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El pueblo de Colombia que prefiere el agua en vez del oro

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Foto: Pixabay

Juan Lozano (ALN).- El oro de La Colosa podría quedarse, para siempre, enterrado en Cajamarca. Los habitantes del pueblo, en una consulta popular celebrada en días pasados, dijeron en un 97,92% No a la minería. Aquí se cuenta la historia. Cerca de la Navidad del año 2007, el entonces ministro de Minas de Colombia, Hernán Martínez, reveló que en el Tolima se había producido el hallazgo de una de las diez minas de oro más grandes del mundo.

Poco tiempo después se informó que se trataba de la mina La Colosa, en el municipio de Cajamarca, en una zona de reserva forestal de muy alto valor ambiental e hídrico, donde nace el río Coello, que alimenta el Usocoello, el distrito de riego agrícola más grande de Colombia. Inmediatamente afloró una aguda contienda entre los partidarios de la explotación aurífera y los ambientalistas, que se han opuesto al proyecto por considerar que sus impactos negativos son irremediables.

El hallazgo despertó una contienda entre los partidarios de la explotación aurífera y los ambientalistas

El asunto ha sido complejo desde el primer momento, pues la legislación colombiana establece competencias institucionales en distintos sectores con intereses y mandatos contrapuestos. Una entidad entrega títulos mineros y otra distinta concede las licencias ambientales. Sin un título minero no se puede obtener una licencia ambiental, pero el otorgamiento del título minero confiere derechos ambientales.

Antes de haber solicitado la sustracción de áreas de reserva forestal para iniciar cualquier actividad exploratoria, como lo ordena la ley, la empresa minera Anglo Gold Ashanti empezó a intervenir la zona, lo que motivó tempranamente una reacción airada de la ciudadanía y de la comunidad ambiental. A la postre, eso condujo a que la corporación ambiental del Tolima, Cortolima, y el Ministerio de Medio Ambiente ordenaran suspender toda actividad en La Colosa. El error fue grave. La multinacional minera semanas después retiró a su gerente en Colombia. Ya el daño a su reputación estaba hecho.

No fueron suficientes todos los centenares de millones de pesos que Anglo Gold Ashanti gastó en relaciones públicas y en patrocinar ferias y fiestas en el Tolima, eventos culturales, libros y conciertos para neutralizar su imagen de multinacional voraz, depredadora del medio ambiente que primero mandaba los bulldozers y luego pedía permiso.

Para los ambientalistas colombianos, para los conservacionistas tolimenses, para los agricultores de Usocoello, para los arroceros del Espinal, para las comunidades tolimenses, en un caso casi inédito en Colombia, empezaron a pesar más las consideraciones medioambientales, el riesgo hídrico y el desafecto contra la arrogante empresa de los primeros días que cualquier promesa de beneficios. La gente no quería la mina. Punto.

Indignación colectiva

El caso despertó recelo contra la minería que pone en peligro el medio ambiente / Flickr

El caso despertó recelo contra la minería que pone en peligro el medio ambiente / Flickr

Mientras tanto, a lo largo de casi una década, Anglo Gold Ashanti emprendió un largo camino de trámites. Una decisión fiscal modificó la estructura del sistema de regalías mineras, quitándole una proporción importante de ellas a los municipios para entregárselas al gobierno central. Los municipios como Cajamarca perdieron mucho interés en promover y aceptar proyectos mineros en su territorio. “Nos queda el hueco y se nos llevan el agua y la plata”, me dijo un líder tolimense.

La pretensión de otra empresa transnacional de adelantar un proyecto minero en la zona de páramo de Santurban en Santander exasperó los ánimos nacionales contra la minería. Los páramos en las tierras altas de la cordillera son las más grandes fábricas de agua para el interior del país. Así, a los errores de Anglo Gold Ashanti, se sumaba la indignación colectiva contra mineras extranjeras que ponían en peligro los bienes ambientales de las comunidades. En el vecino municipio de Piedras una consulta popular rechazó el uso del suelo para actividades asociadas con la mina de La Colosa. Ese resultado, aunque el gobierno nacional pretendió desconocerlo, animó a las gentes de Cajamarca para adelantar su propia consulta y que fueran los mismos habitantes del municipio quienes decidieran el futuro de la minería. El domingo 26 de marzo dijeron que no. Aunque algunos sectores llamaron a la abstención, el resultado fue arrollador: 97,92% en contra de la minería.

En Cajamarca el resultado se recibió con júbilo, baile, fiesta y parranda. En el sector minero con angustia y en el gobierno, particularmente en el Ministerio de Minas, con perplejidad tras una derrota evidente. El lunes, en una desafortunada ronda radial, aún perplejo y sin mayor preparación, el ministro de Minas insinuó que desconocerían el resultado de la consulta, lo que desató una nueva andanada de críticas y reparos.

Municipios como Cajamarca perdieron mucho interés en promover y aceptar proyectos mineros en su territorio

Lo cierto es que hoy, a pesar de la contundencia del resultado, hay una sensación de incertidumbre por lo que puede representar este precedente para el futuro de la minería y la industria petrolera en Colombia, que es, simultáneamente, un país muy rico en el subsuelo y el más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado. El debate jurídico se ha tornado agrio entre quienes dicen que el proyecto de La Colosa puede continuar con fundamento en derechos adquiridos y quienes, por el contrario, afirman que la voluntad popular soberana expresada en la consulta ordena que se suspenda inmediatamente.

La inestabilidad en el cargo del ministro de Minas (van siete ministros en seis años largos de gobierno de Juan Manuel Santos) ha afectado la formulación de políticas públicas consistentes. La necesidad de fijar serena, prudente y concertadamente los parámetros que orienten una minería responsable con el medio ambiente en Colombia se ha convertido en asunto urgente y prioritario, mas allá de la serie de litigios y conflictos que quedan por delante en el caso de La Colosa si la minera o el gobierno pretenden insistir en el proyecto.

En todo caso, la notificación popular fue contundente: las comunidades prefieren agua que oro. Medio ambiente que riquezas. Más aún, dejaron claro que consideran que su principal riqueza es el medio ambiente. Veremos qué sucede.

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