Pedro Benítez (ALN).- Bien sea por ignorancia o imprudencia, Nicolás Maduro y los altos mandos militares venezolanos están repitiendo los argumentos que en los años 70 y 80 del siglo pasado esgrimieron Jorge Rafael Videla en Argentina y Augusto Pinochet en Chile. Y lo hacen desafiando a la comunidad interamericana.
En su más reciente comunicado sobre la crisis venezolana el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, al insistir en lo que denomina “ruptura del orden institucional del país”, ha señalado directamente, por nombre y apellido, a los generales Néstor Reverol (ministro del Interior), Benavides Torres (comandante de la Guardia Nacional Bolivariana) y Vladimir Padrino López (ministro de la Defensa), en ese orden, como directamente responsables de las muertes, torturas y privaciones de libertad llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad que dirigen.
Estos altos mandos militares venezolanos deberían leer con detenimiento el mensaje de Luis Almagro, donde les recuerda las gravísimas e inexcusables responsabilidades personales que sus decisiones les acarrearán inevitablemente en el futuro, porque entre otras cosas y como lo indica en el referido mensaje: “El asesinato y la tortura por motivos políticos, por pensar diferente, es Crimen de Lesa Humanidad, delito internacional”.
Los argumentos de Videla y Pinochet
Quien considere que el señor Almagro exagera puede revisar las recientes declaraciones públicas de estos jerarcas castrenses venezolanos, donde de manera insólita, no sabemos si movidos por la ignorancia, la imprudencia u otro factor, se están autoincriminando al repetir casi textualmente los argumentos que en los años 70 y 80 del siglo pasado esgrimieron los dictadores Jorge Rafael Videla en Argentina y Augusto Pinochet en Chile.
Estos dictadores militares del Cono Sur se justificaron por la tesis de la guerra interna para ejecutar sus políticas represivas contra individuos a los que no consideraban adversarios políticos, sino enemigos de la nación y agentes subversivos del extranjero. Ese criterio los llevó a ellos (y a sus subalternos) a perseguir, encarcelar, exilar, desaparecer y asesinar no solo a aquellos incursos en actividades de sedición violenta, sino a una gran cantidad de personas por la sola sospecha de sus opiniones políticas.
Los altos mandos militares venezolanos deberían leer con detenimiento el mensaje de Luis Almagro
En realidad, la represión generalizada tenía un solo objetivo: dominar a la sociedad mediante el miedo. La tesis del enemigo interno solo fue una excusa.
Pues lo anterior es exactamente la lógica que los altos mandos militares y los voceros del gobierno de Nicolás Maduro (empezando por él) vienen usando estos días en Venezuela, al calificar a los manifestantes y opositores (incluyendo dirigentes políticos, gobernadores y diputados electos por el voto) como enemigos y componentes de una conspiración internacional contra el país. Valoración que realizan en un contexto en el cual ya van 44 muertos confirmados desde que se iniciaron las protestas el 1º de abril pasado, en su mayoría jóvenes como consecuencia de impactos de perdigones, balas o bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo por funcionarios policiales y militares.
No conformes con eso, las autoridades venezolanas han recurrido a tribunales militares para procesar a civiles, violando de manera abierta la legalidad y actuando al margen de la Fiscalía General, responsable constitucionalmente de imputar ante los juzgados.
Pero como la titular de esta institución, Luisa Ortega Díaz, designada para ese cargo por la anterior Asamblea Nacional de mayoría chavista, no “colabora” con la política represiva, los órganos de seguridad han decidido ignorarla desde hace meses. Esto último ha llegado a los extremos de no acatar órdenes de liberación de presos políticos, incluso aquellos que siguen privados de libertad sin estar siquiera bajo acusación legal.
Pese a que el general Padrino López sostiene que las protestas opositoras entran en el terreno de la subversión armada, hasta ahora no hay pruebas de ello.
Lo de Venezuela evidentemente no es un problema de orden público, es un problema de orden político.
Pasado funesto de la guerra sucia
Juicios militares contra opositores, tesis del enemigo interno y pretender resolver un conflicto de carácter político y social mediante el exclusivo uso de la fuerza armada tienen antecedentes funestos y no tan lejanos en Latinoamérica.
Los juicios que en democracia se realizaron contra los miembros de las juntas militares en Argentina dejaron un precedente que está más vigente que nunca en el continente americano. Ni la ley de amnistía que los militares se dieron a sí mismos antes de entregar el poder, ni la que les dio el presidente Carlos Menem posteriormente, pudieron evitar el curso de la justicia nacional e internacional, cuyos ecos alcanzaron a Augusto Pinochet en Londres.
Los jefes de la última dictadura militar argentina argumentaron en su defensa, que la guerra sucia que emprendieron contra la subversión interna la hicieron amparados en un decreto de la presidenta Isabel de Perón (a la que derrocaron en marzo de 1976). Pero eso no fue excusa suficiente para la justicia.
Lo de Venezuela evidentemente no es un problema de orden público, es un problema de orden político
Como tampoco ese argumento es hoy excusa (ni lo será en el futuro) para los altos mandos militares comprometidos con la política represiva por la que Nicolás Maduro ha optado para enfrentar el conflicto político y social de Venezuela.
En particular, porque esos comandantes y funcionarios de orden público venezolanos pueden ampararse legalmente en las actuaciones de la Fiscalía General de la República, sin aparecer como insubordinados a su comandante en jefe, es decir, al Presidente. Esto es algo que Luis Almagro les recuerda en su comunicado al indicar que la Fiscal General, Luisa Ortega, “ha mostrado el camino para la reinstitucionalización, el cumplimiento de la ley”.
Sin embargo, Maduro y los jefes militares y policiales venezolanos están hoy desafiando a la comunidad interamericana, que simplemente no puede dejar pasar sin sanción las conductas de un gobierno cuya actitud sentaría un gravísimo precedente para actos que se creían superados en la región.
