Daniel Gómez (ALN).- Un testigo clave que pierde la vida, amenazas de muerte a un expresidente, sistemas judiciales obsoletos, que no funcionan. Eso es lo que está ocurriendo ahora con el mayor escándalo de corrupción de América Latina, el caso Odebrecht.
¿Qué fue del escándalo de corrupción más grande de América Latina, el caso Odebrecht? Ahora el expresidente peruano Alán García pide asilo en Uruguay para evitar que lo detengan. En Colombia un testigo clave aparece muerto en extrañas circunstancias. Y en México, al igual que en Venezuela, el caso no avanza.
Cuando el 21 de diciembre de 2016 la Fiscalía brasileña destapó la red de sobornos de la constructora, y se vio que 10 países latinoamericanos estaba salpicados, los analistas se apresuraron a decir que esto era una oportunidad para Latinoamérica. Incluso que era buena noticia porque la Justicia funcionó. Eso decían. Pero no fue así siempre.
En Venezuela, la fiscal general destituida y exiliada, Luisa Ortega, divulgó hace un año un vídeo en el que Euzenando Azevedo, exdirector de la filial venezolana de Odebrecht, señalaba al presidente, Nicolás Maduro, como receptor de un pago ilegal de 35 millones de dólares cuando era ministro de Hugo Chávez.
De nada sirvió el testimonio de Azevedo porque el Ministerio Público, hoy encabezado por Tarek William Saab, no ha hecho nada por el caso. En el régimen de Maduro no se producen avances, pero en una democracia como la mexicana tampoco.
Dos años después, sigue sin haber detenciones en un país del que se descubrieron sobornos por 135 millones de euros e incluso un supuesto culpable. Este es, según el Instituto de Transparencia de México, Emilio Lozoya, extitular de la petrolera estatal Pemex.
Pero, ¿por qué esta parálisis en México? Algunas claves las dio en un vídeo de Visual Politik el investigador Enrique Fonseca. “Como no hay juicios orales y todo se tiene que presentar por escrito, los casos se convierten en montañas de cuadernos, carpetas e informes. Papeles que luego se tiene que leer el juez. Imagínense entonces lo que se puede demorar un juicio”.
La buena noticia es que los sistemas judiciales de México y Venezuela son la excepción. Los tribunales funcionan en el resto de los países, pero eso no quita que haya otros asuntos cuando menos inquietantes. Como la reciente muerte del auditor de la Concesionaria Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, y la de su hijo Alejandro Pizano.
La muerte de un testigo clave en Colombia
Pizano se consideraba un testigo clave dentro del escándalo Odebrecht en Colombia. La Justicia aguardaba su testimonio, pero el 6 de noviembre murió a causa de un infarto de miocardio, según la autopsia.
Pizano reveló que el fiscal general de Colombia conocía desde antes de asumir el cargo las irregularidades en la licitación para la obra de Ruta del Sol
Tres días después, también falleció su hijo al intoxicarse bebiendo cianuro. Un tóxico que este domingo, según informa la Fiscalía, apareció en el lavamanos de su padre. ¿Una trágica coincidencia o es que hay algo más? Eso es lo que ahora se trata de averiguar investigando las trazas del bote del veneno y realizando nuevas pruebas clínicas.
Por otro lado, con el testimonio de Pizano se buscaba esclarecer qué ocurrió en la obra de la Ruta del Sol II por la que Odebrecht pagó 28,5 millones en sobornos. Informa el diario El Comercio que este agosto, Pizano dio una entrevista a Canal Uno -que fue emitida tras su muerte- en la que reveló que el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, conocía desde 2015, antes de asumir el cargo, las irregularidades en la licitación para la construcción de Ruta del Sol II.
Un expresidente peruano pide asilo en Uruguay
En Perú las aguas también están revueltas. El expresidente Alan García está siendo investigado por presuntos sobornos en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, proyecto en el que estaba involucrada la constructora brasileña Odebrecht.
García lo niega y lo califica de persecución contra él desde el Gobierno. Eso le llevó a pedir asilo en Uruguay este domingo. “Nosotros habíamos tomado conocimiento de que la próxima semana se había citado tres veces al expresidente y se preparaba una detención en una de estas diligencias y esto es parte de una criminalización del comportamiento de Alan García”, dijo el abogado del exmandatario, Erasmo Reyna, en declaraciones al Canal N.
Reyna admitió que García teme por su vida. Asegura que ha recibido amenazas de muerte y que la decisión de marcharse a Uruguay es para proteger su “integridad física y libertad”.
García se encuentra en la residencia del embajador uruguayo en Lima y todo apunta a que el país suramericano admitirá la solicitud de asilo. Informa el diario El País de Uruguay que el ministro de Asuntos Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, así lo contempla.
Mientras, en Twitter, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, reivindica la independencia del Gobierno y de la Justicia. “No existe persecución política en el Perú, y todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones”, dijo en un tuit.
Esto viene porque el jueves, García denunció “una persecución política” en su contra. Y es que el expresidente llegó el pasado jueves a Perú procedente de España, donde reside, para declarar ante la Fiscalía. A su llegada, sin embargo, el Ministerio Público solicitó una orden que le impidiera salir del país para continuar el caso.
Cuando Vizcarra supo de la petición de asilo de García, llamó al presidente uruguayo, Tabaré Vázquez. En la conversación, reseñada por Infobae, el mandatario peruano insistió en que en su país no existe ninguna persecución política, y apuntó que no se opondrá al pedido de asilo por “respeto a los acuerdos internacionales”.
García solicitó asilo a Uruguay conforme a lo dispuesto en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual Perú y Uruguay son firmantes.
