Antonio José Chinchetru (ALN).- Amenazas, insultos y trabas burocráticas, así como expulsión y prohibición de sacerdotes y pastores extranjeros, son algunas de las técnicas que utiliza el régimen de Maduro contra católicos y evangélicos críticos. Estas prácticas se recogen en el capítulo dedicado a Venezuela del informe sobre libertad religiosa que ha elaborado el Departamento de Estado de EEUU.
Según la legislación vigente, en Venezuela existe libertad religiosa. Sin embargo, la práctica real es muy diferente. El informe Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado de EEUU recoge las prácticas contra la Iglesia Católica y las organizaciones evangélicas que pone en marcha el régimen de Nicolás Maduro cuando recibe críticas desde alguna de ellas. Estas incluyen los insultos y amenazas, expulsión de religiosos extranjeros y el veto a su entrada, así como trabas burocráticas destinadas a dificultar el funcionamiento de las entidades de culto.
Los autores del informe, que recoge la situación en 2017, se reunieron con el arzobispo de Caracas, el cardenal Jorge Urosa, en noviembre del año pasado. Urosa dijo entonces que el Gobierno le había amenazado, al igual que a otros sacerdotes católicos, por haber animado a los feligreses a participar en el referéndum contra la ilegal Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que convocó la oposición el 16 de julio de 2017.
El Consejo Nacional de Laicos (CNL) también criticó el “proceso electoral defectuoso”, según el informe, para la creación de la ANC. La respuesta del régimen chavista fue revocar las visas de sacerdotes extranjeros asignados a la Diócesis de Guarenas (dependiente de la Arquidiócesis de Caracas). Fuentes del CNL citadas en el documento informaron también que el miércoles anterior a la Semana Santa, el 12 de abril, un grupo progubernamental amenazó e insultó al cardenal Urosa mientras celebraba misa en la Basílica de Santa Teresa, situada en el municipio de Libertador, en Caracas.
En ese mismo municipio, las fuerzas de seguridad del régimen chavista arrestaron el 6 de abril a 20 jóvenes de la Parroquia de San Rafael por haber participado en una protesta ante la crisis humanitaria que vive Venezuela, según informaron representantes de la Arquidiócesis de Caracas citados en el informe.
Agentes del Sebin amenazaron en enero al arzobispo de Barquisimeto, Antonio López Castillo, mientras celebraba misa en la iglesia de Altagracia
El documento del Departamento de Estado recoge el testimonio de fuentes del CNL que denunciaron que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) amenazaron en enero al arzobispo de Barquisimeto (estado Lara), Antonio López Castillo, mientras celebraba misa en la iglesia de Altagracia de esa localidad.
Según el relato, los miembros de la policía política se apostaron en las cercanías del templo, “presumiblemente esperando al arzobispo”. En una entrevista posterior a los hechos, el prelado comentó a los autores del informe: “Supongo que lo hicieron porque dije (durante una homilía del 14 de enero) que hay venezolanos comiendo de la basura y que la mayoría de nuestro país no cree en este comunismo socialista fallido”. Y añadió: “Quieren que silencie mi voz”.
En virtud de un acuerdo existente entre la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y el Ministerio de Educación, el Estado asumió el compromiso de permitir a los catequistas impartir la preparación para la Primera Comunión en las escuelas públicas. Sin embargo, según una fuente del CNL citada en el informe, desde hace 18 años el Gobierno ha incumplido lo pactado. El informante dijo que el régimen ha eliminado las prácticas religiosas en las aulas y ha llegado a amenazar a los directores de colegios que intentan que se ofrezca esa formación en valores cristianos y sacramentales para niños católicos. La misma fuente, recoge el informe, aseguró que a pesar de eso algunos maestros mantienen la práctica acogiéndose a la autonomía académica si el plan de estudios cumple con los estándares fijados por el Ministerio de Educación.
