Caleb Zuleta (ALN).- Si la pandemia del coronavirus no es una guerra, lo parece. “O en muchos sentidos lo es”, señala un equipo del FMI en un reciente trabajo. “La gente está muriendo. Los profesionales de la salud están en el frente de batalla. Quienes trabajan en servicios esenciales, distribución de productos alimenticios, servicios de entregas y suministros públicos hacen horas extraordinarias para respaldar estos esfuerzos. Y también están los soldados escondidos: aquellos que luchan contra la pandemia confinados en sus hogares, sin poder contribuir plenamente a la producción”.
Tiene casi todos los elementos de una guerra, como se ve. Y en consecuencia, en esos términos hay que fundamentar buena parte del análisis a la hora de evaluar el impacto económico, lo que se viene encima, y cómo atacar las consecuencias. Los autores señalan que “en una guerra, el gasto masivo en armamento estimula la actividad económica y los servicios esenciales se garantizan mediante disposiciones especiales”.
Dicen, sin embargo, que la crisis generada por el coronavirus es más complicada que una guerra. Pero aparece “una característica común”. Y no es otra que “el aumento del papel del sector público”. Ya se sabe, cómo los gobiernos de Estados Unidos y Europa, para citar sólo dos ejemplos, han reaccionado. Lo mismo China, pero en China el Estado siempre decide.
Los autores del estudio son Giovanni Dell’Ariccia, Director Adjunto del Departamento de Estudios del FMI; Paolo Mauro, Subdirector del Departamento de Finanzas Públicas del FMI; Antonio Spilimbergo, Director Adjunto del Departamento de Estudios del FMI y Jeromin Zettelmeyer, Subdirector del Departamento de Estrategias, Políticas y Evaluación del FMI.
El estudio divide las políticas económicas en dos fases:
Crece la presión mundial contra los bancos y el FMI teme otra crisis financiera como la de 2008
Primera fase
“Fase 1: La guerra. La pandemia está en pleno apogeo. Las medidas de mitigación impuestas para salvar vidas están reduciendo con dureza la actividad económica. Se puede prever que esta reducción dure por lo menos uno o dos trimestres”.
Llama la atención que los expertos no estén seguros del tiempo que pueda durar la caída de la actividad económica. Uno o dos trimestres. Ese es un margen de cierta incertidumbre. Por los momentos ya se conoce que en Estados Unidos 10 millones de personas han perdido el empleo. En España, casi un millón. Un estudio de la ONU señala que en el mundo se van a destruir 25 millones de puestos de trabajo. Pero viendo las cifras de EEUU y España, el estimado puede quedarse pequeño. El estudio explica la siguiente fase.
Segunda fase
“Fase 2: La recuperación de la posguerra. La pandemia se controlará con vacunas o fármacos, la inmunidad parcial de grupo y la continuación de medidas de confinamiento menos disruptivas. A medida que se levanten las restricciones, la economía volverá —quizá con dificultad— a su funcionamiento habitual”.
Llama la atención otra vez lo que se dice. La economía se reactivará, “quizá con dificultad”. El quizá es alarmante. ¿Quién está seguro? El mismo FMI habla del riesgo que se cierne sobre el sistema financiero, que puede haber otra crisis como la de 2008. Es la época de la incertidumbre. Nada volverá a ser igual. ¿Quién se atreverá a ir al cine o al teatro o a un estadio de fútbol o un concierto o subirse a un avión en el corto plazo? Y si nadie se atreve, entonces no habrá demanda y esos servicios seguirán contraídos. Pero lo peor, es que ante un escenario que obligue a los países a mantener las restricciones sanitarias, tampoco la producción y la oferta de productos se van a reactivar. Es un cuadro complicado. A la gente se le puede auxiliar con dinero, y ¿cómo lo gastarán?
En todo caso, el análisis apunta que “el éxito del ritmo de la recuperación dependerá fundamentalmente de las políticas adoptadas durante la crisis. Si las políticas ayudan a garantizar que los trabajadores no pierdan sus empleos, los arrendatarios y propietarios de viviendas no sean desalojados, las empresas eviten la quiebra y las redes económicas y comerciales se preserven, la recuperación tendrá lugar antes y con más suavidad”.
¿Pero y esto lo que se está haciendo? Los gobiernos han anunciado paquetes de medidas y recursos extraordinarios. Sin embargo, la destrucción de empleo, como se dijo, marcha a su ritmo, como también los mercados de valores y del petróleo, y marcha a ese mismo ritmo el cierre de la producción.
Apunta el estudio que “este es un reto importante para las economías avanzadas cuyos gobiernos pueden financiar con facilidad un aumento extraordinario del gasto incluso cuando sus ingresos están cayendo. El reto es incluso mayor para las economías emergentes y de bajo ingreso que se enfrentan a la fuga de capitales: estas economías necesitarán donaciones y financiamiento de la comunidad internacional”.
