Daniel Gómez (ALN).- La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana “son responsables del uso excesivo de fuerza” en las manifestaciones. A las Fuerzas de Acciones Especiales las llegan a identificar como “escuadrones de la muerte”. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar detienen arbitrariamente, maltratan y torturan…
El informe sobre Venezuela elaborado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organismo presidido por Michelle Bachelet, alerta sobre “la militarización de las instituciones del Estado”. Militarización alentada por políticas del régimen de Nicolás Maduro, como el “estado de excepción” decretado en mayo de 2016, y el Plan Zamora de 2017.
En esta línea, el informe Bachelet identifica el aparato de seguridad del régimen. Está compuesto por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Como apunta el informe, todos estos organismos han cometido alguna violación de derechos humanos. “La GNB y la PNB han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014. Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC. Los servicios de inteligencia (SEBIN y DGCIM) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares”.
El informe hace una mención especial a los colectivos. Los define como “grupos armados civiles progubernamentales” y dicen que contribuyen al aparato de seguridad de Maduro “ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia”.
El Alto Comisionado advierte que durante “al menos una década”, el chavismo ha aplicado leyes y políticas que “han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional”.
Todo un esquema destinado a “neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as político/as y críticas al Gobierno”. Una tendencia que, agrega, ha aumentado desde 2015, cuando la oposición ganó las elecciones en la Asamblea Nacional. Este triunfo, dice el informe, “llevó a un incremento de la represión selectiva de la oposición política y a una restricción incesante del de por sí limitado espacio democrático”.
La policía de Maduro siembra el miedo en las manifestaciones
Los cuerpos anteriormente citados son los que han estado empleando la represión. El informe Bachelet pone ejemplos concretos. Los más recientes se produjeron este 2019, con las masivas movilizaciones convocadas por Juan Guaidó.
“En el contexto de ciertas protestas políticas, la GNB, la PNB, las FAES y algunas policías estatales y municipales presuntamente hicieron un uso excesivo de la fuerza de manera deliberada, con la finalidad de infundir miedo y desalentar futuras manifestaciones”, apunta el informe.
Entre enero y mayo, el régimen de Maduro reportó 29 muertos en las manifestaciones. La Oficina de Bachelet, en cambio, registró 66. “Muchas personas manifestantes fueron detenidas arbitrariamente, así como maltratadas o torturadas. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo allanamientos ilegales de domicilios en contra de manifestantes”.
Trato “cruel, inhumano o degradante” de los servicios de inteligencia
Mientras la policía de Maduro siembra el miedo en las manifestaciones, en los calabozos, los servicios de inteligencia, “especialmente el DGCIM y el Sebin”, torturan. De forma “cruel, inhumana” y “degradante”.
El informe presenta algunas de estas torturas: “La aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”.
La Oficina de Bachelet aclara que estas prácticas no son aisladas. “Los servicios de inteligencia recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas”.
Mientras esto ocurre, el fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, se olvida de aplicar justicia y recurre a la política, tal como se denuncia en el informe.
“Los escuadrones de la muerte”
En las entrevistas que realizó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos hubo personas que hablaron de la existencia de un “escuadrón de la muerte”, también conocido como “grupo de exterminio”. Son las FAES, “responsables de centenares de muertes violentas”, advierte el informe.
A principio de 2018, el régimen creó las FAES para combatir el narcotráfico y otras organizaciones criminales. Parece que su función está siendo otra. Luego de conocer el testimonio de los familiares de los 20 jóvenes asesinados por las FAES entre junio de 2018 y abril de 2019, el informe de la ONU pudo establecer su forma de operar:
Dicen que conducen camionetas negras, sin placas de matrícula, con las que bloquean los accesos a ciertas zonas. Sus unidades visten de negro, sin ninguna identificación personal y se cubren el rostro con pasamontañas. También llevan armas largas.
“Las familias de las víctimas describieron cómo las FAES irrumpieron en sus hogares, se apoderaron de sus pertenencias y ejercieron violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada. Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles. Según sus familiares, casi todas las víctimas habían recibido uno o más disparos en el tórax”, describe el informe.
Manipulación y ejecuciones extrajudiciales
Agregan los testigos que luego de cometer estas irregularidades, las FAES manipulan las escenas del crimen plantando armas y drogas. También disparan contra las paredes y al aire para simular tiroteos y justificar que la víctima se ha “resistido a la autoridad”.
¿Qué pasa con esto? Que el número de “muertes por resistencia a la autoridad” es “inusualmente alto”, tanto que muchas de esas muertes pueden “constituir ejecuciones extrajudiciales”.
En 2018, el régimen registró 5.287 muertes violentas en esa categoría y 1.562 entre enero y mayo de 2019. Por su parte, el Observatorio Venezolano de la Violencia notificó por lo menos 7.523 muertes de este tipo en 2018, y 2.124 en los cinco primeros meses de este año.
