Zenaida Amador (ALN).- El cese de operaciones de DirecTV en Venezuela es un episodio con múltiples aristas. Si bien es verdad que implica un duro golpe para la población, abatida por la crisis económica, la inestabilidad política y la severa cuarentena impuesta a propósito del coronavirus, también es cierto que le roba una plataforma de proyección al chavismo y a su maquinaria de propaganda. Las repercusiones de este episodio apenas comienzan a dibujarse. El chavismo dejó de invertir en sus propios medios y ahora sufre las consecuencias.
Aunque capitales venezolanos sirvieron de impulso al despegue de DirecTV en los años noventa de poco sirvió esa nota nostálgica a la hora de medir los riesgos de seguir operando en el país. Luego de poner en la balanza que Nicolás Maduro es señalado por Washington, que hay canales de televisión sancionados por sus relaciones con el régimen y que violentar esas sanciones, transmitiendo la señal de esos canales, puede tener repercusiones severas para la empresa, la decisión de la estadounidense AT&T fue cerrar operaciones en Venezuela.
Se estima, en cifras generales, que el servicio de televisión de DirecTV se vendía por el equivalente a unos dos dólares mensuales, una tarifa irreal como tantas otras en el país a causa de las distorsiones económicas forzadas por dos décadas de controles y regulaciones, pero que le permitía a cerca de 2 millones de hogares venezolanos disfrutar del producto, por lo que la empresa se reservaba 45% del mercado venezolano de televisión paga.
Esta alta penetración y el posicionamiento de la marca construido a pulso por años es un factor de peso elevado a la hora de tomar una decisión de negocios en cualquier contexto, menos en Venezuela. Aquí pesan, y mucho, los manejos políticos y los riesgos legales.
El comunicado oficial de AT&T deja claro que las sanciones del gobierno de Estados Unidos a Venezuela prohíben la transmisión de los canales Globovisión, del empresario y boliburgués madurista, Raúl Gorrín, y PDVSA, la estatal Petróleos de Venezuela. Señala que, debido a que es imposible que la unidad local de AT&T pudiera cumplir con los requisitos legales de EEUU y de Venezuela, se vio en la obligación de cerrar sus operaciones de TV paga en Venezuela.
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AT&T aclaró que la decisión la tomó el equipo de liderazgo de la compañía en EEUU sin ninguna participación o conocimiento previo del equipo de DirecTV en Venezuela. De hecho, se conoció que a primeras horas de este martes al personal de la compañía en Venezuela se le notificó el cese de sus labores y les habrían sido abonadas sus liquidaciones.
La discusión inmediata que se abrió en las redes sociales fue que esta medida es una consecuencia de las sanciones internacionales, las cuales lejos de afectar al régimen de Maduro parecen estar lesionando severamente a la población. Esto llevó a Juan Guaidó a fijar posición. No hay que olvidar que desde la Asamblea Nacional y el Gobierno interino, Guaidó ha estimulado la aplicación de sanciones internacionales, algo que desde las filas del chavismo tratan de revertir en su contra argumentando que es por eso que en el país hay escasez de medicinas y de gasolina, entre otros, y ahora fallará la oferta de TV satelital.
“Miraflores (el palacio de Gobierno desde donde despacha Maduro) debe estar armando otro ejercicio de propaganda, pero el planeta entero sabe que la decisión que ha afectado a DirecTV -y a todos en Venezuela- es una consecuencia más de que una dictadura, apoyada en el narcotráfico y la violación de derechos humanos, esté usurpando el poder”, argumentó.
Piezas claves en el gobierno de Maduro
Globovisión fue durante años un canal de férrea oposición al chavismo, pero fue uno de los más de 20 medios de comunicación que cambiaron de manos en Venezuela a partir de 2013 tras una asfixia sistemática aplicada por las autoridades. Sin claridad sobre los capitales que alimentaron esas operaciones o sobre los nuevos dueños, todos estos medios cambiaron su línea editorial y aunque siguieron llamándose independientes o privados sus líneas tienden a favorecer al Gobierno.
El caso de Globovisión es llamativo porque se convirtió en la plataforma de difusión de actores políticos identificados por el régimen de Maduro como “opositores” y a los que les abrió espacios, mientras que a los líderes de los partidos tradicionales o al propio Juan Guaidó no se les daba cobertura. Sobre el canal y su propietario, Raúl Gorrín, pesan sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La licencia para sostener operaciones con estos sancionados por parte de estadounidenses venció en enero pasado.
