Ysrrael Camero (ALN).- El 13 de enero de 2020 se inició el primer gobierno de coalición de la democracia contemporánea en España. Su configuración fue consecuencia de la dispersión parlamentaria generada por la crisis del bipartidismo. Generó muchas expectativas, proyectándose como una plataforma progresista de transformación pero, a escasos tres meses de su inicio, recibió el impacto de la pandemia global del coronavirus. Un año después, ¿qué ha pasado?
Fue tras la victoria interna de Pedro Sánchez dentro del PSOE que se abrió la posibilidad de una primera apuesta temeraria, de los primeros acuerdos con Pablo Iglesias, así como de la entrada de Iván Redondo al círculo de poder del líder socialista. La ocasión, los escándalos de corrupción que golpeaban al Partido Popular (PP) y generaban un espacio de oportunidad para una moción de censura contra Mariano Rajoy.
El 1º de junio de 2018 cayó el gobierno de Mariano Rajoy, y Pedro Sánchez se convirtió en presidente en funciones, tras haber ganado una moción de censura con el apoyo más diverso y desigual que hubiera tenido un jefe de gobierno desde la Segunda República. Se inició el denominado gobierno Frankenstein.
Sin embargo Sánchez no podría ejercer el poder efectivo hasta investirse con un Parlamento renovado. Se convocaron elecciones para abril de 2019, el PSOE obtuvo 123 diputados, mientras el PP se desplomaba a 66, y una fuerza de ultraderecha, Vox, apareció con 24 diputados.
Fue imposible que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se pusieran de acuerdo, por lo que se convocaron nuevas elecciones para noviembre. Estas elecciones rozaron el desastre. Tanto PSOE como Unidas Podemos (UP) pierden escaños, dificultando más las condiciones para gobernar, al tiempo que el PP recuperaba 23 diputados y Vox se convertía en tercera fuerza con 52 escaños. Al electorado le indignaría una tercera elección general en secuencia. El acuerdo se convirtió en un problema de supervivencia política para Sánchez y para Iglesias, y dos días después de las elecciones lo anunciaron.
Las esperanzas del gobierno de coalición
El 7 de enero, con mayoría simple, Pedro Sánchez es investido como el primer presidente de un gobierno de coalición de la democracia española. En el núcleo del acuerdo estaban el PSOE y Unidas Podemos pero, para sostener al gobierno, se requirió el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), del Partido Nacionalista Vasco (PNV), de EH Bildu, entre otros. Esta diversidad puede ser vista como debilidad o como amplitud, y el gobierno de Pedro Sánchez se ha manejado en ambos escenarios.
La estructuración del gobierno expresó las tensiones entre dos culturas políticas, la del PSOE y la de Unidas Podemos. Pablo Iglesias se convirtió en vicepresidente, pero pronto se vio rodeado por otras tres vicepresidentas: Nadia Calviño, que ha mantenido el pulso firme en materia económica; Teresa Ribera, que maneja Transición Ecológica; y Carmen Calvo, que lidera la articulación política.
El dominio socialista en los ministerios es claro, contando UP sólo con tres carteras. Yolanda Díaz, quien ha despuntado como ministra de Trabajo y Economía Social, por su rol en el incremento consensuado del salario mínimo interprofesional y por las negociaciones de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con los sindicatos y la patronal. Irene Montero, como ministra de Igualdad, quien tuvo sus tensiones con Carmen Calvo en los inicios del gobierno. Y Manuel Castells, como ministro de Universidades, que representa más una cuota de los Comunes catalanes, dado que la mayor parte de las competencias están en manos de las autonomías.
En el programa de investidura se prometió crecimiento económico con empleo digno y con sostenibilidad del sistema de pensiones. Hubo compromisos en materia de digitalización de la economía y para impulsar una transición ecológica justa, la igualdad real entre hombres y mujeres, la justicia social, así como el diálogo dentro de una España plural, lo que era un mensaje para desescalar el tema catalán, así como un enfoque claramente europeísta.
El primer reto era responder al proceso independentista catalán de manera más efectiva que como lo había hecho Rajoy, privilegiando Sánchez el diálogo con ERC, y evitando la confrontación directa que previamente había alimentado a los extremos políticos.
Los primeros tres meses del gobierno estuvieron marcados por la agenda feminista, por el inicio de la negociación con los catalanes y por el incremento del salario mínimo interprofesional. Pero pronto, todo se detuvo por un tema que no estaba previsto.
Bajo el signo de la pandemia
Las expectativas creadas por el gobierno de coalición se estrellaron contra un reto global. La pandemia que se extendió por todo el mundo, desembarcó en España en marzo. A partir de este momento gran parte de la agenda quedó postergada o mediatizada por el manejo de los estados de alarma, por las noticias fatídicas del número de contagios y muertos, y por los enfrentamientos entre Moncloa y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El objetivo del crecimiento económico y de la generación de empleo no se cumplirá este año. La economía española se ha venido abajo con la pandemia, con el mayor impacto en los sectores de hostelería, turismo y restauración, que son al mismo tiempo los más vulnerables y los que generan más empleo. En 11% calcula el Banco de España la caída de la economía durante el año 2020, esperándose un crecimiento de apenas el 6,8% para 2021.
Ante la caída hubo necesidad de articular la respuesta a la pandemia con la agenda establecida previamente. De esta manera, el acceso a los fondos europeos, y la definición de una estrategia para la recuperación, fueron la oportunidad para incorporar los puntos programáticos con una agenda de reconstrucción económica y social.
De esa manera, la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del 7 de octubre, se articuló en torno a la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.
Las líneas de desarrollo de la gestión se han mantenido en medio de este difícil año. En materia de la España Verde se avanzó en el Proyecto de Ley de Cambio Climático y transición energética, en la Estrategia de economía circular, el Plan de reducción de emisiones, el Plan integrado de Energía y Clima, y el II Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030. Se creó el Instituto de Transición Justa, y se aprobó la estrategia de descarbonización.
En lo que se refiere a la España Digital, se aprobaron planes y estrategias, desde la dedicada a la inteligencia artificial, el plan de conectividad, y el impulso a la tecnología 5G, así como una estrategia de ciencia, tecnología e innovación.
En el avance hacia una España cohesionada e inclusiva, resalta Sánchez la importancia de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, con el apoyo de al menos 11 partidos distintos, así como la aprobación del ingreso mínimo vital, que ha sido efectivo para muy pocos, el incremento del salario mínimo interprofesional, y la regulación del teletrabajo.
El tema de educación conllevó una gran confrontación ideológica con la oposición y con la Iglesia, aunque finalmente fue aprobada la reforma de la Ley Orgánica de Educación. La aprobación de la eutanasia representó un nuevo avance en materia de derechos.
En medio de la crisis las encuestas empiezan a reflejar el crecimiento del apoyo a los partidos de oposición, así como el descenso continuo del apoyo a Unidas Podemos y a Ciudadanos. Las derechas se fortalecen, con Pablo Casado que ha roto su relación con Vox, iniciando su giro al centro.
Ha sido poco lo que ha podido avanzar el gobierno de Sánchez en su programa de transformación, y su gestión está marcada por el tema del coronavirus. Sólo en la medida que se pueda dejar atrás la pandemia la coalición podrá desarrollar su agenda de transformación. Sin embargo, la aprobación de los presupuestos brinda un horizonte de tres años para marcar un perfil propio.
