Ysrrael Camero ALN).- Tras el golpe que la pandemia del coronavirus asestó a la salud de los españoles, llevando al límite a su sanidad pública, se percibe ahora el impacto profundo sobre la economía. Durante 2020 el producto interno bruto se contrajo en 11%, destruyendo 623.000 empleos. La esperanza que se abre con la vacunación parece lenta en un debate entre el gobierno central y las Autonomías, así como en una disputa de la Unión Europea con las farmacéuticas. La recuperación esperada podría postergarse si no se acelera la colocación de las vacunas.
El informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España ha mostrado una realidad peor a la prevista. La caída, de alrededor de 130.000 millones de euros, de la economía española durante el año 2020 es la más profunda desde la Guerra Civil, recuperando apenas un 0,4% en el último trimestre. El primer mes de 2021 tampoco parece anunciar una recuperación, ha subido el paro en 76.216 personas, destruyéndose 219.000 puestos de trabajo.
El retroceso de la economía durante el año pasado es una noticia común a la gran mayoría de los países afectados por el covid-19. La pandemia ha sido global; sin embargo ha golpeado de manera diferenciada a cada sociedad, dependiendo tanto de la vulnerabilidad previa de su población como de la rapidez y rotundidad de la respuesta de su sistema sanitario.
La caída de la economía española parece relacionarse con una vulnerabilidad de su propia estructura económica, que se había ido especializado en servicios turísticos, hostelería y restauración, justamente los sectores más globalmente golpeados, al reducirse al mínimo el turismo internacional y confinarse las ciudades, obligando a restaurantes y bares a cerrar sus puertas, primero por razones sanitarias y luego, lamentablemente, por quiebre económico.
En España, el sector de comercio, transporte y hostelería perdió la quinta parte de su producción durante 2020, descenso sólo superado por el 31,5% que han perdido las actividades recreativas y artísticas.
Se sabía que medidas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y la instauración del Ingreso Mínimo Vital eran paliativos, que trataban de reducir el impacto social del descenso de la actividad comercial. De hecho los ERTE, que cubren hoy a 739.000 personas, impidieron que la caída se trasladara directa e inmediatamente a las rentas familiares, que se redujeron en menor proporción a la caída económica general. En medio de una caída de 11% de la economía el gasto de los hogares se redujo en 8,4%.
El horizonte de la esperanza estaba colocado, primero, en hacer descender la curva de contagios por debajo de la capacidad del sistema sanitario y, luego, en que la vacunación masiva permitiera una nueva apertura económica y una progresiva normalización de la vida comercial y productiva.
Pero el coronavirus atacó en tres oleadas, separadas por un descenso de los contagios que no pudo mantenerse. Aunque la inversión de inmensos recursos, humanos y financieros, dedicados a la investigación médica, generó varias vacunas viables, su producción y distribución se han ido entrampando en agrias polémicas, en Europa y en España.
Dentro de España no parece haberse conseguido aún un esquema efectivo de cogobierno entre el poder central y las Comunidades Autónomas, ni para administrar las medidas sanitarias ni para desarrollar una efectiva vacunación de la población. Las acusaciones cruzadas han estado a la orden del día, sembrando confusión entre la ciudadanía.
El gobierno central, tras ser acusado por algunos de autoritario y centralizador, por su manejo de la primera ola a través de la figura de la autoridad única, trasladó la responsabilidad de manejar la contención de la pandemia a las Comunidades Autónomas, con potestades más limitadas en materia de confinamiento.
Al mismo tiempo, se inició la distribución de las vacunas de Pfizer entre las autoridades autonómicas, de acuerdo al peso demográfico de su población vulnerable, para que su colocación se gestione de manera descentralizada.
Discurso político polarizador
Ambos elementos han servido como combustible para el discurso político polarizador. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó nuevamente al gobierno central de discriminar a la capital, señalando haber recibido menos dosis de las que tocaban.
Al mismo tiempo, la dirigente del Partido Popular ha manejado una política de medidas claramente diferenciada respecto al resto de las Comunidades Autónomas, tratando de postergar los confinamientos y manteniendo pocas restricciones a la hostelería. Madrid notificó una cantidad de 1.259 casos, con 563 contagios y 61 defunciones para el lunes 1º de febrero, encontrándose 4.418 ingresados en los hospitales.
Esta política contrasta con la posición que ha asumido Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, que ha sido más restrictivo y ha incrementado los confinamientos municipales. Esta diferencia también muestra un posicionamiento distinto respecto a la manera de hacer oposición al gobierno central.
Porque, en medio de la tercera ola, todos los decisores políticos se enfrentan a un terrible dilema. Aunque el crecimiento de los contagios puede superar los números de la primera ola, el costo de volver a confinar a los ciudadanos en sus casas parece ser demasiado alto.
Nadie quiere ser el responsable de un nuevo confinamiento domiciliario. Mientras algunos presidentes de Comunidades Autónomas sostienen que no tienen competencias para hacerlo, lo cual es cierto, Isabel Díaz Ayuso reta a Pedro Sánchez a que confine Madrid, si acaso cree que la situación es tan grave, porque ella se muestra absolutamente negada a hacerlo.
La vacunación, que parece ser la única esperanza de retorno a una vida económica y comercial relativamente normal, también luce entrampada en la polémica política interna y en la disputa europea con las farmacéuticas. En España, tras terminar el mes de enero, han recibido las dos dosis de la vacuna de Pfizer 357.892 personas, habiéndose administrado 91% de las vacunas recibidas, siendo la Comunidad Autónoma de Castilla y León la que ha sido más efectiva en su administración.
Para completar el objetivo de vacunar al 70% de la población para el verano, lo que llevaría a tener inmunidad de rebaño, debería acelerarse la administración de las dosis. Hubo un retraso en la llegada de las vacunas debido a problemas de producción argumentados por la compañía farmacéutica Pfizer. Sin estos niveles de inmunización la economía está sometida a la incertidumbre de nuevas oleadas de contagio, que dificultarían no sólo la apertura de la hostelería, sino la imprescindible confianza que se necesita para que los turistas regresen a España.
Durante el mes de febrero deberán llegar 2,3 millones de dosis de vacunas, tanto de Pfizer como de Moderna. En marzo empezarán a llegar las vacunas de Janssen y en abril las de Novavax. Estas deberán ser entregadas a las autoridades sanitarias autonómicas para que se distribuyan con rapidez entre la población. Si esta gran movilización de recursos se torna lenta se postergará la inmunidad de rebaño, y la crisis económica y social no haría sino profundizarse. El reto es inmenso.
