Ysrrael Camero (ALN).- Con la decisión de obligar a unas elecciones con reglas impuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Nicolás Maduro, decidió abrir un nuevo frente contra las universidades venezolanas, intentando aplastar a una comunidad y a unos gremios que no han podido controlar en dos décadas de hegemonía política. Las universidades han sido el espacio desde el cual profesores, investigadores y estudiantes han resistido a la autocratización, defendiendo la autonomía y los valores democráticos. Hoy, un chavismo menguante reactiva este frente.
Aquello que no controla lo arrincona y asfixia hasta hacerlo desaparecer. Esa ha sido la política del chavismo desde 1999 contra cualquier forma de autonomía. Pero hay núcleos que se han resistido a esta política de destrucción sistemática y sometimiento, entre esos espacios destacan las universidades, con sus gremios docentes, con su labor investigadora y con sus movimientos estudiantiles.
Esta acción del TSJ obedece a un mal cálculo interno, al creer a las universidades debilitadas por el cerco presupuestario y la reducción migratoria de profesores y estudiantes. No perciben que la universidad es altamente valorada por los sectores democráticos y su intervención puede estimular mayores niveles de movilización.
Una y otra vez el chavismo se ha encontrado con un muro de contención al momento de tomar el control de las universidades. Siendo imposible ganar las elecciones internas y siendo incapaces de vencer su resistencia cuando han tratado de violentarlas, como en la toma de la Universidad Central de Venezuela (UCV) de marzo de 2001, decidió el chavismo asfixiarlas negándole los recursos y bloqueando la posibilidad de renovar sus autoridades.
Esta acción del TSJ obedece a un mal cálculo interno, al creer a las universidades debilitadas por el cerco presupuestario y la reducción migratoria de profesores y estudiantes. No perciben que la universidad es altamente valorada por los sectores democráticos y su intervención puede estimular mayores niveles de movilización. También es una maniobra distractora de Maduro en un momento de debilidad, para colocar el debate fuera de los temas que conmueven a la mayoría de los venezolanos, como lo son el incremento de los precios y la destrucción del valor de la moneda.
Jaque a las universidades
No es la primera vez que el chavismo enfila sus baterías contra el sector universitario. Modificó el funcionamiento del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) para reducir la influencia de las universidades autónomas en la definición de las políticas de educación superior, incrementando la discrecionalidad del Ejecutivo. Ha negado la creación de nuevas carreras y el acceso a recursos para investigaciones, incluso en épocas de bonanza. Ha secado el presupuesto universitario y ha disuelto el ingreso de los docentes hasta lanzarlos a la miseria.
Al mismo tiempo pretendió construir un sector paralelo, empezando por la expansión de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (Unefa), hasta la creación de las aldeas universitarias y de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). Todas han resultado en fracasos estrepitosos.
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Semilleros de democracia
Pero el problema recurrente es de alto impacto político y es que las universidades son el caldo de cultivo del liderazgo democrático. Las movilizaciones estudiantiles de 2007, que se iniciaron como reacción contra el cierre de la emisora televisiva RCTV, fueron claves para derrotar la iniciativa de Reforma Constitucional propuesta por Hugo Chávez. Pero tuvieron una repercusión mucho mayor, al colocar en la palestra pública a una nueva generación de dirigentes, provenientes de los movimientos estudiantiles universitarios, que destruían el perfil “novedoso” y “renovador” que el chavismo pretendía darle a su “proceso”.
Fueron las universidades semillero de nuevos dirigentes para las fuerzas democráticas que estaban en proceso de expansión y reorganización luego de las elecciones presidenciales de 2006. Por ejemplo, de la dirigencia estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello salieron Juan Guaidó, Freddy Guevara y David Smolanski, entre muchos otros. De los movimientos estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela emergieron dirigentes como Stalin González, Juan Requesens, Diego Scharifker y José Manuel Olivares. En Caracas salieron dirigentes también de movimientos estudiantiles de la Universidad Metropolitana, Universidad Santa María, entre muchas otras.
