Ysrrael Camero (ALN).- Las declaraciones de Cristina Gallach, secretaria de Asuntos Iberoamericanos de España, coinciden con la instalación de un nuevo CNE plural en Venezuela. Se abre paso una convergencia entre la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos, y un sector de la oposición democrática venezolana, para impulsar una liberalización política concreta. La diplomacia española parece ser un actor esencial en este nuevo ejercicio de articulación, una arriesgada apuesta para acercarse a una solución pactada a la crisis.
La situación de estancamiento no beneficia la resolución de la crisis venezolana, mucho menos alimenta las posibilidades de una transición a la democracia, que luce lejana. El gobierno español, que reconoció la presidencia interina de Juan Guaidó y desconoció los resultados de las parlamentarias del 6 de diciembre, envió a su secretaria de Estado para Asuntos Iberoamericanos, Cristina Gallach, a Venezuela, en un momento clave.
La solución electoral de la crisis venezolana es el mínimo común denominador entre todos los actores, desde las fuerzas democráticas internas, el gobierno de Estados Unidos, la diplomacia europea, hasta las voces de los aliados internacionales de Nicolás Maduro. Siendo el único punto donde convergen ambos lados del conflicto, es normal que sea el espacio donde puede avanzar una negociación, no sin resistencia, no sin legítima aprehensión, dado el carácter autoritario del régimen político.
El nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela, con la incorporación en la junta directiva de personas no afines al chavismo, como Enrique Márquez y Roberto Picón, expresa un avance en un proceso de negociación que parece estarse llevando con mucha prudencia.
La respuesta de la administración de Joe Biden ha sido bastante cautelosa respecto a este paso, considerándolo insuficiente, y colocando en manos de los venezolanos su evaluación, ratificando que se requieren “elecciones justas y libres” en Venezuela.
La diplomacia española parece estar incorporada en esta arriesgada apuesta. Cristina Gallach, ante el Senado, reconoció el agotamiento de la estrategia dominante desde 2019, al señalar que “las declaraciones críticas y las medidas sancionadoras, por sí solas, no han conseguido el resultado que todos buscamos en Venezuela”.
Considerando Gallach que este paso va en la dirección correcta, dado que “un CNE que incluya a miembros con sensibilidad opositora es mejor que un CNE exclusivamente integrado por miembros afines al chavismo”, también agregó que “estamos muy lejos de nuestra meta final, que es la celebración de elecciones justas, libres y transparentes.”
Realismo inteligente
El gobierno de Pedro Sánchez ha asumido una postura de “realismo inteligente, no paralizante sino de acción”, ha asegurado Gallach, agregando que “este gobierno no se conforma con una política meramente declarativa y persigue contribuir al pleno regreso de la democracia y al respeto de los derechos humanos en Venezuela que para nosotros son un objetivo irrenunciable”.
Ante las críticas que levantó su visita a Venezuela a fines de marzo, dado que el gobierno español no reconoce a Maduro como presidente, la secretaria de Estado señaló que “tuve contacto con todos los actores. Con la oposición, con la sociedad civil y con representantes de las autoridades que ejercen el control del territorio y del aparato administrativo del país y que por lo tanto tienen la capacidad de decidir sobre esas cuestiones”.
La dificultad se vincula con que este avance no se ha dado en condiciones unitarias, sino que ha implicado conflictos dentro de las fuerzas democráticas en Venezuela, una discusión que ocurre incluso a lo interno de cada una de las organizaciones políticas, muchas de las cuales han sido ilegalizadas o secuestradas judicialmente por el régimen.
Hay un choque entre varias estrategias, aunque dos son las dominantes. Por un lado, la que ha defendido el gobierno interino del presidente encargado, Juan Guaidó, que insiste en continuar avanzando en la política de sanciones hasta obligar al gobierno a una negociación integral que desemboque en unas nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias.
Por otro lado, se encuentra la de aquellos que consideran que la estrategia definida en 2019 se encuentra agotada, y que conduce a un callejón sin salida y a un estancamiento que consolida el autoritarismo de Maduro. Ante eso, impulsan una negociación que conduzca a un proceso progresivo de liberalización y apertura política, que pasa por la selección de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que mejore las condiciones de competencia política en Venezuela.
España: factor activo
En un ejercicio de realismo político, y de posibilismo pragmático, este sector reconoce que las negociaciones sectoriales son inevitables, en la medida que no existe aún la fuerza para obligar al gobierno a una negociación integral.
Los sectores democráticos venezolanos han tenido grandes dificultades para definir una estrategia unitaria que supere el estancamiento político autocratizador, así como para lograr movilizar a la ciudadanía en medio de la pandemia. Esta paralización unitaria ha sido uno de los elementos claves para que esta negociación avanzara sólo con un sector de las fuerzas democráticas, y su resultado no ha estado exento de críticas.
Se expresa una mejor coordinación entre los distintos actores internacionales, asumiéndose una prudente y realista política multilateral, alejada de los micrófonos, donde el factor noruego está presente. Dentro de esta política el gobierno español ha decidido ser un factor activo en la resolución de la crisis venezolana, como interlocutor primordial de la política exterior europea, aprovechando el lugar que ocupa Josep Borrell en Bruselas. Como señalamos en un artículo previo, la llegada de una nueva administración a Estados Unidos le ha brindado una oportunidad a España de actuar, con un cauteloso realismo político, como bisagra entre los dos hemisferios, aprovechando también su proyección hacia América Latina.
A los avances en la coordinación de los actores externos se ha de corresponder una mejor coordinación de los actores internos. Existe la necesidad de que la nueva estrategia de crecimiento social y político incorpore a la mayor cantidad de organizaciones sociales y políticas, incrementando con ello la capacidad de movilización. La realización de unas elecciones puede ser oportunidad para aumentar la escala de la movilización. Ese elemento no está en manos de España, sino de los venezolanos.
