Antonio José Chinchetru (ALN).- La justicia alemana no dijo que Carles Puigdemont no haya incurrido en un delito de rebelión, pero dictaminó que no es equiparable al de alta traición contemplado en el Código Penal germano. Unas sutilezas que cuentan poco en la lucha que el independentismo catalán mantiene contra las instituciones españolas por ganarse a la opinión pública internacional.
La decisión del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein (Alemania) rechazando la extradición de Carles Puigdemont por un delito de rebelión es un torpedo en la línea de flotación a la imagen internacional de España frente al independentismo catalán. El daño se acrecienta debido a la puesta en libertad provisional del expresidente fugado. Otorga además nuevos bríos al separatismo, que estaba necesitado de victorias simbólicas tras meses en los que ha sido incapaz de llegar a un acuerdo entre sus principales formaciones políticas para investir un nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña.
Desde el separatismo se ha mostrado la decisión del tribunal alemán como una victoria. Diferentes líderes independentistas han mostrado su satisfacción. El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, publicó un tuit que tan sólo mostraba una cara sonriente. Sergi Sabrià, diputado de ese mismo partido, afirmó en la misma red social: “Nunca ha habido violencia y hoy también lo dijo la justicia alemana. El delito de rebelión es inexistente”. Este argumento ha sido repetido por muchos políticos y partidarios del secesionismo.
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— Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 5 de abril de 2018
Una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que firma en Twitter como LuisamarGG, desmintió este extremo: “El tribunal alemán no niega que haya violencia, sino que dice que la ejercida no es suficiente para doblegar a los órganos del Estado, porque en la doctrina alemana la violencia requerida en la alta traición precisa que se ejerza contra las instituciones, no contra terceros”.
Tsevan Ratvan: “El tribunal alemán no juzga hechos (no analiza si son ciertos o falsos), sino si los hechos que le narra el juez que requiere (el español) son delito allí”
Tal como señala en Twitter el abogado Juan José Areta, que firma con el pseudónimo de Tsevan Ratvan, “el tribunal alemán no juzga hechos (no analiza si son ciertos o falsos), sino si los hechos que le narra el juez que requiere (el español) son delito allí”. En otro mensaje, el mismo jurista insiste: “El juez alemán no discute los hechos que le remite Llarena –el magistrado español que activó la euroorden–. Lo que hace es analizar esos hechos y ver si para él eso cumple la exigencia del tipo de delito supuestamente equivalente en Alemania”.
Poco margen de maniobra para la justicia española
Las sutilezas jurídicas son claves para el futuro procesal de Carles Puigdemont, pero quedan en un segundo plano en el enfrentamiento político y en la lucha por ganarse la opinión pública internacional. Y en este sentido, el Gobierno y las demás instituciones españolas han sufrido un importante golpe, el más grave desde la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre del año pasado. Las opciones que se abren a partir de ahora dificultan que España logre mejorar en esta materia.
La Fiscalía alemana ve difícil recurrir la decisión del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein
Según ha informado la prensa española citando a la agencia EFE, la Fiscalía alemana ve difícil recurrir la decisión del juzgado de Schleswig-Holstein. El Tribunal Supremo español está barajando la posibilidad de aceptar la situación y limitarse a pedir la extradición tan sólo por el delito de malversación, equivalente al de corrupción en el Código Penal germano, según han informado El Español y El País, lo que puede implicar una pena de hasta 12 meses de cárcel.
Eso crearía la paradoja de que Puigdemont sería juzgado por ilícitos de menor gravedad que aquellos por los que pueden ser procesadas personas con menor responsabilidad que él pero que no huyeron al extranjero.
El juez Pablo Llarena tiene una posibilidad de evitar esa situación. Podría retirar la euroorden contra Puigdemont para activarla de nuevo si este viaja a un país donde el Código Penal presente mayores similitudes con el español. Esta opción se presenta como poco probable, puesto que dañaría todavía más la imagen de España debido a que ya se hizo cuando la justicia belga aclaró que tan sólo extraditaría al expresidente catalán por corrupción. Repetir la estrategia daría la sensación de poca seriedad por parte de los tribunales españoles.
