(EFE).- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) consideró este miércoles que la repetición de las elecciones en el estado Barinas -cuna de Hugo Chávez- por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la derrota del oficialismo, es una «estafa política».
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«El proceso electoral en el estado Barinas constituye la mayor estafa política contra el pueblo, sin precedentes en la historia contemporánea de nuestra entidad (región), ejecutada de manera vil por el Gobierno y sectores de la derecha que forman parte del nuevo pacto de élites», explicó en un comunicado el PCV, antiguo aliado del chavismo.
Este martes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó formalmente la repetición de los comicios en Barinas para el 9 de enero, después de que el TSJ diera la orden y dejara sin efecto las votaciones del pasado 21 de noviembre en esa región.
La Sala Electoral del Supremo tomó la decisión tras recibir una acción de amparo constitucional interpuesta por Adolfo Superlano, considerado disidente de la oposición, alegando una violación de derechos constitucionales, entre otras cosas, porque Freddy Superlano (con quien no tiene relación) se presentó pese a estar inhabilitado.
No obstante, el rector del CNE Roberto Picón dijo ayer que la institución no sabía que Freddy Superlano estuviera inhabilitado cuando se postuló para las elecciones regionales.
A juicio del PCV, el Gobierno es el «principal culpable de esta estafa» y «no tuvo otra opción que mandar a repetir los comicios a través de sentencia ordenada al TSJ».
La Sala Electoral del TSJ la preside Indira Alfonzo, considerada como una mujer muy cercana al chavismo y que ya fue sancionada por Canadá en 2018 por su apoyo a las elecciones presidenciales de ese año en las que fue reelegido Maduro y rechazadas por parte de la comunidad internacional.
El PCV considera que la renuncia del actual gobernador y candidato derrotado a la reelección por el oficialismo, Argenis Chávez, hermano del fallecido presidente, «busca darle un poco de legitimidad a esta burla electoral».
Esta repetición electoral, en opinión del PCV, mostró la «falta de independencia de poderes del Estado venezolano como una verdad objetiva y una certera agresión a la democracia por parte del Gobierno de Nicolás Maduro».
«Se comprobó la existencia de un nuevo pacto de élites entre el Gobierno que preside Nicolás Maduro Moros, y la derecha convenientemente dividida en dos bloques, Alianza Democrática y Plataforma Unitaria», denunciaron.
También creen que se ha producido una «flagrante y sistemática agresión al Estado de Derecho» que «es uno de los mayores delitos del Gobierno de Nicolás Maduro y sus aliados de la derecha».
El informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), la primera enviada por el bloque comunitario a Venezuela en quince años, recogió que «la falta e independencia judicial y el irrespeto al Estado de Derecho afectaron desfavorablemente a la igualdad de condiciones y equidad y transparencia de las elecciones».
«En estas elecciones, la suspensión del derecho de los candidatos afectó principalmente al Partido Comunista de Venezuela (PCV) y a los partidos disidentes de la coalición gobernante», concluye el reporte.
