Redacción (ALN).- La oposición al gobierno de Nicolás Maduro se enfrenta a un desafío estratégico a medida que se acerca la fecha de juramentación de un nuevo presidente en Venezuela, el 10 de enero: si seguir pujando por la que considera su victoria en los comicios presidenciales de julio, o si se alista (o no) para participar en la elección de autoridades locales previstas para 2025.
Diversos sectores políticos, analistas y figuras críticas con el chavismo y su oposición han apuntalado en las últimas semanas su idea de que el país debe superar la polémica del sufragio del 28 de julio, aceptar la victoria y juramentación de Maduro y prepararse para las votaciones del próximo año de 335 alcaldes, 23 gobernadores y más de 270 diputados.
María Corina Machado, considerada la gran movilizadora de la oposición y de la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España, repudió la semana pasada los llamados a pasar la página de unos comicios que la oposición dice haber ganador con más de 37 puntos de ventaja y que le otorgarían el mayor cargo político del país.
Nuevas reglas, mayor desconfianza
El oficialismo adelantó en septiembre diálogos con diversos sectores políticos en la Asamblea Nacional, que domina en número, para modificar leyes de cara a próximas elecciones y definir quiénes podrían participar. Según discusiones preliminares, el chavismo impediría participar a “fascistas” y a quienes desconozcan el triunfo de Maduro.
“Esto se contrapone con los parámetros constitucionales sobre el poder de elegir y ser elegido”, con una única excepción para no poder ser candidato si hay sentencia penal firme en su contra, explica el politólogo venezolano Doriam González.
Según González, el chavismo está dispuesto a organizar procesos electorales en Venezuela “si no atentan contra su interés de permanencia en el poder” y con la participación de “quienes tengan la capacidad de sortear estos filtros legales” por aprobarse.
Una idea “casi inabordable”
Víctor Maldonado, politólogo, valora que la idea de una nueva votación en Venezuela “es casi inabordable” debido a “las demostraciones de devastación del estado de derecho” de una gran parte de la comunidad nacional e internacional sobre la presidencial de julio.
Estima que los partidos políticos atraviesan una crisis de “vacío de legitimidad y sensatez” mientras el país se enfrenta al reto de “qué hacer de ahora en adelante y cómo procesar” la controversia por los resultados electorales de hace apenas tres meses.
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