Ernesto J. Tovar (ALN).- La corrupción es el segundo problema que más preocupa a los peruanos, sólo por detrás de la delincuencia. No es para menos. El escándalo Odebrecht ha salpicado a tres expresidentes, a la líder de la oposición, Keiko Fujimori, e incluso al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Por ello, y pese a contar con un perfil sólido de crecimiento económico en el corto y mediano plazo, Perú todavía debe abordar mejoras en sus instituciones, así como crear condiciones e incentivos para las inversiones, según el FMI.
Del escándalo hemisférico de pagos ilegales por casi 800 millones de dólares (674 millones de euros) de la constructora brasileña Odebrecht, al menos 29 millones de dólares (24 millones de euros), según la justicia estadounidense, se entregaron en Perú a políticos, funcionarios e intermediarios, desde el año 2006. Las averiguaciones incluyen a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, a la congresista Keiko Fujimori –líder de la oposición-, e incluso salpican al presidente Pedro Pablo Kuczynski.
La percepción en el país es que el sistema político y la administración pública son corruptos, y que el enriquecimiento ilícito en obras públicas está a la orden del día. Una encuesta de Proética -el capítulo local de Transparencia Internacional– reveló hace un par de semanas que la corrupción es el segundo problema que más preocupa a los peruanos, con 52% de menciones, sólo por detrás de la delincuencia, con 57%. Cabe destacar que según la misma encuesta hace una década la corrupción era mencionada entre los principales problemas por 37% de las personas.
“La adhesión de Perú a la OCDE sirve para transformar la administración pública”
El estudio determina que la corrupción de funcionarios y autoridades continúa siendo el principal problema que enfrenta el Estado, con 62% de menciones. Esto conduce a que la corrupción, en la percepción de 61% de los peruanos, perjudica al país al generar desconfianza en el Estado.
A escala regional, según Transparencia Internacional, “la mayoría de las personas considera que el nivel de corrupción aumentó”. Tres de cada cuatro personas en Brasil, Perú, Chile y Venezuela sostienen que esta lacra aumentó (entre el 78, 79, 80 y 87%, respectivamente). Justamente fueron Brasil y Venezuela los países donde más dinero ilícito movió Odebrecht.
Y en Perú la poca credibilidad -por considerarlos corruptos- se enfoca en políticos y policías. Según Transparencia Internacional, 64% de las personas considera a sus representantes y agentes del orden público como sujetos de pagos y comisiones ilegales.
Asimismo, 38% de los peruanos reconoce que ha pagado sobornos para acceder a los servicios básicos, dato similar al 38% en Venezuela y sólo por debajo del 51% de México y 46% de República Dominicana. 
El crecimiento y la OCDE
El problema de la corrupción y las instituciones es abordado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe “Perspectivas de la Economía Mundial” de octubre.
Allí se plantea que países como Brasil, México o Perú son “economías de mercado emergentes y en desarrollo” que cuentan con “un margen sustancial para mejorar el clima de negocios y de inversión”.
Ravi Balakrishnan, Jefe de Misión de Perú del FMI, entrevistado por el periódico El Comercio de Lima, opinó que “todavía persisten algunos riesgos a la baja (del PIB) si el crecimiento de la inversión pública no llegara a sostenerse en la forma esperada, o si nuevos desarrollos en el caso Odebrecht tuvieran efectos adversos sobre la inversión (tanto pública como privada)”.
“38% de los peruanos reconoce que ha pagado sobornos para acceder a los servicios básicos”
El FMI prevé que la economía peruana crecerá 2,7% en 2017 (frente a un pronóstico de 3,5% en abril pasado) y otro 3,8% en 2018.
Perú tiene marcado en su calendario de 2021 el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y para ello se han definido varias metas y políticas públicas en torno al crecimiento e instituciones. Y precisamente este último aspecto es fundamental para superar problemas como la corrupción.
Al respecto, el ministro consejero de la delegación de la Unión Europea en Lima, Felipe Palacios, manifestó que “la adhesión a la OCDE sirve para la transformación de la administración pública”, necesaria para hacer un Estado más eficiente y transparente, pese a que el debate político pueda ralentizar el ritmo de reformas.
Palacios, participante en el Foro Visiones de la Cámara Española de Perú y BBVA, resaltó que “hace falta un consenso real, una decisión de colaboración con la visión de país avalado por todas las autoridades políticas. Este será el punto de partida de la transformación de las instituciones en el país”.
Finalmente, el FMI, en su informe de octubre explica que “la adopción de medidas decisivas para mejorar la gestión de gobierno y el Estado de derecho contribuiría a frenar la corrupción, fortaleciendo la confianza empresarial y estimulando la inversión en algunos países”.
