Pedro Benítez (ALN).- Por primera vez desde la aprobación de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de 1997, que creó el actual Consejo Nacional Electoral (CNE), ha pasado un mes completo sin que ese organismo muestre los resultados de la elección presidencial por estado, municipio, parroquia, centro y mesa, tal como acostumbraba. No digamos las actas emitidas por sus máquinas de votación, tal como lo requiere hoy la demanda popular y la comunidad democrática internacional.
Esta circunstancia tiene, sin embargo, sus antecedentes. El más recordado por estos días en Venezuela es el golpe de Estado que el 2 de diciembre de 1952 le dio la Junta de Gobierno al entonces denominado Consejo Supremo Electoral (CSE), antecesor del actual CNE, cuando interrumpió la publicación de los datos de la votación para elegir los miembros del Congreso Constituyente que favorecían a la oposición.
Pero tampoco está de más recordar las “elecciones” para la Asamblea Constituyente de agosto de 2017 y el referéndum consultivo del 3 de diciembre 2023 sobre la Guayana Esequiba, eventos donde ocurrió lo mismo. En estos dos casos vamos para siete años y nueve meses, respectivamente, sin saber los resultados discriminados.
Es revelador que esto ocurra bajo el marco de la Constitución de 1999 que elevó al CNE a rango de Poder Público nacional, conjuntamente con el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Moral, y le otorgó, en sus artículos 292 y 293, la facultad de ente rector de todos los procesos electorales que se efectúen en el país.
Por cierto, en el apartado 10, de este último indica y citamos: “Los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional”.
A fin de que no quedara sombra de duda sobre sus intenciones, el constituyente remató estableciendo en el artículo 294 que: “Los órganos del Poder Electoral se rigen por los principios de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana; descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y escrutinios. (El subrayado es nuestro).
Como se podrá apreciar, en el caso que nos convoca hoy, ni independencia orgánica ni autonomía funcional o imparcialidad, mucho menos transparencia y/o celeridad. De la despartidización mejor no hablemos; probablemente sea ese el origen del problema.
Se rompió “el mejor sistema electoral del mundo”
La cuestión es que “el mejor sistema electoral del mundo” se rompió de tanto maltratarlo. Cambiar la composición de sus rectores, de acuerdo a los cálculos y maniobras del despacho presidencial de Miraflores, lo ha transformado en un guiñapo institucional. En este momento ni siquiera es funcional como oficina electoral adscrita al Poder Ejecutivo. Luego de un mes no tiene resultados y su página web sigue caída. No diremos aquí que pasó a mejor vida, no hay necesidad de ser tan rotundos, pero evidentemente se encuentra en terapia intensiva y con respiración asistida.
Tres presidentes y cuatro directivas desde 2020 que buscaban dividir a la oposición, blindar el ventajismo oficialista y ganarse reconocimiento internacional. Objetivos contradictorios que se estrellaron contra el repudio de la determinante mayoría de los venezolanos inscritos en el Registro Electoral, que esperaron pacientemente a fin de cobrar las facturas y agravios pendientes.
He ahí el detalle. No es que en esta última etapa no hayan pasado por el CNE directivos bien intencionados y capaces técnicamente; pero la cuestión es que a medida que el otrora respaldo popular a la “revolución bolivariana” se iba apagado, más maniobras y recambios se le necesita hacer al Poder Electoral. Solo faltaba que el liderazgo opositor conectara con el malestar colectivo y se empeñara en ir al proceso contra viento y marea.
A lo anterior súmese la obstinación del chavismo gobernante a aceptar la lógica y sana alternabilidad que demanda la soberanía popular. Aquí tenemos una nueva crisis en curso. No un “conflicto político”, eufemismo que se usa por estos días en Venezuela a fin de evitar, con la prudencia debida, llamar las cosas por su nombre.
Empezaba la anterior y accidentada campaña electoral cuando alguien comentó que se extrañaría a la desaparecida Dra. Tibisay Lucena. Como muestra de que todo tiempo pasado fue mejor, la afirmación no dejaba de tener cierta razón, aunque fuera una media verdad que tiene su historia. Cuando en 1998 la emergente alianza chavista optó por renunciar a la estéril ruta de abstención electoral (ellos también pasaron por lo mismo), se encontraron con la sorpresa de aquel mito según el cual (todavía se repite) “acta mata voto” era solo eso, un mito. No había maquinaria que derrotara a quien contara con el favor popular en una elección competitiva.
La guerra por controlar el resto de las instituciones
Una vez en el Gobierno, el chavismo empezó su guerra por controlar el resto de las instituciones fuera de su control, descubriendo en el proceso que la mejor manera de blindar políticamente sus mayorías electorales era en los tecnificados procesos organizados por el CNE que, de todas maneras, inclinaba la cancha a su favor mirando hacia otro lado con el uso y abuso de los recursos públicos. El nuevo mito, “maquinitas cambian los resultados”, haría el resto alimentando la abstención opositora.
La gran paradoja del 28 de julio de 2024 es que el sistema automatizado se volvió en su contra. Los herederos han sido víctimas de su propia trampa y con ello han arrastrado al ente electoral. Tenemos cuatro rectores que no hablan, no informan, ni opinan, y el que se ha manifestado se encuentra a buen resguardo. Mientras tanto, el Presidente en ejercicio y proclamado recurre a la Sala Electoral del TSJ solicitando un amparo (según se entiende) como que el fraude se lo hubieran perpetrado a él. El mundo al revés.
El trato que le dispensa el único Poder Público que existe al CNE, recuerda aquella cruel costumbre practicada en las ciudades y pueblos de la Venezuela de hace un siglo, donde las familias encerraban de por vida a los individuos con alguna discapacidad intelectual en los cuartos, lejos de los ojos de las visitas.
Ya se ha informado que el país va a nuevas elecciones, donde el oficialismo se apresta a ganar las 23 gobernaciones y más de 300 alcaldías. ¿Con este CNE? ¿Con otro? Si, tal como se ha dicho y se procede, la cuestión es seguir en el poder por las malas, “el mejor sistema electoral del mundo” ya no les sirve.
