Daniel Gómez (ALN).- Guerrillas, colectivos, paramilitares y grupos criminales. Estos son los cuatro tipos de organizaciones ilícitas que amenazan la seguridad de Venezuela. Lo dice el International Crisis Group en su más reciente informe. También advierte que el poder se está alejando de las instituciones estatales y concentrando en estos grupos armados.
En la Conferencia de Seguridad de Múnich se dijo que la de Venezuela era una de las 10 crisis que debería seguir con atención el International Crisis Group (ICG). Y eso es lo que está haciendo. Este organismo, especializado en la resolución de conflictos armados, ha publicado un informe sobre Venezuela. Se titula Armas por doquier: Cómo frenar la amenaza de grupos violentos a Venezuela, y alerta de cómo “el poder se está escapando de las instituciones estatales y concentrando en manos de delincuentes, guerrilleros y otros actores no estatales”. ¿Cuáles son estos actores?
Guerrillas
El informe dice que las guerrillas en Venezuela “son en gran medida trasplantes de la vecina Colombia”. Y en concreto señala al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Explica que tanto el ELN como las FARC incursionaron en Venezuela “mucho antes” de la llegada de Hugo Chávez. El problema es que este “toleró sus actividades” e incluso “expresó su apoyo en políticas de extrema izquierda”.
El informe recuerda que el proceso de paz en Colombia, con la participación de Venezuela en las negociaciones, rebajó las muestras públicas de apoyo del chavismo a las FARC, hasta que llegó 2017. “Desde 2017, la creciente inestabilidad política venezolana y la profundización de la crisis económica, combinadas con el surgimiento y la expansión de grupos armados en Colombia tras el fin de la insurgencia de las FARC, han impulsado la presencia de guerrillas en Venezuela”.
Desde entonces, las guerrillas no sólo operan en la frontera. Se extienden al interior del país, “con informes que sugieren que operan en al menos 13 de los 24 estados de Venezuela”.
Sobre las operaciones resaltaron “el tráfico de drogas, extorsión y contrabando” y puntualizaron que “ahora están muy involucrados en la extracción ilegal de oro y otros minerales, de los cuales se cree que obtienen la mayor parte de sus ingresos”.
Si bien la presencia de la guerrilla en Venezuela es un hecho comprobado, “nadie ha presentado pruebas incontrovertibles de lazos estrechos entre altos funcionarios en Caracas y la guerrilla”. Esta, agregó el ICG, es una denuncia habitual del gobierno de Iván Duque en Colombia y de la oposición en Venezuela.
No obstante, “las actividades de las guerrillas y grupos disidentes en toda Venezuela los ponen en contacto cercano con funcionarios estatales y residentes locales, a la vez que desencadenan enfrentamientos violentos con otros grupos que compiten por conseguir ingresos ilícitos”. En este sentido, puso como ejemplo que para transportar y exportar el oro, “los guerrilleros dependen de la cooperación de las fuerzas de seguridad estatales y de las redes de tráfico”.
Por otro lado, el informe agregó que “la evidencia también sugiere que la relación entre el ejército venezolano y las guerrillas colombianas se puede marchitar rápidamente”. Recordó cómo “tropas venezolanas asesinaron a dos disidentes de las FARC en la frontera contigua al estado Zulia en julio de 2019”, y cómo la Guardia Nacional combatió con las guerrillas del ELN en noviembre de 2018.
Colectivos
El International Crisis Group define a los colectivos como “asociaciones civiles que en algunos casos funcionan como grupos parapoliciales y que han ganado importancia a medida que el conflicto político venezolano se ha intensificado”.
Recuerda que tanto el régimen como la oposición les han atribuido capacidades “casi sobrenaturales”, aunque admiten que “sin duda se han convertido en la columna vertebral del chavismo mediante el control coercitivo de las protestas callejeras y su influencia sobre comunidades de bajos recursos”.
En este sentido citó varios ejemplos recientes: “Tanto el 23 de febrero de 2019, cuando los opositores a Maduro intentaron forzar la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela desde Colombia y Brasil, como durante el fallido levantamiento cívico-militar de la oposición el 30 de abril, los colectivos jugaron un papel protagónico en los enfrentamientos callejeros. Más recientemente, partidarios del gobierno que portaban armas de fuego, rocas y palos impidieron violentamente que los diputados de la oposición ingresaran a la Asamblea Nacional, al tiempo que acosaban a los periodistas presentes”.
