Pedro Benítez (ALN).- Alegando que “Chile merece una Constitución que logre consenso” el ex presidente Ricardo Lagos se ha permitido cuestionar, con la debida delicadeza en una carta que el pasado fin de semana ha puesto a circular por su cuenta de Twitter (es lo que está de moda), la forma en que la Convención Constituyente de ese país elaboró el proyecto de Constitución que el próximo mes de septiembre será sometido a la aprobación del electorado en un referéndum de salida.
Lagos propone que: “como ninguno de los 2 textos (la Constitución vigente y el proyecto) que puedan resultar del plebiscito lo tiene, el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría”.
Según indican todos los estudios de opinión una mayoría de los chilenos se inclinan hoy por la opción del no (rechazar la nueva Constitución) por encima de la opción del sí, en una tendencia ha sido consistentemente a lo largo de los últimos meses. Lo que los conocedores del tema discuten es el margen por el cual el rechazo superaría al apruebo; si ampliamente o por uno más estrecho quedando en el medio una franja de indecisos que ha oscilado entre el 10% y el 15%. Esas mismas encuestas indican que si todos los indecisos votaron por el apruebo, aun en ese caso, el rechazo ganaría pero un margen muy cerrado, un 2%.
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De lo que al parecer no hay duda alguna es que, en el caso de ganar, el apruebo lo haría por una escasa diferencia. Eso ocurre en un contexto en el cual la aprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric llegó a situarse en 36% según los números de la encuesta semanal Cadem (una de las más prestigiosas de ese país). No queda claro si son Boric y su Gobierno quienes lastran las posibilidades del apruebo, o si por el contrario ha sido el desempeño de la Convención el que ha afectado la popularidad al joven mandatario elegido en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de noviembre de 2021 con casi el 56% de los votos.
Gobierno no oculta su inclinación por el apruebo
O bien podrían ser los dos. Boric se ha casado con el proceso constituyente y aunque, en un reciente discurso ante el Congreso, expresó que “Ambas opciones son legítimas”, su Gobierno no ha ocultado su inclinación por el apruebo dejando claro sus voceros que sin la nueva Constitución varias de las reformas que se han prometido no se podrán realizar.
Sin embargo, la encuesta Cadem también señala un repunte de ocho puntos en los últimos días, de 36% a 44%, del respaldo al presidente y paralelamente del apruebo al texto constitucional de la Convención de 37% a un 42%. Con lo que se situaría este último a sólo tres del rechazo que tiene 45%.
Es decir, de mantenerse la actual evidente división del electorado chileno sobre el proyecto de carta magna, su aprobación (de ser el caso) nunca alcanzaría un respaldo de 70% u 80% como ocurrió en otros países, como por ejemplo en el referéndum que ratificó la actual Constitución española aprobada en 1978 por el 87,78 % de votantes.
Es curioso, y al mismo tiempo revelador, es que la consulta a los ciudadanos que dio inicio al proceso constituyente chileno contó con el 78% de los votantes en octubre de 2020.
Pero luego, mayo de 2021, en la elección de la Convención Constituyente paritaria, con 17 escaños reservados para pueblos indígenas, y con reglas electorales que favorecieron la presencia de independientes, la derecha no obtuvo ni siquiera un tercio de representación. Bastante por debajo del 45% de los sufragios que obtuvo el candidato conservador José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones que ganó Boric y lejos de la fuerza electoral que ese sector ha conseguido en las elecciones parlamentarias y presidenciales de lo que va de siglo.
Un momento político distinto
De modo que el inicio del proceso constituyente, y de la elección de la Convención, ocurrió en un momento político distinto al que ocurrirá el próximo mes de septiembre. Pero a largo plazo, y se supone que las constituciones se sancionan para que duren en el tiempo, de aprobarse el texto constitucional la sociedad chilena quedaría dividida en dos bandos en nada más y nada menos que sobre las reglas de juego sobre las cuales ponerse de acuerdo y normar las disputas políticas. Concretamente el acceso y el relevo del poder.
De aprobarse así la nueva Constitución sería el triunfo de una parte del país sobre la otra, por razones políticas circunstanciales. Volver a 1980 cuando la dictadura militar les impuso a los chilenos su Constitución y de donde, se ha dicho, está el origen de su ilegitimidad.
Este problema se creyó superado con una serie de reformas que se le hicieron a la Constitución de 1980. Primero con aquellas que la Concertación pactó con el general Augusto Pinochet y que fueron sometidas a plebiscito nacional en julio de 1989, 91% de aprobación y 93% de participación. Luego con las 52 veces que fue reformada, incluyendo la especial de 2005 que modificó 24 artículos, eliminó los últimos enclaves antidemocráticos y reemplazó la firma de Pinochet del texto por la del entonces presidente Lagos.
