EFE / ALN.- La Terminal de Contenedores Quetzal, una de las “más modernas de Iberoamérica”, se inauguró este lunes en Guatemala con la llegada de un buque de Hong Kong. La terminal sigue empañada por una trama de sobornos no resuelta que mantiene en prisión al expresidente Otto Pérez Molina. La llegada de un buque con bandera de Hong Kong dio este lunes por inaugurada la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), la más grande de Guatemala y que se vio envuelta el pasado año en una trama de corrupción que tiene en prisión preventiva al expresidente Otto Pérez Molina. Según informa la agencia EFE, la llegada del portacontenedores, de nombre Safmarine Nokwanda, supuso la apertura oficial de las operaciones marítimas de este terminal portuaria del Pacífico, considerada una de las “más modernas de Iberoamérica” por el interventor nombrado para su funcionamiento, Alexander Aizenstatd.
Durante el acto inaugural, cientos de personas protestaron y miembros de al menos tres sindicatos mostraron su oposición a que la terminal inicie sus labores por considerar que hubo “vicios en el contrato” para su construcción. Fue adjudicada por 255 millones de dólares (aproximadamente 240 millones de euros).
Los sindicatos se oponen al inicio de la actividad de la terminal por considerar que hubo ‘vicios en el contrato”
Antes del anclaje del buque, Aizenstatd dijo que su misión y función es “administrar la terminal y hacerla productiva”, además de “garantizar que opere con transparencia”, pero que en ningún momento busca esconder los posibles actos de corrupción anteriores. “Yo no quiero esconder bajo la mesa o la alfombra los señalamientos de opacidad de lo que pudo haber sucedido aquí”, añadió, agregando que la terminal, una de las más modernas de Iberoamérica, está lista para operar, pues posee todos los permisos necesarios para ello.
“Estado financiero crítico”
El interventor volvió a reconocer que el estado financiero de la TCQ sigue siendo “crítico” porque no está generando ingresos al no haber operado hasta ahora. Su deuda asciende a 26,5 millones de dólares (aproximadamente 24,9 millones de euros), una situación financiera que impide, por ejemplo, adquirir un equipo de rayos X para fiscalizar la mercancía que cuesta unos seis millones de dólares (5,6 millones de euros), según la agencia EFE.
El buque inaugural, propiedad de la empresa Maersk -un conglomerado de negocios internacional fundado en Dinamarca en 1904-, tiene capacidad para 5.000 contenedores de 20 pies y unas dimensiones de 266 metros de longitud por 37,5 metros de ancho. Según las autoridades, se llevará 250 contenedores vacíos al puerto Lázaro Cárdenas, en México.
TCQ, ubicada en el municipio Puerto de San José, tiene 84 colaboradores y según su interventor ofrece un mejor tiempo de respuesta, pues el tiempo de entrega de contenedores pasará de varios días a solo 35 minutos. Además, dispone de grúas especializadas para el manejo de contenedores únicas en el país, un gran equipamiento digital que permite un mayor control y fiscalización de aduanas, un sistema de seguridad digital multimedia para controlar el proceso, espacio de refrigerado para los contenedores y unificación de las oficinas.
La trama tiene en prisión preventiva a Pérez Molina y Baldetti, además de otros funcionarios y empresarios
La terminal, que tiene todos los procesos “automatizados”, puede recibir buques de “altas dimensiones”, de hasta 300 metros de eslora (longitud) y 48 metros de manga (ancho), por lo que representa una posibilidad de un “ahorro importante en costos de transporte marítimo”.
La holandesa APM Terminals es dueña del 85% de TCQ, que administra la terminal y las obras de ampliación del Puerto Quetzal, la mayor portuaria de Guatemala, mientras que el otro 15% es propiedad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial. La ampliación, en el departamento sureño de Escuintla, empezó en agosto de 2014 y se produjo a través de un usufructo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.
Trama de sobornos
La red de corrupción que surgió por las obras supuestamente estaba liderada por el exmandatario Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes exigieron a la empresa TCQ el pago de un soborno de unos 30 millones de dólares para adjudicar el proyecto.
La trama tiene en prisión preventiva a Pérez Molina y Baldetti, además de otros funcionarios y empresarios, todos a la espera de saber si deben enfrentar un juicio por esta causa, que se descubrió en abril de 2016.
Varios diputados de la oposición han pedido que se declare nulo el contrato vigente y han exigido que tampoco se apruebe uno nuevo, presentado como iniciativa de ley en el Congreso y apoyado por el actual presidente, Jimmy Morales.
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