Pedro Benítez (ALN).- En un momento en el cual la xenofobia vuelve a recorrer el mundo el presidente de Colombia, Iván Duque, toma una decisión audaz, realista y con sentido de Estado. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) que no han regularizado su situación legal en ese país es la política migratoria más importante que en esa materia se ha tomado nunca en todo el continente americano y que deja sentado un enorme precedente ante el mundo. Ahora la comunidad internacional debe apoyar a Colombia ante la mayor crisis migratoria que ha conocido la región.
El dos veces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez (CAP) siempre consideró que Colombia y Venezuela tenían problemas comunes más importantes que la disputa territorial sobre el Golfo de Venezuela que puso a los países al borde de la guerra en 1987, razón por la cual en sus dos administraciones siempre promovió una cordial cooperación binacional.
Por ser un “hombre de la frontera” (CAP era oriundo del estado Táchira e hijo de padre colombiano) comprendió que la compleja relación entre las dos naciones trascendía las disputas limítrofes heredadas de las guerras de la Independencia a principios del siglo XIX.
Porque Venezuela nunca ha sido para Colombia (y viceversa), por ejemplo, lo que Cuba para Estados Unidos. Para empezar a los dos países no los separan 80 millas de mar, sino que los unen más de 2.219 kilómetros de frontera terrestre. Una frontera bastante poblada en la que a lo largo del tiempo ha crecido lo que algunos han denominado un tercer país.
Colombia y Venezuela son países siameses. Tienen un origen nacional común con todo tipo de conexiones históricas y humanas. Dos venezolanos fueron presidentes de Colombia, Simón Bolívar y Rafael Urdaneta (de hecho el país le debe su nombre actual al primero), y tres presidentes de Venezuela fueron hijos de colombianos.
Sin embargo, la posición de CAP hacia el país vecino siempre fue aprovechada por sus adversarios para acusarlo de filocolombiano. Porque hubo una época en la cual el sentimiento anticolombiano era explotado en Venezuela por razones políticas de manera abierta, como, por ejemplo, lo hizo desde la prensa y las bancadas parlamentarias el político de izquierda y exvicepresidente chavista recientemente fallecido José Vicente Rangel.
Era un contexto en el cual Venezuela era el país rico y Colombia el vecino pobre. Venezuela era la democracia estable y Colombia la sociedad sumida en la violencia de la guerra civil y el narcotráfico. En algún momento se estimó que unos tres millones de colombianos o sus descendientes estaban viviendo en Venezuela a fines del siglo XX. La más importante migración ocurrida en Suramérica entre dos países hasta entonces.
Pero resulta que la historia ha dado un giro completo y ahora es Colombia el principal destino de la inédita y masiva migración de venezolanos que huyen de un país devastado económicamente. De modo que aquella tan criticada política de Carlos Andrés Pérez hacia Colombia ha resultado ser premonitoria.
Según las autoridades migratorias colombianas el número de venezolanos residentes en ese país pasó de 48.000 en 2015 a más de 1,7 millones a fines de 2020. Eso no incluye a los venezolanos que emigraron teniendo la nacionalidad colombiana. Tampoco a la mayor parte de los otros 1,3 millones que han usado el territorio de ese país como paso obligado hacia Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Antes de la pandemia de covid-19 hasta 37.000 personas llegaron a cruzar diariamente el principal paso fronterizo entre los dos países. Todo eso ante la indiferencia del gobierno de Nicolás Maduro al otro lado de la frontera.
La magnitud y el corto tiempo en que esa movilización humana ha ocurrido no tienen precedentes en América.
Con este cuadro de fondo, y en un momento en el cual la xenofobia vuelve a recorrer el mundo, con la frontera entre Ecuador y Perú militarizada (precisamente para detener el constante flujo de venezolanos que se desplazan por tierra), con el gobierno de Chile deportando a más de 100 inmigrantes (en su mayoría venezolanos), y con los de México y Guatemala usando la fuerza pública para detener las caravanas que se dirigen hacia Estados Unidos, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha tomado una decisión histórica al decretar un Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV).
Con esta medida los migrantes venezolanos que no han regularizado su situación legal en ese país podrán hacerlo en un plan que tendría una vigencia de 10 años.
Según cifras de Migración Colombia, del estimado de 1,7 millones de venezolanos (el 34% que según la ONU ha salido de Venezuela desde 2015), unos 966.000 se encuentran en una condición legal irregular. Con este estatuto temporal van a poder acceder a salud, educación y trabajo legalmente.
No se puede dejar sola a Colombia
Esta es una decisión audaz, realista y con sentido de Estado por parte del presidente Duque.
Con esto Colombia se ahorrará muchos problemas de integración. Una población que permanezca al margen de la regularización legal siempre es un caldo de cultivo para la explotación laboral y sexual, el narcotráfico, las mafias de todo tipo o la corrupción. Con esto el Estado colombiano se está dotando de un mecanismo concreto para intervenir en una realidad que no puede detener pero sí encauzar. Algo que Estados Unidos, la primera economía del mundo, no ha hecho con los millones de inmigrantes ilegales que tiene dentro de su territorio.
No obstante, pese a las alabanzas que están lloviendo sobre Iván Duque en estos días, no hay que pasar por alto que esta no es una decisión popular dentro de Colombia. La población oriunda de cualquier sociedad siempre recibe con recelo la llegada masiva de extranjeros. Pasó en Venezuela con la migración colombiana. Es parte de la naturaleza humana. Los 300.000 sirios que huían de la guerra civil de su país provocaron una crisis política en la rica y desarrollada Europa.
Colombia, pese al palpable progreso que ha logrado en las últimas dos décadas, sigue siendo un país pobre. Con una gran desigualdad entre sus cada vez más modernas ciudades y el campo que sigue sumido en el atraso. Con una violencia y unos conflictos sociales que aún no supera.
Por lo tanto este estatuto tiene su costo político. Pero el mandatario colombiano debe estar calculando que no hacerlo le acarrearía un costo mucho mayor a su país, porque no hay manera de detener el movimiento migratorio entre Venezuela y Colombia. Nunca se ha podido, ni se podrá. Por lo tanto, sólo queda aceptar la realidad e intentar manejarla. Es lo que pretende el gobierno de Duque con una medida que tendrá repercusión en Europa y Estados Unidos, con sus propios problemas de migración.
Por lo pronto, el mundo tiene ahora una responsabilidad con Colombia, a la que no se puede dejar sola ante una crisis que no ha provocado.
