Zenaida Amador (ALN).- A la devastación del Parque Nacional Canaima arrasado por los mineros, se suman las denuncias de que el Ejército de Liberación Nacional de Colombia mantiene el control de la explotación al sur de Venezuela, mientras los minerales son extraídos por los caminos verdes sin que reporten ingresos al país, a la par de masacres vinculadas con la minería, que ocurren de forma recurrente y que terminan diluidas en la burocracia del sistema de justicia.
Entre los objetivos del Plan de la Patria 2013-2019, que fue vendido como la guía de actuación del gobierno de Nicolás Maduro, se habla de “contribuir al desarrollo del sistema económico nacional mediante la explotación y transformación racional sustentable de los recursos minerales, con el uso de tecnología de bajo impacto ambiental”, algo que va a contravía de las recientes imágenes que muestran al Parque Nacional Canaima arrasado por los mineros. Son imágenes que gritan la destrucción de esa tierra de tepuyes, donde se impone el Salto Ángel, ante la mirada complaciente de un Gobierno sediento de recursos y poco apegado a su “compromiso histórico” de preservar la vida en el planeta.
A esta devastación se suman las denuncias de que el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) mantiene el control de la explotación al sur de Venezuela mientras los minerales son extraídos por los caminos verdes sin que reporten ingresos para la nación, a la par de masacres vinculadas con la minería, que ocurren de forma recurrente y que terminan diluidas en la burocracia del sistema de justicia.
Cada vez se habla con más énfasis del contrabando de oro como si se tratara de una de las pocas actividades económicas con tendencia expansiva en el país
En el día a día de los venezolanos cada vez se habla con más énfasis del contrabando de oro como si se tratara de una de las pocas actividades económicas con tendencia expansiva en el país, pero por una ruta muy distante a la del desarrollo y prosperidad que prometió el Gobierno.
Las bases del desarrollo minero ofrecido por las autoridades se encuentran en un decreto emitido en 2011, en la gestión de Hugo Chávez, que le reservaba al Estado todas las actividades de exploración y explotación del oro, junto a las conexas y auxiliares, lo que puso fin al esquema que regía para las concesiones mineras y que condujo a la figura de empresas mixtas, con el cual muchas transnacionales quedaron fuera. Aunque esto le concedió al Estado todo el poder sobre la actividad, marcó el declive en la extracción aurífera formal en el país.
Luego, con el desplome de los precios del crudo, Nicolás Maduro volvió la mirada al sur y desempolvó los planes de extracción minera. En 2016, ante la inminencia de que no podría hacer frente a los crecientes compromisos de deuda externa y dado el deterioro de la producción petrolera, lanzó un decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco con la aspiración de obtener alrededor de 4.000 millones de dólares al año en ingresos netos.
Sin embargo, el desconocimiento del Gobierno al Poder Legislativo (que debía darle el visto bueno a los proyectos mineros), la inestabilidad institucional del país y otros vacíos legales, junto a la falta de músculo financiero del Estado para hacer inversiones, debilitaron los planes formales que se pretendían desarrollar a través de pactos internacionales.
Pese a esto sigue la agresiva búsqueda de otras alianzas. la actividad ha entrado en una zona gris, en una especie de tierra de nadie, director de la Asociación turca de Industriales y Empresas Independientes de Venezuela (Musiad), declaró en agosto pasado a la cadena BBC que el Gobierno venezolano le dice a las empresas de Turquía: “Te doy la mina de oro, crea las instalaciones, el 70% de la mina será tuya y el 30% del Estado”, lo que ha alentado a varios empresarios a evaluar estos negocios.
Poco a poco la actividad ha entrado en una zona gris, en una especie de tierra de nadie, sin datos ni estadísticas, pero con continuas promesas de desarrollo. Algunos analistas calculan que cerca de 80% de la extracción de oro y otros minerales valiosos se pierde sin dejar rastros, a pesar de la presencia militar en las zonas especiales y de los esquemas de control que rigen en el papel.
De convenios y robos
El Gobierno se limita a reseñar de forma esporádica que recibe oro del Arco Minero para alimentar las arcas de la nación. En el último año el Banco Central de Venezuela (BCV) ha comprado alrededor de 20 toneladas por esta vía y en julio las autoridades admitieron que estaban exportando parte de estos lotes de oro para su refinación en Turquía, que es un país aliado.
“No es ningún contrabando a Turquía. Son convenios que están firmados entre BCV y Turquía”, aclaró entonces el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano.
Las relaciones entre Venezuela y Turquía están bañadas en oro
Sin embargo, priva la opacidad. Es poco lo que se sabe sobre estos convenios y sobre cualquier otro desplazamiento de minerales valiosos fuera de Venezuela.
Estados Unidos tiene claro el diagnóstico de la situación. El subsecretario del Tesoro, Marshall Billingslea, señaló que Maduro apunta a la minería “porque no queda nada que robar en PDVSA (…) Hemos visto un cambio dedicado al saqueo de este recurso nacional en particular (el oro)”. Señala que “la gran mayoría de ese oro va a Turquía”.
Aseguró que el Gobierno les permitió a los mineros informales de oro operar en el Arco Minero bajo la protección de altos funcionarios militares.
De allí que esa instancia esté considerando medidas para limitar las exportaciones de oro de Venezuela como un nuevo mecanismo de ejercer presión sobre el Gobierno venezolano, que se sumaría al resto de las sanciones ya impuestas desde agosto de 2017.