Agregan que “la emergencia justifica una mayor intervención del sector público mientras persistan las circunstancias excepcionales, pero dicha intervención deberá realizarse de forma transparente y con cláusulas de caducidad automática claras”.
Entonces, ¿cuál es la ruta a seguir?
El estudio primero aclara que “a diferencia de otras desaceleraciones económicas, la caída del producto en esta crisis no está provocada por la demanda: es una consecuencia inevitable de las medidas para limitar la propagación de la enfermedad . El papel de la política económica no es, por tanto, estimular la demanda agregada, al menos no de forma inmediata”. ¿Entonces cuál es? Puntualizan que “la política económica tiene tres objetivos”.
1-Garantizar el funcionamiento de sectores esenciales.
2-Proporcionar recursos suficientes a las personas afectadas por la crisis.
3-Evitar una disrupción económica excesiva.
“Si la crisis empeora, podría imaginarse el establecimiento o la ampliación de grandes sociedades de cartera estatales que tomen las riendas de las empresas privadas con problemas, como se hizo en Estados Unidos y Europa durante la Gran Depresión”.
En el primer punto, no sólo observan la necesidad de incrementar los recursos para combatir el coronavirus. Van más allá. Admiten que pueden “ser necesarias incluso medidas intrusivas por parte de los gobiernos para la provisión de suministros fundamentales, recurriendo a mandatos en tiempo de guerra, con la priorización de contratos públicos para insumos esenciales y productos finales, la reconversión de industrias o nacionalizaciones selectivas”. Así como se lee. Nacionalizaciones selectivas. El subrayado es nuestro. Y agregan que “también pueden estar justificadas medidas como el racionamiento, los controles de precios y normas contra el acaparamiento en situaciones de escasez extrema”. Bueno, como se ha dicho por ahí: ante situaciones extraordinarias, soluciones extraordinarias. Y este es el camino que marca el FMI.
En el segundo punto no aportan mayores ideas que las soluciones en cierta medida adelantada por algunos gobiernos en Europa y América Latina, inclusive en China. Pero como el empleo es lo más impactado, señalan que “las prestaciones por desempleo deben ampliarse y extenderse. Es necesario que las transferencias de efectivo lleguen a los trabajadores independientes y sin empleo”.
El tercer punto, “Evitar una disrupción económica excesiva”, hay que copiarlo textual: “Las políticas deben salvaguardar las redes de relaciones entre trabajadores y empleadores, productores y consumidores, prestamistas y prestatarios, de forma que las empresas puedan reanudar plenamente sus actividades cuando se haya superado la emergencia médica. Los cierres de empresas causarían pérdidas de conocimientos organizativos y la cancelación de proyectos productivos a largo plazo. Las disrupciones en el sector financiero también intensificarían las dificultades económicas. Los gobiernos deben proporcionar un apoyo excepcional a las empresas privadas, inclusive mediante subsidios salariales, con condiciones adecuadas. Ya se han puesto en marcha grandes programas de préstamos y garantías (con el riesgo asumido en última instancia por los contribuyentes) y la UE ha suministrado inyecciones directas de capital a las empresas con la relajación de su normativa sobre ayudas estatales. Si la crisis empeora, podría imaginarse el establecimiento o la ampliación de grandes sociedades de cartera estatales que tomen las riendas de las empresas privadas con problemas, como se hizo en Estados Unidos y Europa durante la Gran Depresión”.
La verdad es que es un escenario complicado. Por tanto, “será necesario gestionar diversas disyuntivas. Si se dan transferencias o préstamos subsidiados a una gran corporación, estos deben ser condicionales al mantenimiento de los empleos y la limitación de las recompras de acciones, los dividendos y la remuneración de su Director Ejecutivo”.
El coronavirus obliga a las élites mundiales a romper con esquemas que parecían incuestionables
También apuntan que “las quiebras asegurarían que los accionistas asuman parte de los costos, pero causarían también importantes trastornos económicos. Una opción intermedia es que el gobierno tome una participación en la empresa. Si el problema es la liquidez, la concesión de crédito por parte de los bancos centrales (mediante programas de compra de activos) u otros intermediarios financieros controlados por el gobierno (a través de préstamos y garantías) ha demostrado ser eficaz en crisis anteriores. También surgen muchas cuestiones prácticas en la identificación y el apoyo a pequeñas y medianas empresas o trabajadores independientes gravemente afectados. Para estos, deben considerarse transferencias directas basadas en pagos de impuestos anteriores”.
El panorama obliga a no dejar cabos sueltos. Como que “estas políticas internas deben ser apoyadas por el mantenimiento de la cooperación y el comercio internacionales, que son fundamentales para vencer a la pandemia y maximizar las posibilidades de una rápida recuperación”. Y aunque “es necesario limitar el movimiento de personas para la contención… los países deben resistir el instinto de paralizar el comercio, sobre todo de productos de atención sanitaria, y el libre intercambio de información científica”.
