Ysrrael Camero (ALN).- Las bancadas del PSOE y de Unidas Podemos presentaron una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la que pretenden variar la manera en que el Congreso designa a los vocales que conforman el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sustituyendo la requerida mayoría calificada por una mayoría simple.
Con la propuesta del PSOE y de Unidas Podemos (UP) el gobierno de Pedro Sánchez pretende salvar el bloqueo del Partido Popular (PP) que impide la renovación de poderes, que hemos tratado en un artículo previo; sin embargo, ha generado preocupación, no sólo entre expertos españoles, sino también en los espacios europeos.
La reforma consistiría en permitir que seis de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos con mayoría simple, en segunda votación, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Esta segunda votación se realizaría 48 horas después de una primera, donde estos no obtuvieran la mayoría de tres quintos.
Evidentemente, el gobierno de coalición no puede obtener, con la configuración actual del Parlamento, la mayoría calificada, pero sí podría, con mayoría absoluta, designar a los vocales. Una mayoría de tres quintos obligaría al PSOE y al PP a pactar, pero una mayoría simple también requeriría que el PSOE negociara y acordara, no sólo con Unidas Podemos, sino también con otras fuerzas, incluyendo a los nacionalistas catalanes. Todo esto está muy atado a la coyuntura presente, siendo ese énfasis táctico en la contingencia lo que marca las dimensiones del error, porque haría vulnerable al CGPJ a los vaivenes de mayorías circunstanciales en un sistema político que se ha fragmentado, tornándose crecientemente volátil.
Un mandato constitucional: ponerse de acuerdo
La independencia del Poder Judicial es una de las claves del sostenimiento de la democracia, porque es lo que hace posible la existencia del Estado de derecho. Pasar de una mayoría calificada a una simple para designar a su órgano rector puede ser percibido como un ataque contra la independencia judicial y contra la vigencia del Estado de derecho. Es una muy mala imagen la que proyectaría España, que es una de las democracias más avanzadas del mundo.
La designación parlamentaria tiene la lógica de que este cuerpo, las Cortes, es la representación plural y democrática de los españoles, y que el funcionamiento del Estado deriva de la soberanía popular. Pero, al establecer la misma Constitución de 1978, en su artículo 121, que los vocales debían ser designados por las Cortes “por mayoría de tres quintos de sus miembros”, ya marcaba una dirección, obligaba a la construcción de amplios consensos que le otorgaran a los designados una legitimidad que superara a la del gobierno de turno.
Este tipo de mayorías calificadas también representa una exigencia a los diputados, se requiere de ellos la disposición al diálogo y a la negociación, voluntad política que es escasa en la España del año 2020. Acá la responsabilidad recae entonces en un Partido Popular que ha decidido impedir cualquier renovación, sin importar que los períodos estén vencidos, en un ejercicio de intransigencia que sólo busca apostar a una ganancia posterior.
Pablo Casado y Pedro Sánchez estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo durante el verano, pero los acuerdos colapsaron y el Partido Popular ha establecido un veto que parece inamovible. Exigirle al gobierno excluir de la negociación a Unidas Podemos constituye una pretensión irracional, desde un punto de vista estrictamente político, por lo que trasluce que la apuesta popular es esperar a las nuevas elecciones generales para renovar los poderes cuando tengan mayor fuerza parlamentaria.
Otra relación tensa
Esta iniciativa viene precedida por varios momentos de tensión con la cúpula del Poder Judicial. El magistrado Carlos Lesmes, quien preside el CGPJ, demostró su incomodidad, primero por la no renovación del cuerpo, y luego por la negativa del gobierno a permitir la presencia del rey Felipe VI en el nombramiento de los jueces en Barcelona.
Varias asociaciones de jueces han levantado su voz contra esta reforma, desde la Asociación Profesional de la Magistratura hasta la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, quienes han vuelto a reclamar la despolitización del proceso de selección del cuerpo que gobierna a los jueces.
Incluso la asociación Juezas y Jueces por la Democracia, que ha criticado el bloqueo del PP a la renovación, ha alertado que esta reforma podría ser aprovechada a futuro por nuevas mayorías para imponer su voluntad, demandando una clarificación de las competencias del actual CGPJ.
Perder en todos los escenarios
Sin embargo, acá el gobierno acaba de cometer un error a varios niveles. La decisión de romper la regla de la mayoría calificada puede ser un costoso fallo para Pedro Sánchez, interno y externo.
Su prestigio frente a las instituciones europeas puede resultar malogrado, al coincidir esta iniciativa con los procesos de autocratización de Polonia y de Hungría, cuyos gobiernos han avanzado en el control del Poder Judicial con reformas similares. La Asociación Europea de Jueces ya expresó su preocupación por la reforma, llegando a alertar por lo que puede ser considerado un ataque a la independencia del Poder Judicial.
Es probable que una reforma de este tipo no soporte una demanda por inconstitucionalidad, lo que llevaría a una nueva derrota para el gobierno, que apenas lograría colocar los nuevos vocales, con mayoría simple, pagando un costo alto.
De este modo, no más empezar el gobierno pierde en todos los escenarios con esta propuesta, el PP no está en la disposición de volver a negociar, y si la iniciativa es retirada el gobierno queda vulnerable a los ataques de la derecha. En caso de que la propuesta sea aprobada, será bloqueada en tribunales, y el gobierno vuelve a perder aunque pueda incorporar a los nombrados.
Los costos de la intransigencia
Unos poderes que tienen dos años de bloqueo representan un alto costo para el funcionamiento de los instrumentos constitucionales de España. La deriva de conflictos y escaramuzas políticas, así como el dominio de la intransigencia y la pérdida del imprescindible ánimo de convivencia, tienen un impacto negativo en la calidad institucional.
Una democracia no se sostiene sólo a partir de sus instituciones formales, reglamentadas en la Constitución y en las leyes, sino sobre todo en la existencia de un conjunto de instituciones informales, incluyendo los pactos y acuerdos transversales que impiden bloqueos y vetos. Estas son malas señales.
