(EFE).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, acudió este martes a la sede del Ministerio Público (Fiscalía) para pedir a la fiscal de la Nación (fiscal general), Zoraida Ávalos, que adelante su interrogatorio sobre presunta interferencia en los ascensos militares al próximo martes.
El jefe de Estado acudió a pie a la Fiscalía, distante a escasa cuadras desde la sede de la Presidencia, rodeado de un cerco policial, para hacer esta solicitud personalmente, después de que Ávalos la había reprogramado para el día 29.
Las acusaciones de interferencia en los ascensos militares fueron realizadas por los ex comandantes generales del Ejército José Vizcarra y de la Fuerza Aérea Jorge Chaparro, que fueron designados en esos cargos hace tres meses y cesados sin previo aviso por el mandatario.
Tanto Vizcarra como Chaparro aseguraron haber recibido presiones del entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, y del ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, para ascender de manera irregular a una serie de militares allegados al gobernante.
Aunque ambos funcionarios negaron esas acusaciones, tuvieron que dimitir de sus cargos días después de estas denuncias, que generaron una nueva crisis política entre el Ejecutivo y el Congreso.
SOSPECHAS EN CONTRATACIÓN
En forma paralela a esta denuncia, la fiscal Norah Córdova dirigió el lunes una diligencia en Palacio de Gobierno tras lo cual resolvió que «existen suficientes elementos» para investigar la presunta vinculación de Castillo con la contratación de la empresa Heaven Petroleum Operators por 74 millones de dólares para suministrar biodiesel.
Según un supuesto documento del Ministerio Público filtrado a la prensa, el jefe de Estado habría impedido a los fiscales ingresar a la oficina de la Secretaría General para obtener información sobre el registro de las visitas en octubre pasado, cuando presuntamente lo visitó el gerente general de la empresa ganadora de la licitación.
No obstante, la Presidencia de la República difundió este martes un comunicado en el que precisó que Castillo dispuso que se otorguen las facilidades para que los fiscales cumplan con su labor con total apertura.
Precisó que «en ningún momento ha dado disposición alguna a efectos de que no se realicen diligencias en algunos ambientes de Palacio de Gobierno».
El Ejecutivo reiteró su «total disposición para seguir colaborando con las indagaciones que realiza el Ministerio Público».
PETROLERA ESTATAL
La investigación preliminar responde a una denuncia del programa de televisión «Panorama» que reveló que el presidente peruano recibió en el Palacio de Gobierno en octubre pasado al gerente general de PetroPerú, Hugo Chávez, y al empresario Samir Abudayeh Giha, gerente general de Heaven Petroleum Operators, antes de que esta compañía se adjudique la venta del biodiesel B100 en un proceso supuestamente irregular.
La convocatoria buscaba un proveedor para suministrar 280.000 barriles de biodiesel para las refinerías de Conchán, Mollendo y Talara, pero aparentemente no se cumplió con abrir el proceso a proveedores internacionales y se modificaron las condiciones en un mismo día.
La fiscal investiga por los presuntos delitos de colusión simple y negociación incompatible a Chávez, así como también al gerente de distribución de PetroPerú, Gunther Document; al gerente de suministros, Muslaim Abusada, y al gerente de compras e hidrocarburos, Roger Lly, en calidad de autores.
Por su parte, Abudayeh es investigado como cómplice, junto a la empresaria Karelim López, que ha sido sancionada con impedimento de salida del país por presuntamente haber pedido facilidades para otra empresa, y a Gregorio Sáenz, representante de la Junta Nacional de Palmicultores.
OTRA ACUSACIÓN CONTRA EMPRESARIA
Previamente a esta denuncia, el procurador general del Estado (abogado general del Estado), Daniel Soria, denunció el viernes pasado al mandatario ante la fiscal general por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
Esta denuncia se basa en las reuniones que la empresaria Karelim López sostuvo aparentemente con Castillo para que, supuestamente, favoreciera al consorcio de empresas que ella representaba en la licitación de un puente, según informó la Procuraduría General del Estado.
