Leticia Núñez (ALN).- Ya van 12 días de protestas en Nicaragua. La reforma de la Seguridad Social fue el detonante y aunque Daniel Ortega acabó retirándola, no ha sido suficiente. Encendida la mecha, ya nada parece contener la indignación popular. En un país con altas tasas de pobreza y desigualdad, los ciudadanos también se han movilizado en contra de la construcción del Canal Interoceánico y de las posibles expropiaciones que podría acarrear. Además, el Gobierno tardó cuatro días en reaccionar ante el incendio de Indio Maíz, una de las reservas más importantes de toda Centroamérica. La ira que el presidente Ortega ha despertado en los nicaragüenses parece tener una sola solución: su renuncia.
La reforma del sistema de la Seguridad Social fue la chispa que encendió las protestas más fuertes contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua en 11 años. Todo comenzó el 18 de abril, después de que el mandatario impuso una controvertida reforma que reducía 5% las pensiones. Ortega respondió con una fuerte represión que ha dejado al menos 41 muertos, según el último recuento del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Y aunque el presidente dio marcha atrás, la gente sigue en las calles exigiendo su dimisión. El descontento va más allá de esta reforma.
Desde 2007, Ortega ha gobernado de manera ininterrumpida el país centroamericano. Al líder sandinista se le ha acusado desde la oposición de no permitir una transición democrática en Nicaragua, nación que dirige de la mano de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
“Es importante recordar que al menos dos situaciones habían indignado y movilizado a distintos sectores de la población, previo a las manifestaciones masivas por la reforma”, subraya Jenyel Contreras, investigadora nicaragüense de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Costa Rica, en declaraciones al diario ALnavío.
“Se deberá garantizar el cese de la violencia y arrestos arbitrarios en las protestas”
1.- Se refiere al incendio del bosque Indio Maíz, una de las principales reservas de selva tropical de Centroamérica situada en el sur de Nicaragua, a principios de abril. Arrasó 5.400 hectáreas. Es el hábitat de más de 450 especies de aves y de una riqueza forestal de enorme valor. De hecho, fue catalogado como “el problema ambiental más serio en la historia de Nicaragua” por expertos en temas ambientales citados por el periódico El País de Madrid.
“El Gobierno central fue interpelado por el Gobierno territorial para declarar como emergencia ambiental dicho incendio en el área protegida. No obstante, la respuesta del Gobierno fue ampliamente criticada debido a que el ingreso del ejército para sofocarlo se realizó cuatro días después de que empezara, cuando ya este había consumido al menos 3.000 hectáreas”, recuerda Contreras.
Asimismo, cabe destacar que el régimen de Ortega rechazó la ayuda de Costa Rica, que ofreció un equipo de 40 bomberos que viajaron hasta la frontera entre ambos países con bombas, drones y un sistema especial de radiocomunicaciones, pero a los que no se permitió el ingreso. Según informó el Gobierno de Costa Rica, “las autoridades nicaragüenses dijeron que atenderán el incendio forestal con recursos propios”.
2.- El otro asunto que ha movilizado a los nicaragüenses es la construcción del Canal Interoceánico, un megaproyecto de 50.000 millones de dólares que atravesaría Nicaragua desde el océano Pacífico hasta el mar Caribe.
“Se ha presentado una importante movilización de grupos campesinos, indígenas y ambientalistas, que se oponen a la construcción del canal, y quienes a su vez han recibido respuestas represivas por parte del Gobierno”, asegura Contreras. Dice que las manifestaciones se realizan fundamentalmente por la aprobación de la Ley 840, que “indica que cualquier propiedad, ya sea privada, comunal, indígena o pública, ubicada en cualquier parte del país, que sea requerida para la construcción de todo el proyecto o una parte de él, será expropiada”.
Algo que, según Contreras, “ha permitido el despojo de tierras a comunidades indígenas, anulando su derecho a ser consultadas, aunado al problema del tráfico ilegal de maderas, fauna y otros bienes naturales”.
Cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en 2013 la construcción del proyecto, otorgó la concesión a la empresa china HKND y se prometió que la obra estaría lista en 2020. Según informó CNN, la concesión fue otorgada “sin estudios de viabilidad económica y ambiental”. Cuatro años después de que Ortega anunció la construcción del Canal Interoceánico, que según dijo iba a “sacar de la pobreza” al país y se convertiría en “la competencia” del Canal de Panamá, todavía no se ha puesto la primera piedra.
3.- A todo ello se suman “los problemas estructurales de desempleo, aumento del empleo informal, pobreza y desigualdad que aquejan a Nicaragua desde las últimas décadas, y un Gobierno que ha sido ampliamente denunciado por el desarrollo de estrategias inconstitucionales para asegurar su continuidad en el poder”, expone Contreras.
“El Gobierno de Nicaragua ha sido ampliamente denunciado por el desarrollo de estrategias inconstitucionales
Según el Banco Mundial, 29,6% de los nicaragüenses son pobres y 6,9% vive en pobreza extrema. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, recogidos por el Banco Mundial, “Nicaragua es aún uno de los países menos desarrollados de América Latina, donde el acceso a los servicios básicos es un reto diario”. En lo que respecta a desigualdad, el estudio Privilegios que niegan derechos, elaborado por Oxfam, señaló que en Nicaragua el ingreso anual per cápita de 20% de las familias es 12.197 veces menor que el de un rico.
Condiciones para el diálogo
Con todos estos elementos, Contreras tiene claro que para que el diálogo propuesto por el régimen de Ortega sea efectivo “deberá contemplar una comunicación horizontal y permanente con los distintos actores sociales involucrados en las manifestaciones, que demandan presencia y participación en la toma de decisiones sobre el porvenir del país”. Se refiere, por ejemplo, a los estudiantes, que han encabezado las protestas, pero a los que por ahora el Gobierno no ha incluido en el diálogo.
Finalmente, añade: “Al mismo tiempo se deberá garantizar el cese de la violencia y arrestos arbitrarios en las protestas, la aparición de las personas desaparecidas y la eliminación de la tortura en los procesos de detención, el establecimiento de mecanismos de investigación confiables que impidan la impunidad de los asesinatos y los crímenes de lesa humanidad y la eliminación de procesos y cargos penales destinados a perseguir y/o sancionar a los manifestantes. Todo ello en un contexto de amplia desconfianza de las instituciones judiciales y de seguridad nacional”.
