Pedro Benítez (ALN).- Para bien y para mal las fuerzas militares venezolanas han sido en el último siglo la columna vertebral del Estado. Esa posición ha estado y está (hoy) amenazada por grupos armados que han penetrado el territorio del país bajo el amparo de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro por razones ideológicas y como aliados del proyecto político chavista. Pero a eso hay que sumar el desprestigio en el que han caído a los ojos de la población, que las identifica como parte del régimen. Un aspecto siniestro que revela la otra cara de la crisis venezolana.
Uno de los argumentos del chavismo en el poder para disuadir alguna posible intervención militar externa sobre Venezuela es que se repita el escenario de Libia luego de la caída del régimen de Muamar Gadafi. La disolución completa del Estado, tal como lo definió Max Weber: la instancia que reclama exitosamente el monopolio legítimo de la violencia en un territorio.
Es decir, una situación el cual el país quede dividido de manera indefinida en distintas facciones armadas. Una especia de Somalia en el norte de Suramérica sería una posibilidad incluso peor que la presente.
No obstante, tal como van las cosas en Venezuela eso podría ocurrir sin necesidad de esa posible intervención militar. Esta semana se volvieron a dar señales que indican que más que instaurar un gobierno totalitario según el modelo cubano, en el país está aconteciendo un peligroso proceso de disolución del poder del Estado sobre parte del territorio y de su población.
El pasado domingo 4 de noviembre una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue emboscada por un “grupo irregular” a pocos minutos de la ciudad de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas (al sur del país). El suceso dejó como saldo lamentable tres funcionarios muertos y otros 12 heridos.
No es la primera vez que este tipo de incidentes ocurren en la complicada línea fronteriza de 2.219 kilómetros que comparten Venezuela y Colombia. Hace pocas semanas ocurrió otro suceso similar en los alrededores del río Catatumbo, también limítrofe con Colombia.
Una comisión de la Guardia Nacional fue emboscada por un “grupo irregular” a pocos minutos de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas. El suceso dejó tres funcionarios muertos y otros 12 heridos
Lo llamativo es la respuesta que sistemáticamente han dado las autoridades venezolanas en los últimos 20 años al atribuir estos hechos siempre, e invariablemente, al paramilitarismo colombiano (asociados a la extrema derecha de ese país) y nunca a las guerrillas (de extrema izquierda), bien sean las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el Ejército de Liberación Nacional (ELN), o grupos disidentes de las mismas.
Como lo han denunciado varios periodistas venezolanos especializados en temas de seguridad y de frontera, esos grupos armados han operado dentro del territorio venezolano. Pero desde la época del expresidente Hugo Chávez a las FARC y al ELN se les ha dado un trato de favor. Primero de manera subrepticia y luego públicamente.
Hace una década en un discurso ante la Asamblea Nacional de Venezuela Chávez afirmó: “Las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos que ocupan espacio en Colombia, hay que darles reconocimiento, tienen un proyecto político y bolivariano”.
La presencia de grupos guerrilleros en Venezuela es de vieja de data, y se pone de manifiesto con este discurso del fallecido líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, quien manifestó que «las Farc y el ELN no son grupos terroristas, son ejércitos… » #7Nov pic.twitter.com/aMDCCywidN
— @ReporteV (@ReporteV1) 8 de noviembre de 2018
Así rompió una tradición de los gobiernos venezolanos que le precedieron de no involucrarse en el conflicto interno colombiano y combatir sin cuartel tanto a las guerrillas de izquierda como a los grupos paramilitares y demás organizaciones criminales que cruzaran la frontera.
Para muchos quedó entonces bastante claro el apoyo que por acción u omisión el Gobierno brindaba a la FARC y al ELN, lo que sería motivo de grave fricción con el entonces presidente Álvaro Uribe al otro lado de la frontera.
Desde entonces periodistas y políticos opositores (como el diputado Américo De Grazia) han denunciado la presencia concretamente del ELN dentro de Venezuela.
.@AmericoDeGrazia: Cuando me piden las pruebas tengo que decir que son los testimonios de los guayaneses que viven esa tragedia, en San Vicente del Paúl donde explotan diamantes saben de la presencia del ELN, donde explotan el coltán y el oro también #SesiónAN #TVVNoticias pic.twitter.com/3tKTb682gg
— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 6 de noviembre de 2018
No obstante, en esta ocasión tanto el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, como el también general y jefe de la Región de Defensa Integral (REDI), Jesús Mantilla, se han negado a atribuir el hecho a ese grupo irregular, que no se acogió al proceso de paz que llevó adelante el anterior presidente colombiano Juan Manuel Santos.
