Daniel Gómez (ALN).- El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presidido por la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, acaba de presentar el informe sobre Venezuela. Un informe que insta al régimen de Nicolás Maduro “a tomar medidas inmediatas y concretas para detener y remediar las graves violaciones de los derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales documentados en el país”. Violaciones que van desde la tortura, la represión, y hasta violaciones sexuales.
Luego de que Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, visitara Venezuela hace dos semanas. Luego de que su Oficina realizara 558 entrevistas en nueve países entre enero de 2018 y mayo de 2019. Entrevistas hechas a venezolanos “víctimas de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica”. Luego de todo esto, Bachelet tiene su informe, y dice lo siguiente:
– Se afirma que, en la última década, y especialmente desde 2016, el Gobierno venezolano [controlado por el chavismo y por Nicolás Maduro desde 2013] y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.
¿Cómo han hecho esto? Con “un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos”. ¿Cuáles violaciones?
– Tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, así como el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, apunta el informe.
– Los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. La Oficina ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del gobierno o a los colectivos, agrega.
También se lee que “la proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada”.
Citando cifras del gobierno, la ONU advierte que en 2018 hubo 5.287 muertes por supuestamente presentar “resistencia a la autoridad”. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas oficiales. “Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”.
El informe precisa que, hasta el 31 de mayo de 2019, “había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres”, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido el presidente, Juan Guaidó, han sido despojados de la inmunidad parlamentaria.
“Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”, comentó Bachelet en el informe.
“Un sacerdote católico me dijo en Caracas: ‘No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente’. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho”, agregó.
En el informe también se habla de la grave situación económica. De cómo esta impacta en el bolsillo de los venezolanos, y también en el estado de los hospitales. “Los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos”.
En el informe se cita a la Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019. Dice que de noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros.
¿Y qué dice sobre la libertad de expresión? Que en los últimos años el régimen “ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional con su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”.
¿Y sobre las sanciones? Que “la economía de Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores”. No obstante, advierte que “las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando aún más los efectos de la crisis”.
