Daniel Gómez (ALN).- “Ante la imposibilidad de derrocar al gobierno bolivariano, los agresores contra Venezuela coordinan sus acciones mediáticas. Artículos del The New York Times y otros medios, así como un infame informe de Human Rights Watch, buscan nuevamente aumentar la presión intervencionista”. Eso dice el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza. ¿A qué se refiere?
La guerra entre la Fuerza Armada de Venezuela y un grupo irregular de la frontera con Colombia acumula más de un mes. En este tiempo, la desinformación se ha impuesto ante las versiones parcializadas que llegan desde uno y otro lado, así como el oscurantismo con el que se trata la información.
El bando oficialista no ha ofrecido un relato certero del conflicto. Habla de grupos paramilitares financiados por la oligarquía colombiana, sin aportar pruebas. Lo mismo ocurre desde la oposición más radical en Venezuela, que asegura que el conflicto es culpa únicamente de Nicolás Maduro por amparar a las guerrillas de izquierda en su territorio.
Mientras se echan culpas de uno y otro bando, la realidad se impone.
Los combates han provocado el desplazamiento de 6.000 venezolanos al departamento colombiano de Arauca, y lo más trágico: la muerte de civiles, guerrilleros y militares por culpa del conflicto.
Con el fin de arrojar luz, la ONG Human Rights Watch (HRW) y reporteros del The New York Times recolectaron testimonios de civiles en las zonas de conflicto con el fin de descifrar lo que ocurre en la frontera.
Los testimonios de HRW
En el reporte de Human Rights Watch se leen testimonios que justifican “atrocidades” cometidas por militares venezolanos.
“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro. Las investigaciones internacionales de estos crímenes son fundamentales ante el volumen creciente de evidencias que implican a los agentes que han cometido abusos, así como a los comandantes y altos funcionarios que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría durante estos operativos”, apuntó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Cuando Vivanco habla de evidencias se refiere al testimonio de Emir Remolina.
Emir Remolina, de 26 años, es hijo de Luz Dey Remolina y Emilio Ramírez, muertos por heridas de bala en la frontera con Colombia el pasado 25 de marzo.
Emir Remolina cuenta que el día en que mataron a sus padres pasó por su vivienda en la mañana. Allí los vio, tranquilos, en buen estado. Pero en la tarde comenzó a inquietarse, pues advirtió que había muchos agentes de las fuerzas de seguridad en las calles, así como francotiradores en los techos.
Por la preocupación intentó varias veces llamar a sus padres por teléfono. Nunca le respondieron. Más tarde acudió a su casa. No había nadie allí, pero sí señales sospechosas: artículos domésticos destruidos, otros desaparecidos, una motocicleta que no estaba…
¿Qué había pasado?
“Los vecinos le dijeron que agentes de las FAES se habían llevado vivos a sus padres, con las camisetas cubriéndoles la cabeza, y los habían subido a un tanque blindado.Varias horas después, Emir vio mensajes y fotografías que circulaban en grupos de WhatsApp informando que las FAES habían matado a una familia en una finca cerca de la zona rural de El Ripial, aproximadamente a 1,5 kilómetros de donde vivían sus padres. Las imágenes, a las cuales tuvo acceso Human Rights Watch, mostraban los cuerpos en el suelo, boca arriba y con armas cerca de las manos. Emir los reconoció como los cuerpos de sus padres, su hermano y su tío”, se lee en el informe.
Pero el caso no termina aquí. Después de la muerte de los padres de Emir, las autoridades venezolanas informan haber “neutralizado” a seis guerrilleros en El Ripial, sin aportar más datos.
¿Eran guerrilleros los padres de Emir?
“Al menos 13 personas de La Victoria dijeron a Human Rights Watch que los familiares de Emir no eran guerrilleros sino campesinos que habían vivido y trabajado allí por más de 15 años. Tres personas de El Ripial confirmaron que la familia no vivía ni tenía una finca en la zona donde se encontraron los cuerpos”, se lee en el informe, junto a otros testimonios que advierten de irregularidades por parte de los cuerpos de seguridad de Venezuela.
El reportaje del The New York Times
Casi en paralelo al informe de HRW, The New York Times publicó el domingo un reportaje sobre la situación en la frontera. Un texto que no habla de la guerra, sino de cómo los guerrilleros están llenando el vacío del Estado venezolano en esos territorios. Un vacío que podría explicar la situación actual.
El reportaje se titula “Grupos terroristas se instalan en Venezuela mientras crece la anarquía”. Lo firma Anatoly Kurmanaev, quien recorrió en marzo una de las regiones controladas por estos grupos irregulares, la Guajira venezolana.
En el texto se afirma que “criminales e insurgentes manejan extensas zonas del territorio de un país en caos”.
Kurmanaev explica que el grupo guerrillero colombiano ELN, catalogado de terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, a cambio de aportar estabilidad a las comunidades locales (mediando en disputas de la zona, disputas por territorios, divorcios, castigando ladrones), “se hizo cargo de las rutas de contrabando y narcotráfico de la zona”.
“Ahora hay una nueva ley. Me siento más segura”, dijo la ciudadana Magaly Báez, quien vio cómo antes de la llegada del ELN, los conflictos entre narcotraficantes y grupos irregulares provocaron la muerte de 10 de sus familiares.
El reportaje también cuenta el caso de la carretera interestatal que atraviesa Paraguaipoa hasta la frontera con Colombia. Ahí, “organismos de seguridad del gobierno tienen puestos de control: la policía estatal, la policía nacional, la agencia de inteligencia, la guardia nacional y el ejército”. Puestos que “usan para extorsionar a los comerciantes y a los emigrantes que intentan escapar de Venezuela, lo que no hace más que aumentar la desconfianza en el gobierno”.
Se lee también que, a pocos pasos de esa carretera, “la presencia del Estado se evapora. El ELN y otros grupos armados controlan los innumerables caminos de tierra que serpentean hacia la porosa frontera, y el contrabando que circula por ellos”.
“Tenemos que lidiar con quien esté, esta es nuestra realidad”, dice a The New York Times Fermín Ipuana, funcionario de transporte en la Guajira.
“Aquí no hay confianza en el gobierno, sólo extorsiona. La gente busca ayuda en otro lado”, agregó.
La respuesta del gobierno de Maduro
Ninguno de estos reportes sentó bien al gobierno de Nicolás Maduro. Hasta el punto de que este martes, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, advirtió de “una campaña de calumnias” para justificar una invasión a Venezuela.
“Denunciamos otra campaña de calumnias del The New York Times contra Venezuela. Mientras la Fuerza Armada Nacional Bolivariana enfrenta a grupos colombianos terroristas, este medio aplica las mismas fórmulas con las que justificaron las invasiones a Irak y Libia y el reciente golpe en Bolivia”, dijo primero Arreaza en referencia al periódico estadounidense.
Luego agregó que “ante la imposibilidad de derrocar al Gobierno Bolivariano, los agresores contra Venezuela coordinan sus acciones mediáticas. Artículos del The New York Times y otros medios, así como un infame informe de Human Rights Watch, buscan nuevamente aumentar la presión intervencionista”.
Por último, concluyó afirmando que “esta campaña coincide con la confesión de miembros de la oposición golpista que, desde EEUU, han aceptado que se desarrolla una guerra híbrida contra Venezuela con el fin de generar caos y violencia”.
