de siglas que sería necesaria para que el actual presidente del Gobierno en funciones, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, consiga ser investido en una primera convocatoria con el respaldo parlamentario de 176 diputados, la cantidad necesaria para obtener la mayoría absoluta. O tal vez no. Porque, inmediatamente después, cuando llegue el momento de la segunda votación, esta cifra imposible ya no será necesaria. En ese momento, el líder socialista sólo necesitará que haya más síes que noes y por extraño que parezca, al menos desde el punto de vista de algunos analistas y dirigentes políticos, ese escenario se antoja ahora bastante probable. Lo que de ser cierto, significaría que el fin del bloqueo está mucho más cerca hoy de lo que podría parecer.
El motivo principal motivo que sustenta esta línea de análisis reside en el irresistible avance de Vox. Como todo el mundo sabe a estas alturas, la formación ultraconservadora que preside Santiago Abascal ha sido la gran vencedora de estas elecciones. Y su irrefrenable ascenso, que le ha permitido pasar de 24 a 52 diputados, lo condiciona todo. Tanto en el presunto bloque de la derecha, como en el supuesto bloque de la izquierda. Dos construcciones mentales, quizá aptas para el análisis de los datos en bruto, pero que tanto las urnas como la realidad se encargan una y otra vez de destruir. La primera consecuencia de esta explosión del partido ultranacionalista español, que defiende sin ambages la supresión del estado de las autonomías, es aumentar considerablemente el precio de cualquier posición contraria a Pedro Sánchez que pudieran mantener los partidos nacionalistas o situados en el margen izquierdo del arco parlamentario. Y, curiosamente, quizá suceda lo mismo con lo que quede del casi inexistente centro político español.
La debacle de Ciudadanos, que ha pasado de tener 57 diputados a conformarse con 10, ha hundido a Albert Rivera, que ha dimitido, y a su más que posible sucesora Inés Arrimadas, férreos defensores de una estrategia de polarización articulada en torno al nacionalismo español, que, según parece, sólo ha servido para poner en el centro de la agenda política el abanico de temas, desde la unidad de la nación, al cierre de fronteras o la presunta necesidad de frenar a los defensores de la ideología de género, que sirven como alimento indispensable a Vox. Y para sacar de ese centro del escenario otros asuntos, sobre todo los relacionados con la economía y la auténtica cohesión social, en los que el partido de Abascal patina tanto, que corre un serio peligro de estrellarse cuando se ve obligado a entrar en materia. Como demuestra, por ejemplo, el hecho de que el líder ultraderechista no recordara en el último debate ni siquiera los porcentajes correctos de las tasas del IRPF y el impuesto de sociedades que su partido había incluido en el programa electoral.
Manuel Valls
El hundimiento de Rivera y sus planteamientos ha revalorizado de forma inmediata al exprimer ministro de Francia Manuel Valls, que fue el candidato naranja a la Alcaldía de Barcelona, al prestigioso economista Toni Roldán y otros ilustres disidentes de Ciudadanos que abandonaron la formación y rompieron relaciones con el líder cuando este, tras las elecciones de abril, optó por cerrar la puerta a cualquier pacto posible con el PSOE, que hubiera puesto en valor los temas de los que hablábamos antes que resultan letales para las aspiraciones de Vox y que, por cierto, también pueden contribuir a medio plazo a dejar fuera de juego al otro ultranacionalismo tóxico que padecen los castigados ciudadanos españoles. Ese que defienden los independentistas catalanes. Tal y como están las cosas y con la indignación de las clases medias cada vez más presente en las movilizaciones de carácter radical que se han extendido por países con localizaciones planetarias tan distintas como Hong Kong o Santiago de Chile, el regreso a escena de las propuestas socialdemócratas y el conservadurismo dispuesto a defender la justicia social resultan más necesarios que nunca.
Eso justamente pretendía ser Ciudadanos. Y, además, un partido bisagra, con buena implantación en todo el territorio, que hubiera permitido al Partido Popular (PP) y al PSOE disponer de un socio constante, con capacidad de imponer los puntos claves de su programa, que les evitara repetir la vieja historia de las concesiones constantes a los partidos nacionalistas para forjar mayorías de gobierno sólidas. Justo lo que pudo hacer Rivera tras las elecciones de abril y no quiso, en pos de la imposible quimera de convertirse en el líder de ese inexistente bloque de derechas. Como tampoco quiso escuchar a Valls, y a otros líderes cercanos a él con experiencia que le advirtieron del peligro de forjar cualquier tipo de pacto o acercamiento a Vox. Para ellos, la solución era forjar un verdadero bloque constitucionalista, en el que se habrían integrado Ciudadanos, PP y PSOE que se convirtiera en un dique de contención para todas las radicalidades que pescan en el río revuelto de la polarización. A saber, los nacionalismos radicales y los populismos de extrema derecha y extrema izquierda.
