Zenaida Amador (ALN).- Amparado en un decreto de estado de alarma emitido el 13 de marzo, Nicolás Maduro puede restringir la libertad de tránsito, los derechos a la cultura, a la educación, al deporte y de reunión para tratar de contener la expansión del coronavirus. Sin embargo, la medida ha comenzado a tomar otros matices que, más allá del tema epidemiológico, parecen encubrir una intencionalidad política del régimen venezolano.
Incluso Nicolás Maduro ya abre la opción de que este año no haya elecciones parlamentarias, aun cuando es mandatorio que en enero de 2021 asuma un nuevo cuerpo de diputados la Asamblea Nacional para un período de cinco años. “A estas alturas no sé si habrá elecciones porque tenemos la prioridad (del COVID-19) y sería irresponsabilidad de mi parte decir que debe haber elecciones”, aseguró este fin de semana.
El comentario lo hace a 20 días de haber reconocido públicamente como presidente de la Asamblea Nacional a Luis Parra, el diputado disidente de la oposición que terminó montando tienda aparte de la mayoría parlamentaria, tomó por la fuerza el Palacio Federal Legislativo y, junto a la fracción del chavismo, dice liderar el Poder Legislativo, considerado ilegítimo por la comunidad internacional. Con esta pieza en sus filas Maduro puede ensayar una fórmula de gobierno en medio de la crisis, mientras garantiza las condiciones favorables a su plan de control de la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó.
Este señalamiento de Maduro sobre las elecciones llega mientras avanza en su estrategia para potenciar, a la sombra de la contención del coronavirus, un férreo sistema de control social. Parece entonces que Maduro está tejiendo una vez más una red para sostenerse en el poder aun en medio de la pandemia de coronavirus.
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Fidelidad ante todo
En un país cuyo sistema de salud está desmantelado el régimen de Maduro invita a los ciudadanos a que ingresen a un portal web para hacer test de descarte del coronavirus. “Estaremos utilizando la plataforma patria para control, seguimiento y prevención de la pandemia de coronavirus”, anunció Jorge Rodríguez, ministro de Información de Maduro a mediados de marzo, cuando se presentó el primer caso en el país.
Se trata del mismo portal que ha asistido a Maduro en sus planes de control social en los últimos cuatro años. En este sistema se gestiona el llamado Carnet de la Patria, mediante el cual Maduro ha intentado fidelizar a una importante porción del país que, desde antes del brote de COVID-19, depende de sus ayudas, cajas de alimentos y bonificaciones para sobrevivir. No hay que perder de vista que sin las secuelas de la pandemia ya en Venezuela cerca de 80% de los hogares estaban en situación de pobreza y la economía se había contraído de forma sostenida a lo largo de seis años.
Ahora, con el brote epidemiológico, quienes se registren pueden optar a algún tipo de atención por el COVID-19. Además, Maduro ofreció a través de este mismo sistema ayudar al pago de la nómina de pequeñas y medianas empresas golpeadas severamente por la crisis, así como darles bonos compensatorios a los trabajadores.
Para el Observatorio Venezolano de Justicia el Sistema Patria es un mecanismo discriminatorio determinado por una lógica proselitista, por lo que presume que hay una instrumentalización política de la pandemia.
Según Transparencia Venezuela, el gobierno venezolano en el tiempo ha ido implementando de forma progresiva diversos mecanismos de control social que le aseguran una suerte de “fidelidad obligada”, que rinde importantes frutos, sobre todo en aquellos casos en los que se desea mostrar cierto apoyo popular, y especialmente, ante contiendas de carácter electoral.
En esta oportunidad el control funciona con eventuales fines electorales, pero también para mantener a todo el país adormecido mientras la crisis económica y social se expande a mayor velocidad que la crisis de salud.
Sin salirse de la línea
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, resume la situación señalando que Maduro usa el COVID-19 como un pretexto para ejercer control social en la población. El país está a merced de las autoridades con los militares al frente de las acciones de vigilancia junto a los cuerpos especiales de seguridad que controla Maduro, y con todas las actividades nacionales paralizadas, salvo en sectores priorizados como alimentos, salud y servicios básicos.
