Zenaida Amador (ALN).- Sólo en la última semana han ocurrido tres incidentes de alta envergadura en Venezuela que atentan contra la operatividad de servicios fundamentales como el Metro de Caracas, el sistema de despacho de la industria petrolera y el llenado de gas doméstico en uno de los principales estados del país. Si bien son muestras claras de que la infraestructura se cae a pedazos, también son la nueva excusa de Nicolás Maduro para arremeter contra la oposición.
Las llamaradas que se generaron este sábado tras una explosión en un centro de llenado de gas de Petróleos de Venezuela despertaron la alarma de la comunidad y aunque al paso de unas horas se pudo controlar el incendio sin pérdidas humanas, se estima que consumió 80% de la infraestructura.
Este centro, ubicado en el estado Miranda, en el perímetro de Caracas, tiene capacidad de llenado de 5.000 cilindros diarios de bombonas de gas doméstico, un bien preciado en Venezuela, donde hay déficit de bombonas y fallas severas en el suministro de gas. La pérdida casi total de la instalación vaticina una agudización de la escasez del producto que afectará a más de 70.000 familias.
En el caso de las fallas eléctricas del Metro de Caracas la respuesta es la misma: sabotaje. Como parte de esta línea discursiva, la semana pasada el servicio de transporte informó que fue cortado con segueta un cable de alimentación de electricidad y eso generó fallas en parte del sistema.
El lunes pasado se reportó el incendio en la sala de máquinas del tanquero Proteo, propiedad de Petróleos de Venezuela, que estaba anclado en la Bahía de Amuay, muy cerca de la principal refinería venezolana. La embarcación ya se encontraba inoperativa cuando ocurrió el incendio, hecho que fijó los reflectores sobre el estado de la flota de cargueros de PDVSA.
“El Proteo fue devuelto a PDV Marina hace varios meses junto a una docena de tanqueros por parte de la naviera alemana Bernhard Schulte Shipmanagement, que operaba gran parte de la flota de PDVSA, en medio de reclamos por demoras en el pago de honorarios”, reseñó Reuters.
El sábado 17 de agosto se descarriló uno de los trenes del sistema Metro de Caracas con saldo de ocho personas con lesiones leves. Los usuarios tuvieron que salir del tren por sus propios medios, sin recibir asistencia formal del personal del Sistema Metro. A diario padecen que los trenes se queden varados por falta de electricidad, que las fallas paralicen las operaciones a mitad de la jornada, que el alumbrado y el aire acondicionado en las estaciones y trenes no funcionen, pero el descarrilamiento ya coloca el deterioro del Metro en un nivel superior.
Estos hechos son parte de la cotidianidad de los venezolanos, quienes ven a diario el colapso de los servicios y el desmantelamiento progresivo de la infraestructura básica del país.
Sin embargo, la postura del régimen de Nicolás Maduro ante el desmoronamiento generalizado es que los incidentes que se registran son causados por sus enemigos políticos.
De hecho, hasta la fecha no se tiene información oficial sobre los elementos que generaron los megapagones de alcance nacional que se han experimentado desde el 7 de marzo. Sólo existe la versión de los funcionarios de Maduro de que todo se debe a ataques de alta sofisticación tecnológica, cibernética y electromagnética, así como a ataques directos hechos por francotiradores a las instalaciones eléctricas y a la penetración de un virus en el sistema por acción directa de Estados Unidos.
En el caso de las fallas eléctricas del Metro de Caracas la respuesta es la misma: sabotaje. Como parte de esta línea discursiva, la semana pasada el servicio de transporte informó que fue cortado con segueta un cable de alimentación de electricidad y eso generó fallas en parte del sistema.
Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Maduro, aseguró que todo se debió a que “la derecha extremista, fascista” decidió en una reunión “atacar los servicios públicos”. Dijo que la oposición ataca “el Sistema Eléctrico Nacional para dejar a nuestro pueblo sin electricidad, sin transporte, sin agua”.
Por su parte el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, que es uno de los representantes de Maduro en la mesa de diálogo con la oposición con mediación de Noruega, señaló que la explosión en la planta de llenado de gas de este fin de semana fue provocada por el partido Primero Justicia.
“Las investigaciones conducen a que un sabotaje generó la explosión. Esto coincide con las acciones iniciadas por Primero Justicia para atacar los servicios públicos del Estado”, aseguró.
Se trata de una nueva vuelta de tuerca en los señalamientos del régimen de Maduro contra las organizaciones políticas que se le oponen y que respaldan a Juan Guaidó, quien, como presidente de la Asamblea Nacional, asumió las funciones ejecutivas de la República en enero pasado. Desde entonces a sus líderes se les acusa de “vendepatria”, traidores y conspiradores, además de señalarlos de haber preparado atentados para asesinar a Maduro.
Sobre esta base ya hay 27 diputados de la Asamblea Nacional alejados de sus funciones, dos de ellos presos, mientras que la mayoría están en el exilio y refugiados en resguardo de su seguridad.
Pero por más que el régimen de Maduro intenta endosar sus responsabilidades a otros el colapso de la infraestructura es una realidad.
Entre 1999 y 2012 Venezuela llegó a disponer de cerca de un billón de dólares en ingresos, pero eso no se tradujo en la necesaria inversión para mejorar y potenciar la industria petrolera, o para mantener y ampliar la infraestructura básica. Al contrario, la desinversión, el sobreendeudamiento y los manejos dolosos terminaron por desmantelar PDVSA que es la principal fuente de generación de ingresos de la nación y, en consecuencia, el deterioro se extendió a todas las áreas.