María Rodríguez (ALN).- El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios comunica en rueda de prensa que la empresa Electricaribe “no está en condiciones de prestar servicio”. Por ello, y cuatro meses después de ser intervenida, las autoridades procederán a la liquidación “inmediata”. La Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia ordenó este martes la liquidación de la distribuidora y comercializadora Electricaribe, controlada por el grupo español Gas Natural Fenosa, que fue intervenida por el Gobierno colombiano el pasado 15 de noviembre. “Se ordena la liquidación de Electricaribe”, manifestó en una rueda de prensa el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza.
“Comenzaremos inmediatamente a estructurar un proceso de venta de los activos”, agregó Mendoza, quien calculó que este proceso dure, a lo sumo, un año. La finalidad es encontrar un operador “dispuesto a hacer las inversiones necesarias”. Todo este proceso acabará con la celebración “de una subasta pública y competitiva para escoger al nuevo operador”. Mientras tanto, Electricaribe continuará bajo la administración del agente especial designado y “redoblarán los esfuerzos para mantener el servicio”. El superintendente informó que Deloitte y PWC son las consultoras encargadas de hacer una fiscalización permanente de este proceso.
El superintendente señaló que con esta intervención “se evitó un racionamiento de la energía y se estabilizaron las finanzas. Sin embargo, por sí sola no es suficiente”. Mendoza aseguró que la liquidación es “un paso definitivo para remediar los problemas estructurales”. Preguntado por cuánto costará a los colombianos, afirmó que “es de las pocas intervenciones en las que el gobierno no ha tenido que poner un solo peso”. En las próximas semanas, explicarán los alcances y los tiempos de este proceso liquidatorio. Por el momento, manifiestan no haber recibido ofertas formales.
Hemos dado un paso definitivo para remediar los problemas estructurales que han deteriorado el servicio de energía en la costa»
El anuncio llega un día después de la última reunión que mantuvo la plana mayor de Gas Natural Fenosa, propietaria del 85% de las acciones de Electricaribe, con varios ministros y altos funcionarios colombianos en la Casa de Nariño, residencia oficial del Presidente de Colombia y sede de Gobierno del país. Al encuentro acudieron, según varios medios colombianos, el presidente de GNF, Isidro Fainé; el consejero delegado de la compañía, Rafael Villaseca; el director general para América Latina, Sergio Aranda; y la country manager para Colombia, María Eugenia Coronado. Del lado colombiano estuvieron presentes, entre otros, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; y el de Minas y Energía, Germán Arce. Precisamente este martes vencía el plazo máximo de la intervención, fijado por el gobierno de Juan Manuel Santos.
Según la prensa del país, el Gobierno colombiano contemplaba dos caminos para el futuro inmediato de Electricaribe: la devolución de la electrificadora a Gas Natural, con el compromiso previo de inversiones para mejorar el servicio de energía, o su liquidación total. Este último camino vendría seguido de la apertura de un proceso de licitación para seleccionar un nuevo distribuidor de energía eléctrica en la región.
En este contexto, fuentes consultadas por el diario colombiano El Tiempo anticipaban que “si se opta por una liquidación, no sería fácil encontrar interesados en operar un mercado con tantas dificultades, como es la distribución de energía en la costa Caribe”.
Asimismo, desde el digital colombiano RCNRadio ya adelantaban que, aunque el organismo de vigilancia podría anunciar el inicio del proceso de liquidación de la distribuidora, “contemplaría dejar abierta la puerta para una repotenciación financiera que estaría a cargo de la empresa española”.
Cuatro meses de intervención
Gas Natural aseguró en noviembre que la filial acumulaba facturas impagadas por valor de 1.259 millones de euros / Flickr: Philips Communications
Electricaribe fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) el pasado 15 de noviembre, debido a una crisis financiera que arrastra la empresa desde hace varios años. La administración quedó a cargo del Gobierno colombiano, aunque la propiedad seguía en manos de GNF.
La española llevaba tiempo pidiendo a las autoridades colombianas que impulsaran medidas concretas para combatir los problemas de morosidad y fraude que sufre Electricaribe. En este sentido, en la rueda de prensa, Mendoza señaló que existen “multitud de medidas y mecanismos penales” para hacer frente a estos conflictos, que “lo que debe hacer una compañía de distribución es activar los mecanismo” y que las medidas la ha de tomar “la compañía que presta el servicio, no el Gobierno”.