Este fenómeno se extendió a muchas ciudades que tenían grandes centros universitarios. En Mérida fue la Universidad de los Andes, en Maracaibo se movilizaron estudiantes de la Universidad del Zulia o de la Universidad Rafael Belloso Chacín. En Táchira fue la Universidad Católica. En Valencia la Universidad de Carabobo, en Maracay la Universidad Bicentenaria de Aragua. El núcleo de Guayana de la Universidad Católica Andrés Bello también emergió como un motor de movilización democrática. Al chavismo se le levantaron los jóvenes, y acompañándolos estaban muchos de sus profesores y autoridades.
Ha sido la universidad espacio para la reorganización y la resistencia en horas menguadas de crisis. Desde las aulas universitarias los movimientos democráticos han podido repensar la lucha, reencontrarse con los diversos sectores, reorganizar las formas de acción colectiva que le permiten a la sociedad venezolana seguir luchando por reconstruir su vía a la democracia y a la modernidad. Por eso el gobierno las cerca, las asedia, les niega los recursos que les permiten funcionar, para matarlas por mengua.
El TSJ y el zarpazo interventor
En el marco del referéndum por la enmienda constitucional de 2009 reaparecieron los movimientos estudiantiles universitarios, más organizados y más articulados políticamente. En ese año decide el chavismo apretar el cerco sobre las universidades, iniciando el bloqueo a la renovación de sus autoridades al suspender las elecciones decanales.
La amenaza es clara. Si las universidades no se ajustan a la sentencia y realizan elecciones en el plazo de seis meses, se declararán los cargos vacantes, y el gobierno nacional procederá a nombrar a las autoridades universitarias. Es una sentencia para justificar la intervención.
Las pretensiones de control de las universidades por parte del gobierno se disfrazaron de “democratización” desde el principio. La comunidad universitaria está conformada por profesores y estudiantes, y el reglamento interno le otorga un peso determinante a los docentes e investigadores en las elecciones internas. El chavismo tomó para sí la bandera de la “democracia”, pretendiendo introducir el principio de “uno a uno” que igualaba el peso del voto de cada estudiante al del profesor, y buscando incorporar en pie de igualdad a empleados administrativos y obreros. Estas pretensiones fracasaron internamente, pero fueron usadas como argumento para una política de intervención gubernamental.
La Ley de Universidades, vigente desde 1970, se encuentra en el centro del debate. Su modificación fue imposible para el chavismo en 2009, al ser bloqueada por el mismo presidente. Las elecciones internas deben realizarse cada cuatro años en el marco de la ley vigente, que remite a los reglamentos internos de las universidades.
Diez rectores universitarios, el 10 de octubre de 2009, demandaron ante el TSJ la nulidad de la Ley Orgánica de Educación, para hacer posible la renovación de autoridades de acuerdo a la Ley de Universidades de 1970. El TSJ nunca decidió. En la política de asedio contra las universidades se bloqueó la renovación de sus autoridades en 2011.
El TSJ dice responder con este dictamen, pero su respuesta escapa a lo solicitado y desnaturaliza la exigencia. Efectivamente, se exigía a la justicia que las universidades pudieran seguir renovando sus autoridades, pero en el marco de lo establecido en la ley vigente. Con esta sentencia el TSJ pretende legislar, violentando la Constitución y violando la autonomía universitaria, estableciendo un sistema electoral incoherente y lleno de vacíos, como señala Manuel Rachadell, que puede facilitar la manipulación por parte del poder.
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La amenaza es clara. Si las universidades no se ajustan a la sentencia y realizan elecciones en el plazo de seis meses, se declararán los cargos vacantes, y el gobierno nacional procederá a nombrar a las autoridades universitarias. Es una sentencia para justificar la intervención.
En medio de su debilidad el régimen de Maduro pretende dar un zarpazo en el núcleo de las universidades venezolanas que tanto se le han resistido. No mide el gobierno el gran potencial de movilización de la sociedad democrática venezolana.
