Pedro Benítez (ALN).- Perú puede ser en los próximos años la Italia de Suramérica: la economía por un lado y la política por otro. Pedro Pablo Kuczynski, presidente del país con la economía más exitosa de Latinoamérica, puede perder el cargo como consecuencia del escándalo Odebrecht. Pero la mala noticia no es esa: Esta es la oportunidad de los que quieren barrer con la institucionalidad democrática.
La frase del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en su novela Conversación en La Catedral, “¿En qué momento se jodió el Perú?”, es un fantasma que pende sobre la economía de más exitoso desempeño de América Latina en las últimas dos décadas.
Por donde se le mire Perú ha sido la historia de un éxito. Hasta los más fervientes críticos de este modelo de economía de mercado reconocen los logros en cuanto a la drástica disminución de la pobreza y el progreso social. Ese país lleva casi dos décadas de una estabilidad y crecimiento envidiables, capeando como ninguno el fin del boom de las materias primas que tanto alentó el crecimiento suramericano en la primera década del siglo.
Sin embargo, hoy está sumergido en una profunda crisis institucional que puede poner fin a la Presidencia de Pedro Pablo Kuczynski y cuyas consecuencias sobre la credibilidad de los peruanos en el sistema político pueden amenazar el modelo económico.
El izquierdista Frente Amplio peruano exige comicios presidenciales y parlamentarios e incluso una nueva Constitución
El miércoles pasado la diputada fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la comisión del Congreso peruano que investiga las implicaciones de la red de sobornos del caso Odebrecht en el país, presentó un oficio en el cual se afirma que esa empresa pagó millones de dólares a las compañías First Capital y Westfield, vinculadas al presidente Kuczynski, cuando este fue ministro de Economía y primer ministro del gobierno de Alejandro Toledo entre 2004 y 2007.
Hasta ahora el gobernante peruano había negado cualquier relación con la trama: “Puedo afirmar que no he tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas ni con sus consorciadas peruanas, que públicamente vienen siendo vinculadas al Caso Lava Jato”, afirmó por escrito en octubre pasado.
Ahora admite que esas empresas de su propiedad sí contrataron con la constructora brasileña pero ha negado su responsabilidad directa.
Esas contradicciones y negaciones le han hecho perder la confianza de la opinión pública, pues ha quedado en duda su credibilidad, provocando un terremoto político.
El viernes pasado, con 93 votos a favor y 17 en contra, el Congreso peruano admitió la moción de vacancia presidencial.
PPK, como llaman los medios y los peruanos en general al presidente, comenzó su mandato con expectativas muy positivas por el buen estado de la economía y por ser esa su área de experticia profesional. El país parecía estar en manos prudentes luego de haber derrotado en segunda vuelta a Keiko Fujimori.
Sin embargo, los nubarrones iniciales se asomaron en la constitución del Congreso. Allí el fujimorismo es clara mayoría con 78 de los 130 asientos. El partido del presidente apenas tiene 18 curules por detrás de los que tiene el izquierdista Frente Amplio. De modo que Kuczynski, sin una base política importante en el Legislativo, arrancó su mandato en manos de una oposición para nada complaciente.
La crisis política generada por estas nuevas revelaciones que lo implican es un momento propicio para que se desate el canibalismo entre las distintas facciones políticas como el aprismo, el fujimorismo y la izquierda. Es decir, un sistema político en crisis, exactamente al revés de la economía. Con lo que podríamos tener a Perú en los próximos años como la Italia de Suramérica: la economía por un lado y la política por otro.
Esto pese a que la justicia peruana está demostrando una diligencia e imparcialidad (a excepción de Alberto Fujimori, todos sus expresidentes han sido objeto de investigación e incluso imputación) que no se observan en otros países de la región.
Peligro para la democracia
Sin embargo, la anterior es una visión optimista, porque voces dentro del país empiezan a cuestionar esa misma institucionalidad, donde los fiscales, por ejemplo, no se han detenido ante ideologías, posturas políticas o cargos públicos.
Así por ejemplo, el izquierdista Frente Amplio peruano exige comicios presidenciales y parlamentarios e incluso una nueva Constitución.
Esa postura no es ingenua. Detrás de ella se esconde en ciernes la intención de barrer con el sistema político y luego, de ser posible, con el económico.
Las inconsecuencias y los engaños de la clase política son los que destruyen la confianza de los ciudadanos en la democracia y facilitan el terreno para su destrucción
Como los políticos son corruptos hay que cambiar la Constitución. Esa es la consigna que justifica una política. Es la oferta que hace desde Chile su propio Frente Amplio y Podemos en España.
Es el esquema de Venezuela en 1999, aplicado con “éxito” en Bolivia, Ecuador y Nicaragua, donde se ofreció cambiar la Constitución, cuando el problema no era el texto de la Carta Magna sino su incumplimiento. Pero esta idea esconde el verdadero propósito de poner patas arriba la institucionalidad de la democracia liberal para llegar al inconfesable objetivo final de establecer una nueva élite de poder que luego se niegue a abandonar ese poder.
Por supuesto, son las corruptelas, las inconsecuencias y los engaños de la clase política los que destruyen la confianza de los ciudadanos en la democracia y facilitan el terreno de los que pretenden demolerla. Este es el proyecto y esa la amenaza que sobrevuela a Perú.
