(EFE).- El Gobierno español destinará 50.000 viviendas de la sociedad pública Sareb a alquiler social y asequible, de las que 15.000 se levantarán en suelo cedido por esta entidad.
De las otras 35.000, en torno a 14.000 están ocupadas, y se ofrecerá a sus habitantes un arrendamiento social para evitar desalojos, y 21.000 se pondrán a disposición de gobiernos regionales y ayuntamientos para su venta.
El plan aprobado este martes es parte del compromiso de impulsar 100.000 viviendas con arrendamientos asequibles, que necesitan principalmente jóvenes y familias precarias.
Atiende, además, al objetivo «fundamental» de «reconstituir» el parque público de viviendas, «destruido por gobiernos anteriores», incidió la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en rueda de prensa. Consta actualmente de 300.000 unidades, un 3 % del total, pero la media de la Unión Europea es del 9 %.
El líder de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijoo (Partido Popular), que pide un pacto de Estado, reprochó que el 40 % de las viviendas anunciadas hoy están ocupadas o son solares; y el resto están inacabadas o donde no hay demanda.
PRECIOS DESORBITADOS
España, un país de 47,4 millones de habitantes, sufre un grave problema de vivienda asequible, tanto en propiedad como de alquiler.
El coste del alquiler batió récord en el primer trimestre de este año, cuando creció un 9,7 % en comparación con igual periodo de 2022, según el portal inmobiliario Fotocasa. Lo atribuye a la reducción de la oferta, pero también a una demanda muy fuerte.
La compra venta creció un 6,1 % en 2022, y los precios se encarecieron un 7,2 %, según los datos de los notarios, pese al incremento de los intereses de los préstamos hipotecarios.
El valor de las casas se desplomó en España a partir de 2008, cuando estalló la crisis financiera y, con ella, la burbuja inmobiliaria, después de años y años de subida constante y desorbitada de precios.
Varias entidades financieras públicas quebradas tuvieron que ser rescatadas por el Estado debido, entre otros motivos, a los impagos de miles de créditos para la construcción y compra de casas.
La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) absorbió esas propiedades, con un coste en deuda pública.
El mercado inmobiliario permaneció estancado largo tiempo y comenzó a recuperarse con altibajos, hasta acelerarse en los últimos tiempos, en coincidencia con una inflación elevada.
Hace un año, el Gobierno decidió, con el respaldo del Congreso, limitar temporalmente a un 2 % la subida anual de los arrendamientos.
Esto no impide la subida de precios de los contratos nuevos de alquiler y la oferta, además, se ha contraído porque muchos propietarios han aprovechado para vender o han preferido retirarse del mercado, según fuentes del sector.
El Congreso debate un proyecto de ley que prevé limitar la subida de precios de los arrendamientos a un 3 % en 2024. La patronal empresarial cree que es una medida «populista» que no tendrá los efectos deseados.
