Daniel Gómez (ALN).- La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el partido del presidente, Daniel Ortega, aprobó este lunes la cadena perpetua contra quienes cometan “crímenes de odio”. Otra norma ambigua que se suma al armero legal que está tejiendo el sandinismo para neutralizar a la oposición de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre.
Poco pudieron hacer los diputados opositores de Nicaragua para evitar que los 70 parlamentarios sandinistas aprobaran este lunes otra ley que se entiende como un ataque a las libertades y los derechos de quienes critican al gobierno de Daniel Ortega.
En esta ocasión, el Frente Sandinista de Liberación Nacional aprobó una reforma constitucional para aprobar la cadena perpetua contra aquellos que “cometan crímenes de odio”.
¿Y qué son los crímenes de odio?
En el texto jurídico se definen como “delitos graves en circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”.
El documento también precisa que la ley debe ser aplicada como “una excepcionalidad”, y que la decisión quedará a criterio del gobierno de Daniel Ortega.
“La norma aprobada promueve una cultura de paz y no violencia”, dijo la diputada sandinista Irma Dávila.
“La ley contribuirá a la construcción de un marco jurídico preventivo porque va a disuadir a quienes asesinan mujeres y también reafirma que Nicaragua no quiere crímenes de odio”, agregó la también sandinista Maritza Espinales, primera vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
“Un instrumento más para la represión”
Desde sectores críticos al gobierno, no obstante, tienen otro punto de vista.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, advirtió ante el diario La Prensa que la cadena perpetua contra crímenes de odio es “un instrumento más de represión para el pueblo”.
Sostuvo que las circunstancias para juzgar un crimen de odio “son ambiguas”. Confusas. De ahí que el principal temor sea que la cadena perpetua la use el gobierno para intimidar a opositores y críticos.
Por otro lado, aclaró que “una norma constitucional no se puede aplicar penalmente” siempre y cuando no se “reforme primero el Código Penal”.
En cualquier caso, insistió en que la ley “es un retroceso grave en materia penal” porque “profundiza la represión que se ejerce mediante el sistema penal en contra de los derechos humanos”.
Las armas legales de Ortega
La situación de libertades y derechos de los nicaragüenses se está viendo golpeada por las últimas decisiones de la Asamblea Nacional. Con la imposición de la cadena perpetua para crímenes de odio, son cuatro las leyes con las que Ortega está neutralizando a la oposición:
– Ley de Agentes Extranjeros.
– Ley contra el Ciberdelito.
– Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz.
– Reforma del artículo 37 de la Constitución para imponer cadena perpetua contra crímenes de odio.
La Ley de Agentes Extranjeros entró en vigencia en octubre de 2020. También conocida como “ley Putin”, obliga a organizaciones, fundaciones, medios de comunicación, empresas y cualquier asociación que reciba dinero del exterior a registrarse como un “agente extranjero” ante el Ministerio de Gobernación para dar cuenta de cada uno de sus gastos. Además, a los “agentes extranjeros” se les prohíbe intervenir en cuestiones de política interna ya que, si lo hacen, pueden ser sancionados penalmente. En su día, la Alianza Cívica de Nicaragua, el principal bloque opositor, apuntó que la “ley Putin” criminaliza a los organismos que reciben dinero del exterior y que viola los derechos humanos y constitucionales.
La Ley contra el Ciberdelito se aprobó también el pasado octubre. Conocida como “ley mordaza”, castiga con cárcel a personas y entidades que difundan “noticias falsas” por medios de comunicación o redes sociales. “Noticias falsas”, por supuesto, a criterio del gobierno de Ortega.
La tercera norma se aprobó a comienzos de enero de 2021 y la oposición la rebautizó como “ley guillotina”. Esta impide presentarse a las elecciones a los opositores acusados de “traición a la patria” o “golpismo”. Calificativos que emplea el gobierno contra todos aquellos que piden sanciones contra funcionarios sandinistas o son críticos con las acciones de Ortega.
Por último, la imposición de la cadena perpetua por crímenes de odio se convierte en la guinda del armero legal que el sandinismo ha construido contra la oposición. Una oposición que se ha venido organizando, y que, pese a todas las restricciones impuestas desde el gobierno, aspira a dar batalla en las elecciones generales del próximo 7 de noviembre.
En este sentido, la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antaño una escisión del sandinismo, lanzó este domingo una propuesta de unidad contra Ortega de cara a los comicios de final de año.
“La suma de todas las energías, la unidad de todas las fuerzas, es lo que puede hacer la diferencia. Unidad para abrir las cárceles, para abrir las fronteras para el retorno seguro de las personas exiliadas, para lograr elecciones limpias y transparentes, para derrotar al régimen que nos oprime”, dijo la presidenta de Unamos, Suyen Barahona, en un mensaje publicado en redes sociales.
