Pedro Benítez (ALN).- La crisis económica, la subida imparable de la inflación y el dólar, tres ministros de economía en lo que va del año (Silvina Batakis duró apenas tres semanas en el cargo), todo eso ha pasado en estos días en Argentina a un segundo plano del interés público por la acusación que el fiscal federal Diego Luciani ha presentado contra la vicepresidenta y líder de la gobernante coalición Frente de Todos, Cristina Kirchner, por los presuntos delitos de asociación ilícita y fraude al Estado durante sus dos presidencias (2007-2015).
Desde hace tres años, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Buenos Aires juzga a la ex mandataria por la adjudicación irregular decenas de obras viales en favor de un empresario amigo que el fiscal acusador estima como “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”; 925 millones de dólares (5 mil millones de pesos argentinos). Esta es una de las cuatro causas judiciales que la líder del peronismo de izquierda todavía tiene abiertas en su contra.
El pasado lunes, el fiscal Luciani pidió para ella una condena de 12 años de prisión, así como su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La respuesta de todo el kirchnerismo en bloque ha sido la de salir en defensa de su lideresa atacando a todo el sistema judicial argentino. Gobernadores, intendentes, activistas de izquierda y hasta el propio presidente Alberto Fernández se han sumado a la cruzada.
Error de cálculo
Esto ocurre en un país donde un fiscal, Alberto Nisman, apareció muerto de un tiro calibre 22 cinco días después (14 de enero de 2015) de haber acusado formalmente a la entonces presidenta Kirchner y a su canciller Héctor Timerman por “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán”.
Dos años antes, Nisman había iniciado una causa judicial contra el gobierno de Irán por el ataque terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina en la ciudad Buenos Aires el 18 de julio de 1994. Ese juicio fue sobreseído en octubre de 2021.
Cristina Kirchner pensó que la victoria de su coalición el 27 de octubre de 2019 sería suficiente para detener los procesos judiciales en su contra. Sin embargo, aunque de los 10 juicios que tenía abiertos cuando Alberto Fernández juró como presidente sólo persistente cuatro, las cosas no han salido como calculaba.
El Poder Judicial argentino ha estado demostrando en los últimos tres años una sorprendente resistencia a la presión de todo el poder político que la vicepresidenta es capaz de ejercer. En febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal N° 4 condenó a Lázaro Báez, y a otras 22 personas (incluyendo cuatro de sus hijos), por el lavado de 55 millones de dólares provenientes de la corrupción, en una causa que se conoce como “la ruta del dinero K”. Aunque no fue condenada por este caso el mismo fue, no obstante, un misil en la línea de flotación del plan de impunidad de la señora Kirchner.
La excusa del «lawfare»
Íntimo amigo de la pareja Kirchner, Báez es un ex cajero bancario que creó un emporio empresarial con licitaciones petroleras y de obras públicas en la provincia argentina de Santa Cruz durante los años en que Néstor Kirchner fue gobernador (1991-2003). En este último año fundó la empresa Austral Construcciones, que se adjudicó contratos federales mil millonarios en dólares. Es decir, durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y luego con su esposa y sucesora. De esa etapa se le han identificado más de 1.400 propiedades, de las cuales 55 son estancias, más 50 empresas pantalla fuera de Argentina con las cuales lavaba los dineros provenientes de sus contratos.
Lo que las denuncias de periodistas como Jorge Lanata y las causas judiciales han revelado es que Báez y sus asociados replicaron en Argentina el mismo esquema de corrupción que ya habían ensayado en Santa Cruz. Ejecutaron obras públicas con sobreprecio. ¿Quién o quiénes estaban detrás de él? Evidentemente, la pareja Kirchner. La relación era tan estrecha y pública que en 2011 Báez construyó el mausoleo donde reposan los restos del fallecido expresidente.
Por su parte, el argumento de Cristina Kirchner consiste en acusar a los tribunales argentinos de “lawfare” (guerra jurídica con fines políticos) en su contra. Una coartada que ya se ha hecho común entre sus amigos y aliados de los autodenominados “gobiernos progresistas” de Latinoamérica.
El cuestionamiento de Cristina Kirchner
El 9 de diciembre de 2020, un día antes de cumplirse un año del inicio del gobierno de Alberto Fernández, la señora Kirchner publicó una extensa carta en sus redes sociales atacando abiertamente a la Corte Suprema de Justicia. Fue una declaración de guerra total y sin tregua a otro poder público.
La vicepresidenta acusó a la Corte de ser parte de la “articulación mediática-judicial” que se dedicó a perseguir opositores, es decir, a ella y a sus colaboradores, durante la gestión del expresidente Mauricio Macri (2015-2019); persecución que, en sus palabras, ha continuado ahora que ella es Gobierno.
Sin embargo, no está de más recordar que dos de los cinco miembros de la actual Corte Suprema fueron designados por Néstor Kirchner, uno por el expresidente peronista Eduardo Duhalde y los otros dos durante la presidencia de Macri.
Pero ella insiste en cuestionar las acciones del alto tribunal, además de poner en duda el origen mismo de su legitimidad y la naturaleza de su papel como salvaguarda ante los otros dos poderes: “De los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones. Sólo un Poder es perpetuo. Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”, escribió en su controversial misiva pública de diciembre de 2020.
La guerra de Cristina Kirchner
Esta es una guerra en la que ella no está sola. Según todos los estudios de opinión, y a juzgar por los resultados electorales de los últimos años, sigue contando con la fidelidad de por lo menos el 30% del electorado que afirma creer en su inocencia y no le cree nada a sus acusadores. No importa de lo que se le acuse, ni de lo que ella haga o diga. El mismo fenómeno de Donald Trump y Luis Ignacio Lula Da Silva.
Ese es el capital político que mantiene pegada a su coalición. Por otra parte, la imagen negativa de los jueces en Argentina llega hasta el 70%. De modo que Cristina Kirchner tiene margen de maniobra y posibilidades de salir librada de sus enredos con la Justicia. Porque ciertamente los juicios en su contra son un proceso político, en eso ella lleva la razón. Se está juzgando políticamente a los gobiernos de ella y su marido, y para el tribunal de la opinión pública ya no importa si es realmente culpable o no, ni si puede o no justificar su multimillonario patrimonio familiar. El sector que la apoya la considera inocente aunque sea condenada, y la mayoría de los argentinos ya la condenó así sea declarada inocente.
Este es parte del drama de la nación austral. Tal como afirma la ex diputada y ex candidata presidencial Elisa Carrió, acérrima oponente de Kirchner, si la vicepresidenta se sale con la suya ningún crítico estará fuera de su alcance. La impunidad invadirá todo el país y la última garantía de protección constitucional se perderá.
La economía argentina se hunde
La única variable que nadie controla, ni siquiera el nuevo ministro Sergio Massa (que está para eso) es la economía. Porque mientras todo esto ocurre la economía argentina se hunde.
Los planes para contener la inflación, estabilizar el tipo de cambio y conseguir nuevos créditos por parte del demonizado FMI son perturbados por los problemas de gobernabilidad que depende del apoyo, disminuido, pero aún importante de la jefa espiritual de una parte del electorado argentino.
Durante estos dos años y medio de Gobierno de Alberto Fernández la guerra personal de Cristina Kirchner contra la Justicia ha sido más importante para sus partidarios que la inflación, la deuda y el covid. En el kirchnerismo hay prioridades.
Toda una nación amarrada de pies y manos por las prioridades personales de una jefa política. Su consigna es clara: si me hundo yo nos hundimos todos.
