Pedro Benítez (ALN).- El pasado domingo el gobierno de Colombia y las denominadas disidencias de la Farc anunciaron un acuerdo mediante el cual esos grupos armados permitirán que todos los menores de edad que han reclutado abandonen sus campamentos. Es decir, a casi una década de la firma de los Acuerdos de Paz de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la cúpula de la organización guerrillera fundada por Manuel Marulanda Vélez, en Colombia no solo persiste la insurgencia narcoguerrillera operando en distintas áreas de ese país, además continúan prácticas tan deleznables como el reclutamiento de niños y adolescentes, bajo amenazas directas o coerción, para usarlos en sus actividades por parte de estas agrupaciones.
Un reciente informe de inteligencia del Ejército colombiano, confirmado por denuncias de la Defensoría del Pueblo, reveló la existencia de fosas comunes de niños fusilados por el Frente Carlos Patiño (de las disidencias de las Farc). Pero esto, que en otro gobierno y en otra época hubiera provocado un escándalo mundial, ha pasado por debajo de la mesa de las prioridades informativas, poniendo de manifiesto la fracasada (hasta ahora) política de paz total llevada a cabo por el presidente Gustavo Petro.
El drama de los niños reclutados para la guerra por parte de diversos grupos armados, pero en particular por las Farc, es una historia larga y triste en Colombia, cuyas secuelas todavía se sienten, como podemos apreciar. A mediados del mes pasado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada en los acuerdos de 2016, presentó otro informe sobre el reclutamiento forzado de 18.677 menores de edad durante cuatro décadas por parte de las antiguas Farc y, por primera vez, imputó con cargos de crímenes de guerra a seis miembros del último secretariado de esa organización que se acogieron a aquella pacificación, atribuyéndoles responsabilidad en ese tipo de alistamiento. Un número muy importante de las víctimas pertenecían a cinco comunidades indígenas.
Los seis imputados por el denominado “macrocaso 07” son Rodrigo Londoño (alias Timochenko); Jaime Alberto Parra (alias El Médico); Milton Toncel (comandante Joaquín Gómez); Pastor Alape; Pablo Catatumbo, hoy senador; y Julián Gallo (alias Carlos Antonio Lozada) también senador. Luego de recoger más de mil testimonios, la JEP concluyó que no hay pruebas de que alguno de los citados hubiera dado órdenes directas para cometer estos abusos, ni de que los hubieran efectuado ellos mismos. No obstante, estaban al tanto de lo que sucedía.
En un comunicado los imputados han afirmado: “Reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas FARC-EP. Estos hechos no debieron haber ocurrido”.
Los citados fueron parte de la dirección política de la antigua guerrilla que suscribieron los acuerdos de paz en La Habana de 2016. Entre otros beneficios políticos, jurídicos y económicos recibieron 5 puestos sin elección en el Congreso colombiano garantizados durante ocho años, pese al exiguo respaldo que recibieron en las elecciones de 2018; 55. 587 votos (0,36%). Hoy, como Partido Político Comunes, son parte del Pacto Histórico, la alianza oficialista que respalda a Petro.
Sin embargo, hubo alrededor de 1800 guerrilleros, divididos en 23 grupos en 5 zonas del país, que desacataron la línea de su dirección política y no se acogieron a esos acuerdos. Por el contrario, se unieron a otros grupos delincuenciales o a los restos del ELN, persistiendo en sus actividades en contra del Estado colombiano, así como en el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el reclutamiento de menores.
La promesa de Petro en su campaña de hace dos años fue hacer con ellos la paz que la “oligarquía colombiana” no quiso o no pudo. Por lo visto ha chocado con la misma piedra con la que tropezaron otros gobiernos, quedando en evidencia que esos grupos no siguen alzados en armas por causas políticas, sino porque el delito es su estilo de vida, aunque insistiendo en las peores prácticas de la guerrilla, como el reclutamiento de menores.
Lo que los informes recientes, tanto del Ejército colombiano como de la Defensoría del Pueblo, coinciden en afirmar, es que las denuncias efectuadas por la JEP contra las antiguas Farc siguen siendo prácticas en la actualidad. Se reportan casos de ejecuciones y suicidios de menores. Incluso, se ha descubierto una fosa común de niños asesinados que intentaron huir de sus reclutadores.
También hay indicios claros de violencia reproductiva. Hay registros de anticoncepción forzada y aborto forzado, así como asesinatos y desaparición de recién nacidos. Los menores: “Sufrieron fusilamientos, amenazas de muerte, sanciones correctivas, violencia sexual correctiva y otros tratos crueles que incluyeron la obligación de ocultar su identidad o diversidad sexual o de género”, ha añadido la JEP.
Un aspecto muy preocupante ocurrido en los últimos años ha sido el reagrupamiento de las disidencias de las Farc en los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Cauca, Guaviare, Vaupés, Vichada y Meta, aunque, al parecer, enfrentadas entre ellas. Sin embargo, el grupo más fuerte es el que encabezó Gentil Duarte, fallecido durante un ataque con explosivos en mayo del 2022 en el Estado Zulia en Venezuela. Su relevo lo tomó Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como Iván Mordisco, quien se identifica como comandante del Estado Mayor Central de las disidencias. Aunque en su contra pesan varias órdenes de captura, en abril de 2023 anunció su disposición a participar en negociaciones de paz con el gobierno de Petro.
No obstante, las denuncias de prácticas delictivas por parte de su grupo continúan, siendo los principales afectados las comunidades indígenas y campesinas. Incluso, Petro lo ha acusado de un intento de asesinato en su contra, aunque al mismo tiempo le extiende la rama de olivo.
Ese fue el grupo que en marzo de 2021 atacó a un batallón del ejército venezolano en el pueblo de La Victoria del estado Apure, asesinando a 6 militares venezolanos. En esa oportunidad Human Rights Watch reportó que más de tres mil civiles venezolanos fueron desplazados hacia el Arauca en Colombia, como consecuencia del enfrentamiento armado entre ese grupo y la FANB de Venezuela.
De modo que, tal como los más pesimistas temían, los restos de la guerrilla han aprovechado, una vez más, los procesos de paz como una tregua para fortalecerse. Una historia sin fin en Colombia. Lo único que ha cambiado es la cobertura de los medios europeos y americanos que ya no llevan la lista de los dirigentes sociales asesinados, crímenes que continúan, porque no se lo pueden achacar a la fuerza pública colombiana cuyo comandante es un antiguo guerrillero. Es así como se le baja el volumen a un crimen tan atroz como el reclutamiento y asesinato de niños.
