(EFE).- Las revelaciones sobre el alcance del espionaje en algunos países a través del programa Pegasus muestran cómo esos gobiernos podrían utilizar métodos excepcionales de defensa de la seguridad nacional para atacar la libertad de prensa y los derechos humanos.
La publicación este lunes de una investigación de un consorcio de medios internacionales, coordinados por la organización francesa Forbidden Stories y con apoyo técnico de Amnistía Internacional, pusieron en evidencia que esos países seleccionaron más de 50.000 números de móviles para espiarlos.
Como clientes de la firma tecnológica israelí NSO Group, enviaban los números que querían que fueran espiados, según la investigación, realizada por 17 medios de comunicación de diez países.
Arabia Saudí, Marruecos, México, Hungría, la India y Azerbaiyán figuran entre los que habrían recurrido a esta práctica, según los autores de la investigación.
PERIODISTAS, ACTIVISTAS Y POLÍTICOS
Los medios buscaron quiénes estaban tras esos números y encontraron a 189 periodistas, a 65 altos cargos de empresas, a 85 activistas de derechos humanos y a más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales, incluidos jefes de Estado y de Gobierno, ministros y diplomáticos.
Al menos 37 de esos números fueron infiltrados, entre ellos periodistas y activistas de derechos humanos, así como la primera esposa y la prometida del periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en 2018 en el consulado de su país en Estambul.
«Es imposible saber si un número de teléfono específico que aparece en la lista se vio comprometido con éxito sin analizar el dispositivo», explicó hoy Forbidden Stories, aunque señaló que se ha podido constatar la «infección» en al menos una docena de móviles de periodistas.
El programa espía de la empresa israelí NSO Group se utilizó para «facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo», aseguró Amnistía Internacional.
NSO rechazó hoy divulgar la lista de sus clientes, consideró que la investigación es «endeble» y recalcó su argumento de que su tecnología ayuda a combatir el terrorismo y el crimen organizado.
MÉXICO, EL PAÍS CON MÁS NÚMEROS
El análisis evidencia que la mayor cantidad de números de la lista corresponde a México (15.000), y que pertenecían sobre todo a periodistas, sindicalistas y políticos.
Entre ellos destaca el caso de Cecilio Pineda, un periodista que fue asesinado en 2017 una semanas después de que su número de teléfono fuera incluido en la lista.
La divulgación generó reacciones de indignación en gobiernos y organizaciones occidentales, mientras que los países nombrados como clientes intentaron restarle importancia o negar las informaciones.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró «absolutamente inaceptable» el uso de esa herramienta tal como se ha denunciado, ya que «está en contradicción con cualquier regla de la Unión Europea».
Unos mil franceses (periodistas y abogados entre ellos) habrían sido objeto del espionaje por parte de Marruecos, que habría enviado para su control unos 10.000 números de teléfono en total, según la emisora pública France Info, que forma parte del consorcio que divulgó las revelaciones.
HECHOS «EXTREMADAMENTE CHOCANTES»
Se trata de hechos «extremadamente chocantes», afirmó el portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal. Varios periodistas franceses presuntamente espiados anunciaron que presentarán denuncias ante la Justicia de su país.
El Gobierno marroquí rechazó «categóricamente las acusaciones mentirosas y desprovistas de fundamento», en un comunicado divulgado hoy.
El diario francés «Le Monde», otro de los medios que participó en la investigación, señala que uno de los periodistas presuntamente espiados es el español Ignacio Cembrero, especialista en el Magreb, y quien les declaró que «no estaba sorprendido», ya que en junio un diario marroquí publicó informaciones a partir de una conversación por WhattsApp con dos personas de la que no había hablado a nadie.
Por su parte, el Ejecutivo indio calificó de «sensacionalistas» las informaciones sobre el uso abusivo de Pegasus, aunque la oposición política le acusó de «traición».
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en París, pidió que los gobiernos de países democráticos emprendan medidas ante la Justicia por el espionaje a periodistas y dijo que ella misma se sumaría a las iniciativas legales que puedan iniciarse.
«Le Monde» denunció en un editorial que «no son los grupos terroristas o criminales los que aparecen principalmente en la lista» de objetivos de Pegasus.
Se trata -añadió- de periodistas, abogados, defensores de los derechos humanos, opositores políticos y hasta médicos, todos protegidos en teoría por convenciones internacionales.
«Le Monde» insistió en que, por mucho que algunos gobiernos aseguren que usarán los métodos excepcionales de vigilancia de forma muy controlada, «en materia de cibervigilancia, el abuso es la regla y no la excepción».