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No obstante, nada de eso fue suficiente para lavar la ilegitimidad de la Constitución vigente, que ha sido una de las banderas de los críticos del sistema (“neo-liberal”) chileno. Así fue como la clase política chilena sacó debajo la manga la posibilidad activar el proceso constituyente, luego de la crisis política que provocó el llamado “estallido” de octubre de 2019.
Pero el resultado fue una consulta inicial, que activó el proceso constituyente chileno en octubre de 2020, que sólo tuvo un 50% de participación y la elección de los miembros de la Convención Constituyente (mayo de 2021) con solo el 41% de los habilitados para votar. Eso a su vez tuvo como consecuencia una Convención muy carga a la izquierda cuya actitud no ha sido la de consagrar en la carta magna los derechos sociales (la demanda inicial), sino además refundar la institucionalidad republicana chilena, no de los últimos 30 años sino de Bernando O’Higgins a esta parte.
Lagos sigue teniendo un peso político
Es esa actitud refundacional y su puesta en escena durante la Convención lo que ha atemorizado a muchos chilenos, fundamentalmente a los ubicados en el centro político a los que Ricardo Lagos les habla y que con casi toda seguridad expresa. Porque resulta que con su prestigio como opositor a Pinochet, más una gestión como presidente (2000-2006) bien evaluada en su momento, Lagos sigue teniendo un peso político a tomar en cuenta. Al punto que Boric buscó y logró su respaldo para la segunda vuelta presidencial.
Lagos, cuya crítica inicial moderó aún más en una entrevista que dio hace pocas horas no quiere aparecer retratado en la derecha, porque es evidente que su intención no es perjudicar a Boric sino moverlo hacia su posición que no es otra sino la del pacto y el compromiso político con la cual retornó la democracia a Chile.
El problema es que Boric llegó al Gobierno montado sobre la ola de ruptura con esa democracia pactada de la cual Lagos es encarnación. Si el apruebo pierde su derrota se interpretará como su derrota; técnicamente el fin de su Gobierno. Lagos le está lanzando un salvavidas.
Con una derecha, cuya participación en el proceso ha sido testimonial, acusando a la izquierda de exclusión y sectarismo, mientras ésta le recuerda que eso es consecuencia de su desmovilización electoral, las voces más sensatas dentro de la opinión pública de ese país están planteando dos alternativas:
No aprobar el proyecto de la Convención Constituyente, pero dar por válida la decisión de los chilenos de reemplazar la Constitución vigente y que sea el actual Congreso donde las fuerzas políticas están más equilibradas las que pacten una nueva Carta Magna.
¿Aprobar el proyecto de la Convención para luego reformarlo?
La otra opción es aprobar el proyecto de la Convención para luego reformarlo, lo que luce complicado de hacer por los amarres que sus redactores le introdujeron.
Lagos no se ha pronunciado directamente, hasta ahora, por ninguno de los dos. Lo que sí está fuera de toda duda es que el actual proyecto constitucional tiene que ser reformado. Un 75% de los que dicen que votarían apruebo afirman eso.
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Más allá de nuevos conceptos de fondo como “una democracia paritaria”, “el Estado plurinacional”, el reconocimiento a la determinación de 11 pueblos y naciones indígenas, así como un régimen presidencial atenuado, rebautizar la Cámara de Diputados por Congreso de las Diputadas y Diputados, y eliminar Senado; es la reforma profunda del Poder Judicial lo que más alarmas a encendido, al reconocer los sistemas jurídicos de los 11 pueblos indígenas, en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia del resto de la ciudadanía. Suena bien a primera vista pero modifica radicalmente el principio de igualdad ante la ley.
Este es el callejón sin salida en el cual Chile se metió y del que sólo puede salir retrocediendo. Hacerlo tiene dividido al país incluso generacionalmente; los mayores que recuerdan el Gobierno de la Unidad Popular, el golpe militar de 1973, la dictadura de 17 años de Pinochet y el retorno a la democracia son, en su mayoría, los que se inclinan por el rechazo. Los jóvenes menores de 30, que no vivieron nada de eso, por el apruebo.
Lo desolador del caso chileno es que una demostración palmaria de que una parte de su sociedad no es capaz de aprender de los ejemplos, no de otros países, sino de su propia, y no muy lejana, historia nacional.
