Daniel Gómez (ALN).- El gobierno de Nicolás Maduro bloquea la entrada a Venezuela de personal sanitario enviado por Médicos Sin Fronteras, al tiempo que lanza una ofensiva judicial, militar y financiera contra ONGs como Alimenta la Solidaridad y Convite. Por si no fuera suficiente, se espera que la nueva Asamblea Nacional imponga medidas que limiten el financiamiento de los organismos del país, incluidos los de ayuda humanitaria.
“Las autoridades venezolanas están demostrando que les importa más reprimir a su gente que ayudarla”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW) en un reciente informe.
En el documento, HRW evidencia por qué el gobierno de Nicolás Maduro le está haciendo la vida imposible a las ONGs de ayuda humanitaria que intentan trabajar en Venezuela para aliviar la pandemia del coronavirus.
Desde el Palacio de Miraflores no sólo están bloqueando las operaciones, denuncia HRW, sino que están deteniendo, acosando y enjuiciando a trabajadores y activistas de las ONGs.
“La comunidad internacional necesita presionar fuerte y urgentemente a las autoridades venezolanas para que permitan que los grupos humanitarios venezolanos e internacionales operen y para evitar más pérdidas de vidas prevenibles”, agregó Vivanco.
Allanamiento a Convite
El 15 de diciembre allanó Convite un grupo de agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), también definidas como “el escuadrón de la muerte” en el informe sobre derechos humanos que maneja la ONU.
Convite es una ONG que monitorea los derechos de las personas mayores en Venezuela. También ofrece apoyo directo a 4.500 personas en varios estados del país. Pero para las FAES forma parte de un operativo terrorista que usaba explosivos y armas.
Con esa excusa los agentes allanaron oficinas, incautaron tres ordenadores, dos móviles y se llevaron presos al director, Luis Francisco Cabezas, y a la gerente administrativa, Patrizzia Latini. Los policías nunca presentaron el expediente penal, y aunque finalmente liberaron a Cabezas y Latini, los interrogaron durante horas.
Este fue el último de otros muchos casos contra ONGs de ayuda humanitaria en Venezuela.
El bloqueo a Médicos Sin Fronteras
El pasado 24 de noviembre el personal de Médicos Sin Fronteras se retiró del hospital Ana Francisca Pérez de León II, en Petare, uno de los barrios más pobres de Caracas. Allí estaban trabajando desde marzo, cuando se declaró la pandemia.
En el hospital la organización habilitó una sala de hospitalización, donaron material sanitario y se pusieron al frente de una unidad de cuidados intensivos. En total atendieron a más de 3.500 personas con un equipo de 150 profesionales (médicos, epidemiólogos, enfermeros, psicólogos, higienistas…) al tiempo que brindaron apoyo financiero a 100 empleados directos del hospital. Pero tras siete meses no pudieron más.
El problema fue que el gobierno de Maduro aplicó “restricciones de entrada al personal especializado” de la organización, lo que imposibilitó que este llevara a cabo las actividades esenciales para la atención de pacientes con covid-19, explicó Isaac Alcalde, coordinador de Médicos Sin Fronteras en Venezuela.
“Llevamos meses buscando posibles alternativas que nos hubieran permitido evitar llegar a este resultado, pero no es posible que sigamos trabajando con el hospital Pérez de León II”, agregó Alcalde en un comunicado.
Contra Save The Children
El 23 de noviembre, un día antes de que Médicos Sin Fronteras anunciara su marcha, la Fiscalía General dictó una orden de detención contra seis colaboradores de la asociación benéfica Alimenta la Solidaridad, entonces socio local del grupo internacional Save The Children.
Esta ONG -que administra 239 comedores populares que proporcionan alimentos a 25.000 niños y entregaba 1.500 comidas diarias gratuitas a los sanitarios que brindaban asistencia- recibió cargos de blanqueo de capitales y pertenencia a una asociación ilícita.
El expediente penal es un secreto, no así las actuaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Un día después del dictamen de la Fiscalía, un grupo de agentes allanó las oficinas de Alimenta la Solidaridad en Caracas, en un operativo similar al de Convite.
A esto se suma lo ocurrido el 20 de noviembre. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), lanzó dos ofensivas contra Alimenta la Solidaridad. Por un lado, congeló sus cuentas bancarias impidiéndole acceder a los fondos para las actividades humanitarias. Por otro, restringió el uso de tarjetas de prepago en dólares con las que pagaba a sus empleados.
Miedo a la nueva Asamblea Nacional
El problema para Venezuela es que la situación de las ONGs todavía puede empeorar. HRW llama la atención sobre las amenazas del número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
Cabello, diputado electo para la Asamblea Nacional que tomará posesión este martes 5 de enero, “ha amenazado repetidamente con introducir medidas que regulen el financiamiento internacional para organizaciones en el país”.
Por todo esto, HRW apunta: “Las autoridades venezolanas también están obligadas en virtud del derecho internacional a respetar, promover y cumplir los derechos económicos, sociales y culturales de las personas en Venezuela, incluido su derecho a un nivel de vida adecuado, alimentación y el más alto nivel posible de salud”.