Represalias sobre Iglesias evangélicas
Las entidades religiosas venezolanas están obligadas a registrarse, tanto ellas como sus estatutos de funcionamiento, ante la Dirección General de Iglesias y Cultos del Ministerio del Interior, Justicia y Paz para poder funcionar. El Gobierno exige que los grupos religiosos demuestren cómo brindarán servicios sociales a sus comunidades y que además presenten una carta de aceptación de un consejo comunitario controlado por el régimen en los vecindarios donde trabajará la entidad. El ministerio revisa las solicitudes y puede “demorar de forma indefinida su aprobación”, según recoge el informe.
Esta obligación burocrática ha sido utilizada como forma de castigo contra las entidades evangélicas, según los testimonios recogidos en el trabajo del Departamento de Estado. El Consejo Evangélico de Venezuela (CEV) informó de que la Dirección General de Iglesias y Cultos impuso “requisitos arbitrarios” a los nuevos estatutos internos de esta entidad que impidieron su aprobación antes de fin de año.
El motivo del retraso fue el estatus del grupo Misión Nuevas Tribus (NTM, por sus siglas en inglés), que había sido expulsado de Venezuela en 2005 por Hugo Chávez, que le acusó de ser una tapadera de la CIA estadounidense. El CEV eliminó a NTM de su consejo y rebajó su situación a simple miembro. A pesar de eso, el Ministerio de Justicia siguió sin tramitar el registro de los nuevos estatutos.
Desde el Consejo Evangélico de Venezuela dijeron que el régimen tomaba represalias contra ellos por la oposición mostrada a algunas políticas gubernamentales
Desde el CEV dijeron que el régimen tomaba represalias contra ellos por la oposición mostrada a algunas políticas gubernamentales. El Consejo Evangélico citó su rechazo a participar en una reunión organizada por el Ministerio de Educación. Declinó la invitación porque consideraba que el Gobierno había organizado el encuentro como una muestra de apoyo a su plan de establecer la ilegal Asamblea Nacional Constituyente. Además, denunció el plan gubernamental en las redes sociales. El régimen de Maduro respondió castigando a los evangélicos por ello, según relata el informe. Negó los visados de entrada a pastores evangélicos que iban a visitar el país y además siguió bloqueando el registro de los nuevos estatutos del CEV.
Las fuentes del Consejo Evangélico de Venezuela también informaron que Nicolás Maduro presentó a los representantes de este organismo un proyecto de decreto con el que pretendía transformar todas las Iglesias de entidades privadas a públicas. Esta medida, que al final no fue promulgada, hubiera aumentado el control gubernamental sobre las organizaciones religiosas.
Temores ante la Ley contra el Odio
Un temor generalizado entre las organizaciones venezolanas, según el informe, es que el régimen utilice la “Ley contra el odio”, aprobada el año pasado, para perseguir a cualquiera que se oponga al Gobierno y la ANC. El documento señala que este miedo fue expresado, entre otros, por miembros del CEV y de la Iglesia Católica.
Aunque nominalmente la nueva norma persigue los episodios de odio religioso (entre otros), fuentes del Consejo Evangélico y del Consejo Nacional de Laicos expresaron su preocupación de que el chavismo la vaya a usar contra líderes religiosos que critiquen al oficialismo, incluyendo a aquellos que alentaron el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente.
De hecho, y aunque no se recoge en el informe debido a que el episodio tuvo lugar después de terminar el periodo estudiado, Nicolás Maduro amenazó públicamente con usar la norma contra altos representantes de la Iglesia Católica. Lo hizo en una intervención en enero ante la ANC. Dijo entonces que los obispos eran “diablos con sotana” y se dirigió al fiscal general, a la Contraloría General, a la Defensoría del Pueblo y al Tribunal Supremo de Justicia para que analizaran “si las palabras emitidas por algunos de estos personajes no corresponden verdaderos delitos de odio”. Hizo mención específica al arzobispo Antonio López Castillo y al obispo de la Diócesis de San Felipe, Hugo Basabe.
