(EFE).- La ONG de Venezuela Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció «requisas invasivas» a mujeres que visitan a sus familiares, detenidos tras las presidenciales del 28 de julio, en la cárcel de Yare III, en el estado Miranda (norte).
«Nos mandaron a desnudar y nos revisaron la ropa en el piso. Después me mandaron a poner en un rincón, me pidió que recostara la espalda en la pared y abriera las piernas como si fuera a parir», dijo una mujer al OVP, citada en una nota de prensa.
La organización destacó que las «requisas invasivas» contravienen los «principios básicos de la dignidad humana» y constituyen «una forma de tortura psicológica».
«Prácticas atroces»
Asimismo, instó al Ministerio Público (Fiscalía) a abrir una investigación penal contra «estos perpetradores de violaciones a los derechos humanos», quienes -aseguró- «actúan bajo la mirada pasiva del Estado».
Por su parte, el partido opositor Voluntad Popular (VP) alertó al mundo sobre las «prácticas atroces» a las que el «régimen de Nicolás Maduro» somete a las madres de presos en Yare III.
«Ninguna mujer debe ser o sentirse violada por nadie, mucho menos por funcionarios del Estado», afirmó VP en X, a la vez que exigió poner fin a «estas violaciones disfrazadas de requisas».
Patrones de violencia
Este lunes, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó en X sobre la consignación de un documento ante la Fiscalía en el que se denuncian «tratos crueles, inhumanos y degradantes», así como la «constante violación a los derechos humanos», de los que «han sido víctimas los presos políticos y familiares».
El pasado miércoles, la ONG FundaRedes alertó sobre las condiciones de reclusión que sufren las «presas políticas» en Venezuela -como hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos-, al tiempo que denunció «patrones de violencia que se repiten», como psicológico, sexual, institucional y físico, que -manifestó- reflejan las «graves violaciones de derechos humanos».
Distintas organizaciones exigen a diario la libertad sin restricciones de los «presos políticos» en el país, un total de 1.905 -según la ONG Foro Penal-, la gran mayoría detenidos tras las elecciones, cuando se desató una crisis política a raíz de la proclamación de la controvertida victoria del presidente Nicolás Maduro, otorgada por el ente electoral nacional, y la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora.
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