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Así que a nadie debería extrañarle ahora que Valls, o alguien de su entorno, acabe montando una nueva opción política sobre las cenizas de Rivera y su guardia de corps. Apoyos no le van a faltar para que lo intente si lo tiene a bien. Ni políticos ni financieros. Pero eso vendría después. Porque ahora, lo primero es lo primero y lo que tocaría es esa investidura de Pedro Sánchez en segunda votación de la que hablábamos antes. Hace falta claro que Unidas Podemos, y su líder Pablo Iglesias, abandonen la idea de entrar en un posible gobierno de coalición. Pero esta vez es bastante probable que sí lo hagan, por mucho que inicien la negociación con esa postura de máximos. A pesar de la poca representación obtenida por Más País, Íñigo Errejón sigue siendo una potente amenaza para los morados. Con su aliento en la nuca, no le va a resultar fácil a Iglesias oponerse una vez más a la formación de un eventual gobierno progresista y forzar otra convocatoria electoral, en la que podría perder más diputados y aparecer como el responsable del fortalecimiento de la extrema derecha.
ERC y los disidentes de Ciudadanos
Y aunque entre esas tres formaciones, PSOE, Unidos Podemos y Más País, sólo suman 158 escaños, la realidad es que el auténtico bloque del no, que sólo constituyen ahora PP, Vox y Navarra Suma, está muy lejos de esa cifra, porque sólo llega a 142. O 152 si el partido de Quim Torra y Carles Puigdemont (JxCat), que tiene ocho diputados, y los dos que ha conseguido la Candidatura de Unidad Popular (CUP) mantienen su estrategia de imponer la ingobernabilidad y el caos para alimentar la potencia callejera del independentismo radical catalán. Pero, posiblemente aquí se acabe el grupo formado por quienes se mantienen en esas posiciones de oposición frontal a Pedro Sánchez. No estará ahí, ni mucho menos Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Como ya se ha apresurado a explicar Gabriel Rufián, el jefe en Madrid de este partido, que dejó claro ayer mismo que, en ningún caso, votarán en la próxima investidura alineados con Vox. Lo probable, como ya hicieron en julio en la segunda votación de la investidura fallida, será que opten por la abstención.
La misma opción que tendrán otras formaciones de corte similar, como los euskaldunes de Bildu (5 diputados), los aragoneses de Teruel También Existe (1), los gallegos del Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1) e incluso los canarios de Coalición Canaria-Nueva Canarias (2), que pagaron una altísima factura en poder territorial, por su decisión, expresada con convicción por Ana Oramas, antes del verano, de situarse inequívocamente en el frente del no, para evitar la llegada al poder de un gobierno socialista que se constituyera gracias a los votos de Unidas Podemos. En cuanto al Partido Nacionalista Vasco (PNV) (7) y al Partido Regionalista de Cantabria (PRC) (1), los analistas tienen pocas dudas de que tras un periodo corto de negociación, que confirme los acuerdos ya esbozados antes del verano, pondrán sus ocho votos al servicio de Sánchez, con lo que el frente del sí, sumaría finalmente 166 escaños, una cifra muy holgada para imponerse en la segunda votación. Incluso si, a pesar del varapalo cosechado, a Ciudadanos le quedaran ganas de votar de nuevo en contra de la investidura de un próximo gobierno encabezado por el PSOE.
Y quizás esta vez los naranjas no las tengan. La magnitud del fracaso de Rivera ha sido tal, que ha dimitido y sus críticos están decididos a situarse en una posición que demuestre que Ciudadanos no va a contribuir a mantener el bloqueo. Y así lo ha dejado entrever el líder de este partido en Castilla y León, Francisco Igea, una de las voces más autorizadas de la disidencia, que no hace mucho tuvo que tragarse el sapo de pactar con el PP en su región, a pesar de las sospechas de corrupción acumuladas en varias décadas ininterrumpidas de gobierno y desmarcarse de la agenda de regeneración política que había defendido siempre. Igea y otros cuantos, están por la abstención. De modo que no está todo perdido, según algunos analistas y, si estas expectativas optimistas se confirmasen, quienes defienden esta opinión aseguran que el país pronto tendrá un nuevo gobierno. Más o menos estable. Otra cosa es que ese Ejecutivo pueda agotar la legislatura. Mantenerse a flote durante ese periodo de cuatro años, previsto por la Constitución española, que sería necesario, en opinión de muchas mentes sesudas, para que se acometieran las reformas urgentes y necesarias que se necesitan, desde las pensiones al mercado laboral, pasando por el sistema fiscal y la reordenación del territorio. Pero de ese asunto habrá que hablar luego. Cuando se despejen las incógnitas actuales y se resuelva el engorroso trámite pendiente de la Sesión de Investidura.
