Pedro Benítez (ALN).- Cuando no se puede conseguir algo por la fuerza hay que negociar. Nicolás Maduro no ha logrado sepultar a sus opositores dentro de Venezuela ni estos han logrado sacarlo del poder. Como consecuencia, estamos siendo testigos del enésimo intento de acuerdo político entre el régimen chavista y parte de la oposición. El más audaz, arriesgado y controversial que se haya intentado para destrabar la guerra política sin fin del país.
Nicolás Maduro ha decidido liberar en las últimas horas a un grupo importante de presos políticos encerrados en las instalaciones de la policía política en Caracas por medio de una medida que ha denominado “indulto”. La medida beneficia a 110 personas que hasta ahora han sido objeto de distintas formas de persecución política.
Entre los liberados se encuentran desde políticos de alto perfil como el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Juan Requesens (casa por cárcel) y el abogado Roberto Marrero, jefe de despacho de Juan Guaidó, hasta sencillos ciudadanos sin ninguna actividad política cuyas únicas faltas consistieron en ser familiares o vecinos de otros perseguidos por el régimen.
En todos los casos llevaban meses y años detenidos sin ningún tipo de sentencia judicial e incluso sin acusación. Simplemente rehenes.
Los que no se encontraban detenidos (la mayoría) son diputados exiliados, asilados en embajadas o que permanecen en Caracas con bajo perfil público. A todos la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) los despojó ilegalmente de la inmunidad parlamentaria pese a haber sido elegidos en diciembre de 2015.
Por otro lado, las liberaciones no han incluido hasta ahora ni a militares, ni a policías, ni a dirigentes como Leopoldo López (asilado en la embajada de España en Caracas), ni al expresidente de la AN Julio Borges.
Esta medida de carácter político ha exhibido (una vez más) uno de los peores aspectos del régimen: la persecución por causas políticas. Por lo tanto, es una acción que para Maduro tiene un costo que incluye la disconformidad y la crítica abierta o velada de los grupos más radicales del régimen. Recordemos que también hay disidentes chavistas perseguidos o que sus organizaciones políticas han sido judicializadas como los demás partidos opositores por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) controlado por Maduro.
¿Por qué ahora?
De modo que la pregunta es obligada: ¿Por qué Maduro hace esto ahora?
La respuesta pasa por la elección a la Asamblea Nacional (AN) que el Consejo Nacional Electoral (CNE), designado por el TSJ madurista, ha convocado para el próximo mes de diciembre.
Maduro necesita una AN a partir del 2021 con ciertas apariencias de legitimidad internacional que, primero, desanimen la aplicación de más sanciones personales por parte de la Unión Europea a personeros del régimen y, en segundo lugar (pero no menos importante), le permitan ir rompiendo el cerco de sanciones impuestas por Estados Unidos y el aislamiento internacional en el que ha caído.
Para conseguir eso precisa que una parte importante y representativa de la oposición participe en esa cuestionada elección parlamentaria. ¿Cómo consigue esto? Dando y ofreciendo mejores condiciones para la participación electoral. La liberación de presos políticos es un primer paso en ese sentido.
No obstante, la anterior es una condición necesaria pero no suficiente. Expertos en el área electoral venezolana como el expresidente del CNE Andrés Caleca y la exconsultora jurídica de ese organismo Eglée González-Lobato, han advertido que el proceso electoral previsto no cumple con las condiciones técnicas ni legales mínimas que garanticen su trasparencia. En consecuencia, esa elección parlamentaria no obtendría el reconocimiento internacional que tanto pide Maduro.
Hasta hace pocas semanas la estrategia de este consistía en negociar con sectores periféricos que se identificaban como opositores la participación en el proceso, e incluso arrebatar arbitrariamente los símbolos a los partidos más importantes, pero estas maniobras han sido tan burdas que le han resultado contraproducentes internacionalmente.
Para subsanar eso necesita negociar con un sector representativo de la oposición que desee participar, y además, aceptar observación electoral internacional, probablemente de la Unión Europea.
El doble dilema
Luego viene la siguiente gran pregunta: ¿Por qué la oposición venezolana, o una parte de ella, podría considerar siquiera participar en un proceso electoral que nunca tendría condiciones ideales estando Maduro en el poder? La respuesta consiste en que no tiene mejores opciones.
La oposición venezolana vive el mismo drama de todos aquellos movimientos disidentes desarmados que se oponen a regímenes autoritarios. Cualquier desplazamiento por la fuerza, interna o externa, del poder constituido está fuera de su alcance.
Así pues, estamos ante un doble dilema: si Maduro le da condiciones óptimas de participación electoral a la oposición sentencia su derrota electoral, y si no le da suficientes condiciones esta no participa, y en consecuencia no podría romper el cerco internacional en su contra. Ese es el juego. La oposición decide si aprovecha o no ese resquicio con todos los inmensos riesgos que implica.
Maduro sabe, por supuesto, que con esa maniobra va a dividir a la oposición alimentando el eterno dilema de votar o no votar. Esa es su gran apuesta y el gran problema de sus adversarios.
Las dos caras del mismo drama nacional.
