(EFE).- El Gobierno de Venezuela hace lo posible por ignorar a la Misión Internacional Independiente que creó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para establecer el patrón de los abusos en este país y se ha negado a contestar 17 cartas que ésta envió directamente a las más altas autoridades pidiendo autorización para entrar en su territorio.
«No hemos tenido ninguna respuesta ni a las cartas enviadas al representante de Venezuela (ante la ONU) en Ginebra ni a las enviadas directamente a los representantes del Estado, sea el presidente Maduro, el fiscal general y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia», dijo este viernes, en declaraciones a Efe, la presidenta de la Misión, la jurista portuguesa Marta Valiñas.
La misión -compuesta por Valiñas, el abogado chileno especializado en derecho penal Francisco Cox y la experta en derechos humanos argentina Patricia Tappatá- presentó hoy al Consejo de Derechos Humanos el último informe que ha elaborado y cuya principal conclusión es que el sistema de Justicia nacional ha jugado un papel importante «en la represión estatal de opositores», en lugar de proporcionarles protección cuando se violaron sus derechos.
MOTIVOS RAZONABLES
Ante el Consejo, Valiñas dijo que hay «motivos razonables» para creer que jueces, juezas y fiscales no cumplieron con su obligación de proteger a opositores contra arrestos arbitrarios y en ocasión ayudaron a que éstos se produzcan, dándoles sustento legal, ignorando casos evidentes de torturas o enviando a detenidos a lugares donde el riesgo de sufrir maltratos era alto.
«En ocasiones se dictaron órdenes de prisión preventiva en las instalaciones del SEBIN o de la DGCIM a pesar de la existencia de alegaciones sobre actos de tortura -o del serio riesgo de que pudieran ser cometidos- en dichas instalaciones», denunció la presidenta de la Misión.
Durante la sesión que el Consejo dedicó a Venezuela, el represente del gobierno ante la ONU en Ginebra, Héctor Constant, dijo que los denunciantes forman una «misión fantasma», que realizó su trabajo «a distancia» y que la información que presentó estaba «llena de falsedades».
GOBIERNO IMPIDE TRABAJO IN SITU DE LA MISIÓN
Valiñas recodó en sus declaraciones a Efe, tras finalizar la primera parte de la sesión, que si la Misión no ha podido ir a Venezuela es porque el Gobierno no lo ha permitido, pero la tecnología les permitió hacer entrevistas remotas y tuvieron acceso a numerosos expediente judiciales que analizaron en detalle.
«Toda esta información viene de adentro de Venezuela», recalcó.
El embajador venezolano también dijo en su intervención que la Misión ha recibido «millones de dólares» de países enemigos para funcionar, lo que Valiñas rechazó señalando que el presupuesto que este órgano colegiado tiene para hacer su trabajo proviene del sistema de Naciones Unidas y que ninguno de los miembros tiene detalles de qué países aportaron ni cuanto.
DELITOS SIN SANCIONES
» Además, los miembros (de la Misión) trabajamos de manera gratuita y no hay duda de que lo hacemos de manera totalmente imparcial e independiente de cualquier influencia política», enfatizó.
El abogado Francisco Cox comentó que no se han visto avances significativos en los casos analizados en el último informe porque cuando se hacen imputaciones se opta por delitos menos graves y cuando hay sanción, ésta no recae en todos los responsables, «sino solo en los mandos muy bajos».
«Así que si engarzamos el informe del año pasado y éste que acabamos de presentar, observamos que no hay una sanción a la política de Estado de aplastamiento de la oposición», concluyó.
IMPUNIDAD
Durante la sesión del Consejo, varios países manifestaron su apoyo a la Misión y pidieron al Gobierno venezolano que dé respuesta con los hechos al problema de la impunidad y de la interferencia del Ejecutivo en el Poder Judicial.
Las delegaciones Cuba, China, Rusia y Corea del Norte, entre algunas otras, respaldaron al Gobierno de Maduro y consideraron que este tipo de misiones investigadoras son una violación al principio de soberanía de los Estados.
La Misión presentará al Consejo de Derechos Humanos una actualización oral de sus investigaciones en su próxima sesión, de marzo de 2022.