La escasa gasolina se vende a través de un estricto racionamiento manejado por los militares y la movilidad ciudadana está restringida. Aun así, en medio de la pandemia se han reportado protestas por la escasez de combustible, las fallas eléctricas, la ausencia de servicio de agua potable y de gas doméstico, como revela el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Sin embargo, el cerco aplicado por las medidas de aislamiento social sofoca pronto estas manifestaciones y en algunos casos para ello se han usado acciones represivas, con gases lacrimógenos y perdigones.
El Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) enfáticamente “condena que el estado de alarma se use para perpetrar violaciones a los derechos humanos”. Señala que la represión aplicada durante el estado de alarma pone en cuarentena los derechos civiles y políticos de los venezolanos, ya que han crecido las persecuciones, los amedrentamientos y las detenciones de quienes adversan al régimen, incluso de ciudadanos que solo emiten críticas a su gestión.
Lo cierto es que el control de la expansión de la pandemia también busca silenciar cualquier expresión de malestar social de sus habitantes y más si las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), las mismas que han sido reseñadas por la ONU por ser un brazo represor y violador de derechos humanos en Venezuela, están a cargo.
Control total
El régimen sigue cerrando espacios. A propósito de la orden nacional de aislamiento social masivo, poco a poco las medidas de vigilancia se van expandiendo por el territorio en versiones diversas adoptadas por autoridades regionales, municipales e incluso comunales. Y, lejos de tender a normalizarse, parece que la situación se radicaliza.
El ensayo más llamativo recién se aplicó en una de las barriadas más populosas de Caracas. Se trata de la parroquia Sucre, donde “el Gobierno Popular”, a través de los consejos comunales de la zona, emite un cartón que sirve de salvoconducto para permitir la movilidad limitada de los habitantes, con lo que se restringe su circulación y permanencia en las calles.
El régimen sigue cerrando espacios. A propósito de la orden nacional de aislamiento social masivo, poco a poco las medidas de vigilancia se van expandiendo por el territorio en versiones diversas adoptadas por autoridades regionales, municipales e incluso comunales.
De acuerdo con la agencia Reuters, esta medida se aplicará en otras zonas populares de Caracas, como Petare. Para su respaldo existe el “Plan Especial de Control de la Movilidad”, donde se coordinan consejos comunales, cuerpos policiales y las (FAES).
Otra de estas medidas radicales se aplicó a inicios de abril en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, a propósito de algunas oleadas de venezolanos que trataban de retornar al país en medio de la pandemia, por lo que se dictó toque de queda de 4 p.m. a 10 a.m. en los municipios Simón Bolívar (San Antonio) y Pedro María Ureña (Ureña) del estado Táchira. Luego se sumó al toque de queda el Municipio García de Hevia.
Posteriormente se aplicó un estricto “aislamiento” en los municipios Libertador, Fernández Feo y Torbes, de la misma entidad, donde no se ha impuesto la restricción horaria, pero sí a la movilidad entre zonas para impedir contagios.
En Trujillo, otro estado andino, también se redoblaron las medidas de control. Específicamente en el Municipio Boconó se prohibió el libre tránsito a los menores de edad, quienes tienen restricciones para estar en sitios públicos, calles y parques. El sector comercial vinculado con alimentos puede operar de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y las farmacias de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
En el estado Lara, a más de un mes de establecida la cuarentena en el país, se dictó un decreto regional que establece horarios para estar en la calle. Quedó prohibido el tránsito de personas y vehículos a partir de las 02:00 p.m. hasta las 07:00 a.m. del día siguiente.
Se suma ahora Nueva Esparta, un estado donde en efecto se ha detectado un brote importante de COVID-19, al que le aplicaron toque de queda de 4:00 p.m. hasta las 10:00 a.m. del día siguiente.
Estas iniciativas van en expansión y cada día se emiten nuevas ordenanzas que van paralizando y seccionando el país, y a la vez van desmovilizando a su población.