#VIDEO| Jefe REDI Guayana, Jesús Mantilla, sobre presunta incursión de guerrilla colombiana en minas de Bolívar: «No hay grupos subversivos ni guerrilleros, simplemente son algunos muchachos que se colocan alguna prenda». pic.twitter.com/4fecMv3J4M
— Carlos Suniaga G. (@CarlosSuniagaG) 22 de octubre de 2018
La emboscada habría sido una retaliación por una operación de seguridad por parte de la GNB en la que previamente capturó al cabecilla de ese grupo, Luis Felipe Ortega Bernal.
Pocas horas después un comunicado del Gobierno de Colombia afirmó que el detenido estaba solicitado por la Interpol y era uno de los cabecillas del ELN, coincidiendo así con informaciones previas.
En este punto del recuento surgen dos preguntas elementales:
1- ¿Por qué un grupo armado “aliado” del Gobierno venezolano se enfrentaría militarmente a sus funcionarios?
2- ¿Por qué un Estado compartiría el monopolio del poder de fuego dentro de su territorio con un grupo irregular?
La respuesta a las dos preguntas reside en la ideología y en la naturaleza del proyecto político chavista. No es la primera vez que eso ocurre.
En el Líbano, por ejemplo, el origen de la guerra civil que destruyó a ese país en los años 70 y 80 del siglo pasado fue la nefasta idea de amparar en su territorio a las milicias armadas de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). El objetivo era socavar el poder del vecino Israel y esto se le termino devolviendo al Líbano.
Un Estado dentro del Estado
En el caso concreto de Venezuela el expresidente Hugo Chávez, desde su llegada al gobierno en febrero de 1999, avaló el surgimiento de grupos armados dentro de la misma ciudad de Caracas por motivos ideológicos, pero también de orden pragmático. Incluso se les entregó el control de la populosa parroquia 23 de Enero en el oeste de la ciudad. En una época en la cual el apoyo de las Fuerzas Armadas no le era seguro, esos grupos cumplían un papel de disuasión ante un posible levantamiento militar, así como también de control social sobre el sector de la población desafecto a su proyecto político.
En la cumbre del poder Chávez comenzó a hablar de lo que denominaba “el pueblo en armas”, como una forma de preparar a la población para una posible acción militar que pretendiera destruir “el proceso revolucionario”. Es decir, desplazarlo del poder. Cuando afirmaba que la revolución era pacífica pero estaba armada, no sólo lo decía por el apoyo de los componentes de la institución militar, que después de todo le debían lealtad como presidente elegido democráticamente.
Un paso más en el desarrollo de esa lógica fue la creación de la Milicia en 2009 como un quinto componente junto con el Ejército, la Marina, la Aviación y la Guardia Nacional. Sin embargo, esto no invalidó la idea de contar con grupos paramilitares al margen del Estado como aliados de la revolución.
Ya siendo presidente Nicolás Maduro esta situación daría pie a un conflicto público cuando en 2014 el ministro del Interior, general Miguel Rodríguez Torres (hoy en prisión), apoyó una acción policial contra uno de estos grupos urbanos que operaban a sus anchas dentro de la capital. En esa ocasión Maduro respaldó a esos grupos y Rodríguez Torres salió del ministerio.
Un ejemplo de cómo la relación entre el poder formal del Estado y el informal de los grupos irregulares no siempre era armoniosa.
Sin embargo, Chávez proyectó esa misma lógica en el resto del territorio nacional, pero con un agregado en particular: Eran organizaciones armadas de la vecina República de Colombia.
Lo llamativo es la respuesta que sistemáticamente han dado las autoridades venezolanas al atribuir estos hechos al paramilitarismo colombiano y nunca a las guerrillas, bien sean las FARC o el ELN
Ciertamente Colombia exportó su conflicto a Venezuela, pero Chávez también le dio puerta franca, porque detrás de las FARC y el ELN se venían los paramilitares y el narcotráfico.
Hoy, en medio de la tremenda crisis económica caracterizada por una hiperinflación totalmente fuera de control, Venezuela ha llegado a una situación en la cual estos grupos compiten por el control de los recursos del país con el propio Estado venezolano.
Dentro de la ciudad de Caracas, a pocos metros de la oficina presidencial, estos grupos armados fiscalizan precios, cierran negocios, venden alimentos e imponen su orden. Asimismo, a muchos kilómetros de distancia, en el interior de Venezuela (como lo denuncia el diputado De Grazia) otros grupos armados “aliados” del chavismo controlan minas de oro y efectúan otros negocios ilícitos.
Siempre terminan cruzando la línea de la legalidad y se transforman en un Estado dentro del Estado, disputándole el monopolio de la fuerza a la institución militar que se ve limitada en su accionar por los propios comandantes.
Para bien y para mal, esa misma institución que ha sido la columna vertebral del Estado venezolano ve hoy su posición más amenazada que nunca.
