Pedro Benítez (ALN).- Del informe de la misión independiente de determinación de hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) para Venezuela, no faltará quien diga que aumenta “los costos de la salida” para los protagonistas principales del régimen de Nicolás Maduro. Es decir, es un incentivo adicional para que no abandonen el poder. Pero también se puede afirmar que aumenta los costos de seguir apoyándolos. Esta puede ser la razón por la cual Maduro movió cielo y tierra para que un representante suyo fuera parte de los 47 miembros del CDH en octubre de 2019. La misma instancia que designó la misión cuyo informe acaba de exponer (una vez más) el aspecto más siniestro de su régimen.
¿El informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, designada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH), tendrá algún efecto político importante? A juzgar por la reacción del canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, parece que sí.
En su cuenta de Twitter el ministro de Relaciones Exteriores de Maduro reaccionó rápidamente este miércoles cuando el texto del referido informe se difundió. Lo calificó como “plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington”.
Refiriéndose a su gobierno aseveró que “no reconocemos ningún mecanismo politizado e inquisidor, creado con fines ideológicos por países con pésimos récords en DDHH”.
Eso, luego de asegurar la “cooperación” que se “ha generado de manera coordinada y constructiva con la Oficina de la Alta Comisionada”. Es decir, la expresidenta Michelle Bachelet.
Lo primero que llama la atención de las afirmaciones anteriores es que Maduro movió cielo y tierra el año pasado para que un representante suyo fuera parte de los 47 países miembros del CDH de Naciones Unidas. En esa instancia internacional se han sentado varias veces los gobiernos de China y de Cuba, entre otros aliados cercanos del régimen que encabeza Maduro, y que ahora su canciller sugiere es “controlada por gobiernos subordinados a Washington”.
No se entiende, entonces, cómo puso tanto empeño en ser parte de lo que su representante internacional denomina ahora como “mecanismo politizado e inquisidor”.
Curiosamente es en el gobierno de Estados Unidos donde más quejas se han formulado, desde hace bastante tiempo, contra la composición del CDH, y la comisión que le precedió, pues ha sido usual (y contradictorio) que los regímenes más autoritarios del mundo pujaran por ser parte del mismo.
El objetivo ha sido obvio: controlar la instancia internacional que evalúa el aspecto más negativo de esas formas de gobierno. El interés de cada uno de esos regímenes en ser parte de esa instancia internacional es otra demostración de cómo la hipocresía es un homenaje que el vicio rinde a la virtud.
De modo que Maduro ha sido parte de la tradición. Pero si con eso esperaba librarse de la severa observación internacional en materia de Derechos Humanos se equivocó.
Así como ya se equivocó, y se sigue equivocando, con el trabajo de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
Insidiosamente Arreaza afirma que con ella se ha establecido una relación “coordinada y constructiva”. Como si con eso pudiera borrar los dos devastadores informes que el equipo de la expresidenta ha presentado sobre Venezuela, y que el trabajo de esta misión independiente viene a ratificar luego de un año de investigación.
Lo que dice la ONU
Las conclusiones son una y otra vez demoledoras para la imagen internacional de Nicolás Maduro y sus colaboradores. Los órganos de seguridad a su servicio han cometido todo tipo de abusos y delitos contra los Derechos Humanos en Venezuela.
Torturas, asesinatos, persecuciones a los familiares, abogados defensores y activistas de derechos humanos, centros clandestinos para reclusión, maltratos, mutilaciones, descargas eléctricas, batazos y detenciones sin cargos ni fórmulas de juicio. Al parecer no hay una modalidad lúgubre que bajo el mandato de Maduro el Estado venezolano no haya puesto en práctica.
La escala y la coordinación de los crímenes son aterradoras y, según este nuevo informe, los abusos y crímenes perpetrados por las Operaciones para la Liberación de Pueblo (OLP) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) no responden a excesos y corrupción policial o a un diseño inadecuado de seguridad pública como lamentablemente suele ocurrir en buena parte de América. Son parte de una política de Estado.
El informe denuncia la existencia de una cadena de mando con nombres específicos del alto gobierno dando órdenes y coordinando acciones.
Todo viene a ratificar las denuncias que por años han efectuado organizaciones de la sociedad civil venezolana dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos como el Foro Penal, Provea y Redes de Ayuda, entre otras.
Así, por ejemplo, las OLP efectuadas en los barrios más pobres de Venezuela, sólo en los años 2015 y 2017, dejaron un saldo de más de 8.280 ejecuciones extrajudiciales, según la denuncia sustanciada por la fiscal Luisa Ortega Díaz, designada como tal por la mayoría chavista de la Asamblea Nacional y luego destituida por la Constituyente de Maduro. Tres veces el número de desaparecidos por la dictadura militar chilena en 17 años.
Uno de los informes anteriores de Bachelet registra que en 2018 ocurrieron 5.287 muertes por “resistencia a la autoridad” en Venezuela en el curso de sus operaciones.
Las FAES han venido ejerciendo en Venezuela todos los elementos característicos de una guerra sucia contra la población civil en el marco de una política de terrorismo de Estado. ¿Qué lógica ha habido detrás de esa política? Sembrar el miedo entre la población más pobre y prevenir así protestas de carácter político.
Por su parte, este informe de la misión independiente designada por la CDH asegura que la estrategia del gobierno de Maduro por medio del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ha buscado deliberadamente desarticular a la oposición.
El costo político
La maquinaria de propaganda del régimen de Maduro ya empieza a armar su defensa asegurando que todo es parte de una campaña imperial contra Venezuela. Esta coartada bastante trillada se basa en ocultar que Colombia, por ejemplo, tiene un expediente de violación de Derechos Humanos en Naciones Unidas, y que el gobierno de transición en Bolivia ha sido criticado por actos recientes por el mismo organismo.
También se va a pretender pasar por alto el escandaloso hecho mediante el cual Maduro se incriminó a sí mismo. Personalmente desafió los gravísimos señalamientos hechos por la comisionada Bachelet en su último informe sobre Venezuela, cuando en la televisión oficial defendió y felicitó, con un “viva el FAES”, a sus siniestras Fuerzas de Acciones Especiales.
Como se puede apreciar, Maduro se ha ido cercando con sus propias acciones y ha ido arrastrando con él a los mandos militares y policiales. Este tipo de informes y estas denuncias no se detendrán. Cada vez serán de mayor alcance y gravedad. Y sí, tendrán un costo político. El costo que todos los regímenes autoritarios siempre intentan evitar tapando los hechos. Consecuencias que Luisa Ortega Díaz previó hace tres años, razón por la cual se bajó del autobús de Maduro.
En Chile, Argentina, Uruguay, y toda Europa Oriental, el activismo por la defensa de los Derechos Humanos fue un factor importantísimo en el camino que llevó a la liberación política y a la transición a la democracia de esos países, durante los años 80 del siglo pasado. Es el mismo camino que va transitando Venezuela.