Globovisión logra complementar la oferta informativa del régimen de Maduro y se valía de DirecTV para lograr alcance nacional.
Hay que recalcar que DirecTV tenía un alcance en Venezuela que el Estado no posee. Años de desinversión en el sector telecomunicaciones afectaron con fuerza al sector privado, pero mucho más a las propias empresas estatales que fueron quedando rezagadas e incapaces de atender lo que ofrecían.
Basta ver el caso de CANTV satelital, que supuestamente ofrece televisión a “todos los rincones del país”, apuntalándose en los satélites lanzados al espacio por el chavismo. Sin embargo, solo atiende a 10% del mercado de televisión por suscripción con una oferta pobre de canales y una señal inestable.
Los satélites en verdad han tenido una baja aplicación para estos fines con un manejo poco transparente. A mediados de marzo se supo que el VENESAT-1, que costó unos 400 millones de dólares, se salió de curso y quedó fuera de servicio cuatro años antes de lo que se esperaba. Sobre la pérdida de este satélite emblema las autoridades han preferido guardar silencio.
La llamada Televisión Digital Abierta o de señal terrestre fue otra iniciativa del chavismo para colocar una señal televisiva cónsona con sus estrategias y preparar al país para el eventual apagón analógico. Sin embargo, su penetración es relativamente baja debido a que la oferta de canales es escasa, la mayoría de propaganda, sin olvidar temas de obsolescencia de equipos, entre otros.
Queda además la llamada televisión de señal abierta, pero con una oferta de canales mínima y que no se logran sintonizar en distintas localidades debido a factores como el deterioro de equipos y antenas, así como por el robo recurrente de cables y otros componentes, con poca capacidad de reposición por parte de los canales privados y por los del Estado.
¿Qué es lo que queda?
Según el Instituto Prensa y Sociedad, con el cierre de DirecTV “se limita nuevamente el acceso a la información de todos los ciudadanos, derecho humano que, en medio de la cuarentena, cobra un sentido de primera necesidad”. Y es que en efecto la salida de DirecTV lesiona a los usuarios, pero igualmente limita a quienes se comunicaban a través de la plataforma que, principalmente, es el propio régimen, ya que la oposición suele comunicarse a través de las redes sociales y de portales informativos recurrentemente bloqueados por las autoridades, pues en los canales tradicionales no se les da cabida.
Además de la hegemonía comunicacional construida al concentrar decenas de medios de comunicación e ir censurando y cerrando a otros que se le oponían, Maduro y sus funcionarios hacen cadenas diarias de radio y televisión para difundir sus mensajes. Esa plataforma es vital para la estrategia de propaganda no solo de medios «independientes» aliados sino de los propios canales estatales.
Para corroborar esto basta ver la respuesta al caso DirecTV dada por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro y conductor de uno de los programas televisivos que semanalmente sirve de tribuna para exponer, juzgar y ordenar persecuciones contra quienes disienten del régimen venezolano. “Compatriotas ningún bloqueo podrá con la moral de un pueblo libre y soberano. ¡Ningún bloqueo nos censurará!”, aseguró mientras llamaba a los usuarios a ver su programa “Con el mazo dando” a través de un link de YouTube.
Lo que olvida el llamado “hombre fuerte” del chavismo es que la conexión de Internet en Venezuela es una de las más precarias del mundo. Registros de Speedtest a febrero de 2020 ubican la velocidad de banda ancha móvil de Venezuela en el puesto 139 a nivel mundial, por encima solo de Afganistán y Palestina. En el caso de la velocidad de banda ancha fija el país está en el puesto 175 del mundo, solo por encima de Turkmenistán.
El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos calcula que solo cerca de 40% de los hogares tiene algún tipo de conexión a Internet. El propio Estado es el principal proveedor de Internet, a través de Cantv, pero su servicio está marcado por las fallas recurrentes y la inestabilidad de la transmisión de datos.
Así que el chavismo corre el riesgo de dejar de ser televisado y tendrá que reenfocar sus esfuerzos, en un contexto de quiebra de las finanzas públicas, para buscar vías de comunicación que sostengan su ideologización y propaganda recurrente.
