Zenaida Amador (ALN).- Las apariencias ya no importan para el régimen de Nicolás Maduro. Ni que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para la Organización de Naciones Unidas esté por emitir un informe sobre su gestión, ni que el mundo entero esté atento a su deslegitimado ejercicio del poder, ni que la Corte Penal Internacional lo esté investigando por la comisión de crímenes de lesa humanidad bajo su mandato. Nada de eso ha impedido que las torturas, las desapariciones y las muertes de disidentes sean noticia cotidiana en Venezuela.
Tal como escribimos en ALnavío la semana pasada, no había concluido la visita al país de Michelle Bachelet -y desde ese momento la tortura y los derechos humanos en el régimen de Maduro están bajo supervisión de la ONU-, cuando ya se reportaban al menos seis desapariciones forzadas de militares retirados a manos de fuerzas de control de Maduro. Simplemente se los llevaron sin dar explicaciones. Sus familiares hicieron llamados desesperados a través de las redes sociales para conocer el paradero de los desaparecidos, pero una vez más la opacidad y el desapego a los principios legales básicos se impusieron.
Días más tarde desde la Fiscalía General de la República se informó que 14 personas, entre civiles y militares, estaban siendo investigadas por su presunta participación en un “intento de golpe de Estado”, en el que además se pretendía asesinar, entre otros, a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello (presidente de la Asamblea Nacional Constituyente).
Los nombres de Eduardo José Báez, Ángel Ortiz, Carlos David Guillén, Rafael Huizi Clavier, Miguel Castillo Cedeño, Pedro Caraballo, Rafael Acosta Arévalo, José Gregorio Valladares y Josenars Baduel, entre otros, fueron asociados a los delitos de terrorismo, conspiración, homicidio frustrado, traición a la patria y asociación para delinquir. Tarek William Saab, el fiscal general designado por la ANC, fue el encargado de etiquetarlos como miembros de un “grupo subversivo”.
El viernes 28 de junio, pasada una semana de las denuncias de las desapariciones forzadas, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció que una parte de los militares de este grupo fueron trasladados a tribunales y evidenciaban “haber sufrido torturas”.
Rafael Acosta Arévalo fue presentado en el Tribunal Militar Tercero de Control y testigos dieron cuenta del estado en el que se encontraba.
“Llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas. No hablaba, sólo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien (…) Habría confirmado asistiendo con la cabeza a la pregunta de si fue torturado por el DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar)”, escribió en su cuenta de Twitter la abogada Tamara Suju al informar que Acosta Arévalo finalmente falleció a la una de la madrugada del sábado 29.
“Lo torturaron mucho, tanto que lo mataron”, confirmó luego Waleswka Pérez, esposa del capitán de corbeta, quien asegura que son falsos los delitos que se le atribuyen.
Al conocerse el hecho el régimen de Nicolás Maduro indicó que había ordenado a la Fiscalía “una completa y exhaustiva investigación para esclarecer este lamentable suceso”. No obstante, ya adelantó que “los órganos de seguridad del Estado emprendieron un proceso impecable de meses de pesquisa que condujo al desmantelamiento de estos planes criminales (intentos de golpes de Estado, actos terroristas, masacres), y a la detención de los terroristas confesos. Toda esta investigación se ha realizado con respeto absoluto al debido proceso y a los derechos humanos, como es condición indispensable de nuestro Estado Constitucional de Justicia y de Derecho”, proceso en el cual Acosta Arévalo “fue imputado por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración, durante el acto de presentación frente al tribunal competente”.
De inmediato Tarek William Saab se pronunció: “Tenemos rigurosamente adelantadas las primeras experticias sobre este caso y garantiza una investigación objetiva, independientemente e imparcial en pleno respeto al Estado de derecho vigente en Venezuela”.
Desde hoy el régimen de Nicolás Maduro está bajo supervisión de la ONU
Un muerto más
El caso escandaliza, causa estupor, ha generado reacciones internacionales y alcanza titulares de prensa en todo el orbe, pero igual es uno más de los casos que el régimen de Nicolás Maduro sigue acumulando en su historial de violación de los derechos humanos mientras mantiene la ola represiva en todo el país al resistir su salida del poder.
Al 24 de junio la Asamblea Nacional contabilizaba 198 miembros de la Fuerza Armada Nacional presos en la DGCIM, el Fuerte Tiuna o Ramo Verde, que son los principales centros donde el régimen de Maduro confina a los presos políticos, incluyendo a los civiles que suman alrededor de 500.
A mediados de junio el Foro Penal Venezolano estimó en 715 el total de presos políticos, de los cuales más de 95% estaban sin juicio, en condiciones insalubres y enfermos con necesidad de atención médica urgente.
A mediados de junio el Foro Penal Venezolano estimó en 715 el total de presos políticos, de los cuales más de 95% estaban sin juicio, en condiciones insalubres y enfermos con necesidad de atención médica urgente.
La Constitución de Venezuela establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”, algo que parece haber quedado en el papel.
En octubre de 2018 el concejal opositor Fernando Albán estaba en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) por supuestamente formar parte de una red que quería asesinar a Maduro y que realizó un atentado con drones dos meses antes. Albán murió estando en la sede del Sebin y, según la versión de las autoridades, se arrojó por una ventana.
En marzo de 2015 se informó del suicidio de Rodolfo González, conocido como “El Aviador”, también en custodia del Sebin, a quien se culpó de ser uno de los cerebros de las protestas que hubo en Venezuela en 2014.
Se fue Bachelet y Maduro sigue con la represión en Venezuela
En marzo pasado la Organización de Estados Americanos conoció el informe del Instituto Centro de Estudios para América Latina (Casla) sobre torturas a civiles y militares en cárceles venezolanas, que también se elevó a la Corte Penal Internacional. Ronald Dugarte, exfuncionario de DGCIM, suministró documentos, videos y fotografías que sirvieron de soporte al informe.
Michelle Bachelet, que estuvo en Caracas del 19 al 21 de junio, se reunió con familiares de presos políticos y escuchó directamente de ellos las historias sobre los tratos que reciben, las condiciones en que se encuentran recluidos y la forma irregular como son llevados sus casos.
“Tenemos el compromiso expreso del Gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y para determinar los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país”, expuso como un logro Bachelet al cierre de su visita al país. Todo indica que, al menos en el caso del régimen de Nicolás Maduro, del compromiso a los hechos hay un largo trecho.