A principios de noviembre, Gas Natural dio a conocer que la filial acumulaba facturas impagadas por valor de 1.259 millones de euros (1.338 millones de dólares), si bien la multinacional precisó que tenía provisionado el 83% de este importe. Según medios colombianos, una parte -56 millones de euros (59 millones de dólares)- corresponde a impagos por parte de las administraciones, protegidas por la ley contra cortes del suministro. El resto corresponde a morosidad de particulares y a fraude. Es decir, clientes que se conectan ilegalmente a los postes de luz.
Para el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, la intervención de la distribuidora de energía hace cuatro meses “sirvió, básicamente, para estabilizar las finanzas, sacar del balance las cuentas incobrables de varios años, evitar posibles limitaciones de suministro y reducir la exposición a la Bolsa de la empresa del 65% al 34%”, según recoge el diario El Tiempo.
Sin embargo, los principales problemas que llevaron a la crisis a Electricaribe continúan. “En los últimos cuatro meses no hubo inversiones y la calidad del servicio siguió cayendo, como lo mostró el balance del 2016, divulgado por el agente interventor de la compañía, Javier Lastra”, reseñan en el mismo periódico.
Intento fallido de acercamiento
En las últimas semanas, ambas partes habían acercado posturas por el cambio en el discurso de Colombia: de culpar de todos los problemas de abastecimiento y de falta de inversiones a la española a reconocer abiertamente, por parte de los actuales gestores públicos de Electricaribe, los problemas que sufre la compañía eléctrica y que Gas Natural denunciaba desde hacía años. El propio Juan Manuel Santos llegó a hacer declaraciones públicas llamando al entendimiento entre ambas partes.
El Gobierno colombiano contemplaba dos caminos para Electricaribe: la devolución de la electrificadora a Gas Natural o la liquidación total
La ministra colombiana de Exteriores, María Ángela Holguín, incluso opinó que “es mejor un mal arreglo que un buen pleito”. Se refería al que anunció Gas Natural Fenosa que podría abrir en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), es decir, la corte de arbitraje del Banco Mundial, si las negociaciones no concluían de forma satisfactoria para la empresa española.
El caso Electricaribe llegó en los últimos días a la Comisión Europea a través de una carta que envió Juan Rosell, presidente de la patronal CEOE, a las autoridades comunitarias. En ella, pedía el apoyo de la Comisión a GNF. Cecilia Malmström, la comisaria europea de Comercio, aceptó colaborar con las autoridades españolas para mediar en esta crisis.
49 millones de euros menos por Electricaribe
Gas Natural Fenosa recortó un 10,3% el beneficio en 2016 por la menor aportación del negocio del gas y la devaluación de las monedas latinoamericanas. En este resultado también influyó la filial colombiana: Electricaribe restó 49 millones de euros al beneficio de la multinacional (52 millones de dólares). Un dato que facilitó el consejero delegado de GNF en la conferencia con analistas tras la presentación de las cuentas anuales. Rafael Villaseca dejó claro que este hecho “no afectará el beneficio en 2017 y en 2018 y tampoco el reparto de dividendos”. En este sentido, comentó que “al no disponer del control de la compañía”, Gas Natural decidió, en cumplimiento de las normas de contabilidad, “desconsolidarla” de su balance desde el 1º de enero de este año.
En los últimos cuatro meses no hubo inversiones y la calidad del servicio siguió cayendo, según el balance del 2016 de Electricaribe
Asimismo, Villaseca aseguró que el valor razonable que se ha asignado a la filial es de 475 millones de euros (505 millones de dólares), pero quiso dejar constancia de que el valor real de Electricaribe es “mucho más”.
Incertidumbre para los trabajadores
El futuro de Electricaribe mantiene en vela a los trabajadores y extrabajadores desde que fue intervenida. Según recoge el diario colombiano El Heraldo, un grupo de empleados y exempleados de la compañía eléctrica se manifestó este lunes en la sede de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en Barranquilla, localidad donde está ubicada la empresa, para reclamar “garantías” y que se respeten los contratos y los derechos laborales de los 1.500 trabajadores.
“No somos los culpables de la situación de la compañía, pero tememos quedar en el medio. No queremos quedar en la calle”, afirmó Hamilton Barreto, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol) en la protesta, en declaraciones recogidas por El Heraldo.