El informe dijo que con Nicolás Maduro en el poder los colectivos no sólo han ido ganando poder, sino que se han venido alineando con los objetivos del régimen. El International Crisis Group lo ha comprobado de primera mano.
“En una serie de entrevistas entre 2013 y 2018 con prominentes miembros de colectivos en Caracas, Crisis Group notó que la relativa autonomía de la que gozaban algunos de los colectivos había disminuido con los años. En 2013, el objetivo principal de estos grupos era luchar por el ‘Estado comunal’ que consideraban el principal legado de Chávez, mientras que en 2015 los miembros indicaron que su objetivo primordial era garantizar alimentos y productos básicos a su comunidad en alianza con el Estado, y evitar cualquier “especulación del sector privado’. En 2018, muchos trabajaban como guardaespaldas de los funcionarios estatales, y en lugar de discutir el poder de la comunidad, hablaban mucho más sobre el ‘imperialismo’ y su hostilidad hacia la oposición”, explicó.
Pese a todo, el informe concluyó que “los colectivos no son necesariamente receptores pasivos de órdenes del gobierno”. Explicó que existen “diferentes facciones”, las cuales “controlan distintos colectivos y, como resultado, los intereses de los grupos no siempre coinciden”.
Paramilitares
El informe se hace eco de las denuncias del régimen en la frontera con Colombia. “El gobierno de Maduro ha puesto gran énfasis en el papel desempeñado por las unidades paramilitares colombianas de derecha en su país, y ha dicho que hay cinco grupos que participan en diversas actividades ilegales que son toleradas por las fuerzas armadas colombianas a lo largo de la frontera”.
El International Crisis Group cita el caso de Los Rastrojos y la polémica foto que esta banda de narcotraficantes se hizo con Juan Guaidó. “La oposición venezolana niega cualquier conexión con grupos paramilitares de derecha, lo cual está en duda después de la publicación de fotografías comprometedoras que muestran a Juan Guaidó con dos paramilitares colombianos”. El informe también publicó la versión de Guaidó: “Afirmó que no conocía la identidad de los paramilitares, y dijo que muchas personas se tomaron fotos con él ese día”.
El informe apuntó además que el régimen de Maduro a veces manipula las informaciones sobre los paramilitares de derecha. “Los militares venezolanos informan, no siempre de manera veraz, que han sufrido bajas por ataques paramilitares en sus puestos cerca de la frontera”.
Grupos criminales
“Una gama de grupos criminales de diferentes tamaños y estructuras se dedican al robo, secuestro, fraude, chantaje, sicariato o al comercio ilegal, especialmente de armas y drogas, y a la trata de personas”. Por todo lo anterior, dijo el informe, Venezuela es uno de los países más inseguros del mundo.
Citó un informe de la policía que advierte que en el país operan más de 100 grupos criminales venezolanos. Estos se dividen en:
– Pranes (jefes criminales en el sistema penitenciario venezolano).
– Megabandas.
– Sindicatos.
Sobre los pranes, el informe apuntó como causa las “políticas penitenciarias mal diseñadas durante los gobiernos de Chávez y Maduro”. Estas políticas “toleran el hacinamiento y acuerdos informales sobre quién ejerce el control de los reclusos”. Y como consecuencia, los pranes han alcanzado “un poder excepcional”.
A las megabandas las catalogó como “organizaciones jerárquicas relativamente nuevas para la escena criminal venezolana”. Se dedican “al tráfico de drogas, la extorsión y al secuestro en todo el país, y cuentan con gran influencia en su propio territorio”. Si bien mucho de estos líderes han sido encarcelados, “no es raro que trabajen en conjunto con los pranes desde la prisión”.
Los sindicatos, por su parte, “son grupos criminales que operan principalmente en el sur de Venezuela, se ubican especialmente en el Arco Minero del Orinoco” y “se han centrado en la minería ilegal”. Estos grupos han reducido a muchas poblaciones del país a condiciones “preindustriales”. Citaron, por ejemplo, el caso de El Callao, donde hay “una tasa de 600 asesinatos por cada 100.000 habitantes”. El informe se remite a investigaciones de EEUU que apuntan a varios altos funcionarios en relaciones con los sindicatos. Y concluyó que “las débiles y mal supervisadas instituciones estatales, la crisis económica y políticas públicas discrecionales han creado un ambiente permisivo para que la actividad criminal prospere”.
