Antonio José Chinchetru (ALN).- La situación personal y política de Carles Puigdemont ha cambiado radicalmente tras ser detenido en Alemania, en aplicación de una orden europea de captura activada por la Justica española. Ya no podrá viajar y dar conferencias como autoproclamado ‘presidente de Cataluña en el exilio’. Sin embargo, todavía tiene mucho peso en la política catalana y está en sus manos que el separatismo pueda elegir un nuevo presidente autonómico o abocar a la región a unas nuevas elecciones.
Tras meses huyendo de la Justicia y viajando sin problema por diversos países europeos, Carles Puigdemont ha terminado siendo detenido y encarcelado en Alemania en aplicación de la euroorden de captura activada por el Tribunal Supremo español. Ha arrancado un proceso que puede durar entre 10 y 60 días, en el que un juez germano debe decidir si se extradita al prófugo o se le deja en libertad. Al margen de la situación procesal, el expresidente autonómico tiene en sus manos desatascar la situación política en Cataluña.
La ultraizquierdista Candidatura de Unidad Popular (CUP), con cuatro escaños en el Parlamento autonómico, mantiene el veto a cualquier candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que no sea Carles Puigdemont. Esto impide que el separatismo logre sumar una mayoría suficiente para investir a un nuevo jefe de Gobierno autonómico debido a que tanto Puigdemont como el exconsejero de Sanidad, Antoni Comín, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y fugado en Bélgica, mantienen sus actas de diputados. Pero la detención del expresidente catalán puede cambiar las cosas.
Una opción es que la CUP levante el veto. En ese caso, el candidato que dicha formación pactara con ERC y el grupo de Puigdemont, Junts Per Catalunya (JxC), lograría ser investido sin problemas. La probabilidad de que esto ocurra es, sin embargo, muy baja. Por lo tanto, quedan tan sólo dos opciones.
Hasta ahora, tanto Puigdemont como Comín, que es uno de los más leales colaboradores del expresidente catalán, han rechazado renunciar a sus actas de diputados. Esto tiene una consecuencia directa sobre la aritmética parlamentaria. Al no poder acudir a las sesiones del Parlamento, y puesto que sus ausencias no se deben a ninguno de los motivos que permiten votar a distancia, esto perjudica al bloque formado por JxC y ERC y les impide alcanzar la mayoría parlamentaria.
Si, tras su detención, Puigdemont decidiera renunciar a su escaño y Comín siguiera su ejemplo, la situación cambiaría completamente
Si, tras su detención, Puigdemont decidiera renunciar a su escaño y Comín siguiera su ejemplo, la situación cambiaría completamente. JxC y ERC ya no necesitarían a la CUP para investir a un nuevo presidente autonómico. Los dos partidos mayoritarios podrían pactar la candidatura de una persona que no esté inmersa en un proceso judicial e investirla como jefe del Gobierno regional.
El nombre de Elsa Artadi, colaboradora directa de Puigdemont, ha sonado desde el primer momento como posible presidenciable de consenso entre las dos formaciones.
Doble sacrificio para Carles Puigdemont
Hasta ahora, sin embargo, Puigdemont no ha dado muestras en ningún momento de estar dispuesto a entregar su acta de diputado. De hecho, son varios los dirigentes independentistas que se encuentran en prisión preventiva que no han renunciado a su escaño. En el caso del expresidente supondría un doble sacrificio personal. Por una parte, está el puramente pecuniario. A pesar de no haber pisado la Cámara en toda la legislatura, cobra un sueldo de 2.871,57 euros mensuales, según ha revelado la web especializada Sueldos Públicos.
Por otra, y ese sacrificio si cabe es más importante, renunciar al escaño supondría reconocer que no puede ser investido. Esto implicaría una ruptura con el discurso que ha mantenido hasta el momento, según el cual él es el único presidente legítimo de Cataluña. En sus conferencias se presenta como “presidente en el exilio” y su campaña electoral se centró en la idea de que ninguna otra persona está legitimada para ocupar el cargo (Ver más: Carles Puigdemont se presenta a las elecciones como un caudillo populista). A esto se suma que perdería fuerza una estrategia de defensa basada en una supuesta, pero irreal, condición de “preso político” (Ver más: No son presos políticos los antiguos miembros del Gobierno catalán encarcelados).
Si Puigdemont y Comín no renuncian a sus actas de diputados, se mantendría el atasco parlamentario. En ese escenario, y puesto que el reloj comenzó a correr el pasado jueves tras la investidura fallida del exconsejero de la Presidencia Jordi Turull, Cataluña se encamina a unas nuevas elecciones este verano. La Cámara autonómica tiene hasta el 22 de mayo para elegir un nuevo presidente regional. Esto sólo es posible si se alcanza un acuerdo entre los grupos separatistas, algo muy difícil en las actuales circunstancias. Una vez cumplido ese plazo, el Legislativo autonómico quedaría disuelto y Mariano Rajoy debería convocar nuevos comicios. Estos, según dijo el propio presidente del Gobierno español el pasado viernes en Bruselas, tendrían lugar en algún momento entre el 15 y el 20 de julio.
Unas nuevas elecciones catalanas prolongarían en el tiempo la situación de inestabilidad
Este escenario no es del gusto del Gobierno español ni de los separatistas, puesto que prolongaría en el tiempo la situación de inestabilidad. Según el sondeo del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO, la encuestadora pública de la Generalitat de Cataluña) publicado en febrero, el apoyo a la independencia se ha desplomado de 48,7% en octubre a 40,8% en enero. El rechazo explícito a esta se disparó de 43,6% a 53,9%.
Sin embargo, los equilibrios parlamentarios entre los dos bloques no cambiarían, si bien sí se recompondrían las fuerzas dentro de cada sector. El secesionismo seguiría siendo mayoritario en el Parlamento autonómico, pero con ERC como partido mayoritario dentro del bloque. Aun así, esta formación y JxC seguirían dependiendo de la CUP para garantizarse la mayoría absoluta.
