María Rodríguez (ALN).- El intento de Jimmy Morales de desautorizar al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad guatemalteca, Iván Velásquez, le ha valido el rechazo de la comunidad internacional y una oleada de protestas en las calles. Por su parte, Velásquez pidió despojar de la inmunidad al mandatario para investigarlo por financiación ilegal en las elecciones de 2015.
Desde 2006 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), nacida de un acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno guatemalteco, trabaja en la defensa del Estado de derecho del país, centrando muchos de sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción de la clase política. Al frente de la CICIG se sitúa desde 2013 el magistrado colombiano Iván Velásquez, clave en las investigaciones que llevaron a la cárcel en 2015 al expresidente Otto Pérez Molina por fraude aduanero en el caso conocido como ‘La Línea’. Ahora, el mandatario Jimmy Morales ha declarado persona non grata al magistrado anticorrupción y ha ordenado su expulsión del país, levantando un halo de protestas por toda la nación.
Morales justificó su decisión “como un acto de lealtad a la patria”. Lo hizo a través de un vídeo publicado por la Presidencia de Guatemala en redes sociales la madrugada del domingo. En él aseguró que “el rumbo de las acciones del juez Velásquez se estaba alejando de cumplir el mandato de la CCIG y de respetar el marco jurídico nacional”.
Antes de esta comunicación, el presidente guatemalteco viajó a Nueva York el viernes para pedir al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el cese de Velásquez al frente de la Comisión. Guterres respaldó al magistrado, al igual que lo hicieron el Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, que criticaron abiertamente la decisión de Morales, según recoge Notimérica. Asimismo, el embajador estadounidense en el país, Todd Robinson, señaló que EEUU podría revisar toda la política de ayuda a Guatemala.
Iván Velásquez fue clave en las investigaciones que llevaron a la cárcel en 2015 al expresidente Otto Pérez
Ese mismo fin de semana, el Tribunal Constitucional de Guatemala bloqueó la orden de expulsar a Velásquez del país en una votación dividida (tres votos contra dos) y advirtió a los ministros de Exteriores, Defensa y Gobernación de que la decisión de Morales quedaba sin efecto. Tal como recoge el periódico El País de España, la decisión fue “aplaudida rabiosamente” por los cientos de manifestantes que se encontraban frente al Constitucional.
El viernes que Morales viajó a Nueva York, Velásquez, como jefe de la CICIG, junto a la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, pidió ante la Corte Suprema de Justicia -según publica el diario El Mundo– despojar de su inmunidad al mandatario para investigar la financiación de la campaña de 2015 que le aupó al poder.
Según el mismo rotativo, ambas instituciones solicitaron esta petición por estar Morales involucrado en un caso de corrupción en el que se le acusa del delito de financiación ilícita y por el que podría enfrentarse a una pena de entre cuatro y 12 años de prisión.
Jimmy Morales, excómico, llegó a la Presidencia de Guatemala el 14 de enero de 2016 al frente del partido Frente de Convergencia Nacional, surgido en 2008. Triunfó en la segunda vuelta de las elecciones (celebradas en septiembre de 2015) con el 68,53% de los votos contra Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza.
A Morales le impulsó al poder no representar a partidos de la política tradicional, vinculada en esos años con la corrupción, especialmente por el caso ‘La Línea’, una red mafiosa que operaba en las aduanas, donde se cobraban sobornos a empresarios, según publica El País. Esta operación, cuya investigación inició la CICIG, tiene entre rejas, además de al expresidente Otto Pérez, a quien fuera su vicepresidenta, Roxana Baldetti, y a la totalidad del gabinete de Gobierno del Partido Patriota, que ejerció el poder entre el 14 de enero de 2012 y el 2 de septiembre de 2015.
La CICIG ha sacado a luz la financiación ilegal del principal partido de la oposición, Unión Nacional de la Esperanza
Pero la CICIG también ha trabajado para destapar más casos significativos de corrupción que han llevado ante la justicia a políticos, empresarios y militares guatemaltecos. Otro de las operaciones más sonadas fue la de ‘Construcción y Corrupción’. Según la prensa de la región, la trama consistía en una mafia que operaba en el Ministerio de Comunicaciones, liderada por el extitular de la cartera, Alejandro Sinibaldi Aparicio (prófugo de la justicia). El objeto del delito era adulterar documentación para simular actividades comerciales que permitieron saquear las arcas del Ministerio.
Según El País, en los últimos días, la CICIG ha sacado a luz la financiación ilegal de los partidos Unión Nacional de la Esperanza (UNE, el principal partido de la oposición), y del extinguido Libertad Democrática Renovada (Lider). Este último fue clausurado por el Tribunal Supremo Electoral por, entre otras cuestiones, sobrepasar el techo de gasto y no reportarlo ante el Tribunal Supremo Electoral, según manda la ley del país.
