(EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró en una entrevista con Efe, tras el anuncio de la Corte Penal Internacional (CPI) de investigar presuntos delitos de lesa humanidad en el país, que el memorando de entendimiento firmado con el alto tribunal para seguir el proceso es una «victoria institucional», pues se hará con «cooperación» entre las partes.
Pese a recibir una noticia que no comparte, Saab considera que esta investigación es una oportunidad para demostrar que Venezuela ha respondido ante delitos que atentan contra los derechos humanos y nunca ha incurrido en ilícitos que requieran la intervención de la CPI, con la que se ha mostrado dispuesto a colaborar para conocer la verdad.
«Vaticino que es una victoria institucional, tanto para la propia fiscalía de la CPI, como para el Estado venezolano y sus instituciones vinculadas a la justicia, donde el Ministerio Público tiene un rol protagónico por ser el titular de la acción penal», señaló Saab.
En su opinión, lo «importante» es que la investigación de la CPI se hará «sin elementos suficientes para ir en contra de nadie, de ninguna autoridad legítimamente constituida en el Estado venezolano», y «eso está en el documento» de entendimiento firmado por el presidente Nicolás Maduro y el fiscal jefe del alto tribunal, Karim Khan.
Venezuela investiga primero
Pese a que Saab discrepa de la decisión de la CPI, la respeta, y recuerda que el acuerdo señala que serán las instituciones venezolanas las que investiguen y cooperen, en el marco de una «complementariedad positiva», que supone colaboración entre las partes.
«Como Ministerio Público, yo puedo decir que discrepo de esa decisión de la Fiscalía de la CPI, pero, ¿qué es lo importante? En el propio documento se revela y se establece algo decisivo, fundamental, que es que Venezuela, con su sistema de Justicia (…) hará una investigación propia de los hechos por los que fue objeto de examen», explicó.
Detalló que los resultados que proporcione la CPI serán «en base a las investigaciones que ha adelantado el Estado venezolano sobre sus instituciones, en este caso, el Ministerio Público y los tribunales competentes».
El fiscal insistió en que Venezuela «consagra la garantía de los DD.HH. como principios rectores, incorpora la reparación de las víctimas y la imprescriptibilidad de delitos contra los derechos humanos».
Según el memorando suscrito por Maduro y Khan, la CPI reconocerá los «esfuerzos, reformas e investigaciones» que el país caribeño lleve a cabo y a los que, aseguró Saab, dará continuidad.
«La República Bolivariana de Venezuela, como jurisdicción nacional, adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la CPI, en virtud del principio de complementariedad», reza el documento.
Aportar sin recibir
Saab recordó que Venezuela ha aportado al alto tribunal, desde que comenzó el examen preliminar, «más de 3.000 folios en 7 documentos con sus anexos, que sirvió para presentar alegatos» y que, además, recurrió a la Sala de Cuestiones Preliminares para reclamar reciprocidad o alguna respuesta, ya que es un derecho que reconoce el Estatuto de Roma.
Sin embargo -aseguró-, esa cooperación bilateral no se hizo efectiva, puesto que Venezuela nunca recibió las respuestas a las preguntas formuladas por la vía establecida para conocer los presuntos crímenes de lesa humanidad por lo que estaba siendo examinada.
A criterio del fiscal venezolano, esto supone un incumplimiento de los acuerdos reconocidos por el Estatuto de Roma, en los que prima la cooperación mutua.
No obstante, confía en que este sea un problema del pasado y que no se repita, ya que la falta de colaboración -asegura- data de la etapa de la exfiscal de la CPI Fatou Bensouda, que concluyó su jefatura el pasado junio, cuando fue sucedida por Khan.
«Lo único que hemos recibido de la anterior fiscal fue un acuse de recibo de los documentos entregados, pero se supone que si tú entregas un documento, el primero el 30 de noviembre de 2020, hay un compromiso de entregar documentación de los casos que venía trabajando el Ministerio Público», precisó Saab.
Por este motivo, Venezuela solicitó «que no haya una especie de acción que tenga como antecedente en su semejanza a la antecesora del fiscal Khan. Si vamos a abrir una compuerta hacia la cooperación con mentalidad positiva, debe haber entonces reciprocidad».
«Pienso que a partir de la firma de este memorando vamos a tener otro mapa», insistió Saab.
Expectativas «positivas»
Tras la firma del memorando, el fiscal venezolano está esperanzado en que las relaciones con la CPI sean de cooperación, como compromiso adquirido por las partes.
«Nosotros aspiramos ahora a conocer qué es lo que, efectivamente, se examinó en el caso de Venezuela, qué es lo que se va a investigar. Aquí ya hay una obligación por un memorándum que se ha firmado», precisó.
Explicó, además, que sus expectativas «son positivas», porque Khan dejó claro que «no va a permitir que se politice» el caso, como -considera- se ha hecho anteriormente.
«Mis expectativas son positivas, porque, incluso, en su discurso, él (Khan) ha dicho que no va a permitir que se politice, que se pretenda sacar ventaja política de este caso, sino que todo se rige en base a lo que se rige por la justicia y la ley, y ahí hemos avanzado de manera enorme, incluso en los casos más emblemáticos», explicó.
En este sentido, señaló que el proceso de la CPI sobre Venezuela comenzó con una gran mayoría de denuncias hechas a través de redes sociales, notas de prensa o por la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima, algo que -confía- es parte del pasado.
«Nosotros hemos descubierto que parte de esa información (manejada por la CPI) estaba recogida de aproximadamente 4 millones de tuits, en notas de prensa, en fuentes abiertas de factores como del Grupo de Lima, la OEA, a través de (el secretario general de la OEA, Luis) Almagro, que fueron a entregar esa documentación», señaló Saab.
Esos «frentes» tuvieron el «protagonismo», lo que dejó «a un lado el desarrollo de la Justicia venezolana, que ha actuado en pro de las víctimas».
